El Ministerio de Trabajo encara este miércoles las negociaciones con los agentes sociales para intentar cerrar un acuerdo en lo que a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 2025 respecta. Esta negociación, a la que Trabajo llega con ánimo de exponer “todo el esfuerzo”, se da tras el acuerdo para reducir la jornada laboral, que llegará el próximo martes al Consejo de Ministros con el visto bueno de Economía y sindicatos, y tras el pacto del Gobierno con Junts para aprobar el escudo social que la derecha tumbó la pasada semana en el Congreso de los Diputados.
El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, en una entrevista en el canal 24 Horas, de RTVE, ha afirmado que mostrará "todo el esfuerzo" para que la mesa que aborda la subida del Salario Mínimo Interprofesional para 2025 -en la que están presentes Gobierno, patronal y sindicatos- “acabe en acuerdo”.
Pese a reconocer que las mesas de diálogo social “siempre son un enigma”, Pérez Rey ha asegurado que se sentará en la mesa “con la intención de que tanto CCOO y UGT, como la patronal -representada por CEOE y Cepyme-, permitan llegar a un acuerdo sobre cuál debe ser la cuantía a subir.
"Voy a hacer todo el esfuerzo para que esa mesa acabe bien y acabe con un acuerdo entre todos los interlocutores sociales, pero también les voy a transmitir la necesidad de que aprobemos esa norma cuanto antes y esa mesa debería ser definitiva", ha subrayado el secretario de Estado.
Tres propuestas sobre la mesa
Cada rama en la negociación ha propuesto una cuantía para subir el SMI. Por un lado, la cartera liderada por Yolanda Díaz ha pedido apoyos para situar el SMI de 2025 en 1.184 mensuales en catorce pagas, 50 euros más al mes que el SMI de 2024 o, lo que es lo mismo, un 4,4% más.
Por su parte, los agentes sociales han puesto dos propuestas sobre la mesa. Mientras CCOO y UGT quieren una subida superior al 5,8%, hasta situar el SMI en 1.200 euros mensuales; la CEOE ha planteado un incremento del 3%, hasta los 1.168 euros, siguiendo la estela de lo pactado con los sindicatos en el Acuerdo de Negociación Colectiva 2023-2025.
Por eso, Pérez Rey ha asegurado que el objetivo es buscar un “equilibrio” que permita a todos alcanzar la cantidad justa, señalando a su vez que el Gobierno se siente “muy cómodo” en la franja de los 50 euros, que responde a la recomendación del comité de expertos.
La tributación, en manos de Hacienda
En otro orden de cosas, los sindicatos han señalado que quieren que el Gobierno aclare si el SMI quedará exento o no del IRPF, abordando a su vez la compensación y los pluses salariales para que no acaben siendo absorbidos para el alza del SMI. Al respecto, el Ministerio de Trabajo considera que “lo más coherente” es que la tributación de las rentas por trabajo empiece a partir del Salario Mínimo Interprofesional y, por tanto, debería estar exento de tributación, como ha ocurrido en años anteriores.
No obstante, Pérez Rey ha recordado que no es el Ministerio de Trabajo y Economía Social el que decide al respecto, sino que la última palabra la tiene la cartera de Hacienda, liderada por la socialista María Jesús Montero.
Triunfo en la reducción de jornada y medidas sociales
Estas negociaciones para abordar la subida del Salario Mínimo Interprofesional se producen en un marco positivo, después del acuerdo entre los ministerios de Economía y Trabajo para llevar al próximo Consejo de Ministros por vía de urgencia y respetando el texto surgido del Diálogo Social la reducción de la jornada laboral hasta las 37 horas y media.
Y, además, llega tras el pacto este martes de Moncloa con Junts para aprobar el escudo social que el miércoles pasado tumbó el Congreso de los Diputados por los votos de los neoconvergentes, Partido Popular y Vox. El decreto prevé una revalorización de las pensiones del 2,8%, conforme al incremento del IPC, además del incremento de las mínimas (6%) y las no contributivas y el ingreso mínimo vital (9%). Se extenderá, tal y como figura en el articulado, hasta el mes de julio las bonificaciones del 50% al transporte público, así como la gratuidad de los trenes de Cercanías, Media Distancia y Avant para usuarios frecuentes.
Prevalecen las ayudas para los afectados por la catástrofe de la DANA de Valencia, con una inyección en materia de reparación de infraestructuras o viviendas dañadas en las zonas de la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía. Asimismo, se incluirán subvenciones directas y préstamos con intereses por debajo de lo que estipula el mercado. Medidas que caducarán a finales de este curso, como la prohibición de los desahucios a familias más vulnerables y la prórroga de la prohibición de cortar suministros básicos -electricidad, agua o gas- a los hogares en riesgo de vulnerabilidad.
La nueva normativa prevé retoques en la gestión de la función pública, así como medidas para agilizar la contratación de funcionarios, implementar las evaluaciones de su desempeño o divulgar la modernización de la Administración. Bajo el paraguas social también se cobijarán modificaciones a la reguladora del trabajo entre administraciones públicas, así como otros incentivos fiscales en materia de cultura o medidas tributarias para estimular la eficiencia energética del parque de vivienda.
