Día clave para el diálogo social y el futuro de los salarios. El Gobierno ha convocado esta mañana a sindicatos y patronal a la mesa de diálogo social para estudiar la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2021. Tal y como ha reconocido el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, en una entrevista a Espejo Público esta mañana, la subida sería de apenas el 5% hasta los 1.000 euros.
El Gobierno y los agentes sociales ya aprobaron la subida del SMI hasta los 950 euros para este 2020 en el mes de febrero, antes de la irrupción de la pandemia. Desde entonces la situación económica ha empeorado en una crisis sin precedentes y, ante esto, los sindicatos ven la necesidad de adaptar el salario mínimo a la situación y no congelarlo en 2021.
Sin embargo, las posturas están muy enfrentadas y no parece que vaya a ser una negociación fácil. No solo entre sindicatos y patronal, es decir, entre UGT y CCOO y CEOE y Cepyme, sino también en el seno del propio Gobierno. Las diferencias en el ámbito económico no han cesado desde la creación del Gobierno de coalición y ahora también aparecen entre ministros del propio partido.
Entonces, ¿quién está a favor de la subida del salario mínimo en 2021 y quién no?
A favor
A favor de la medida hay una propuesta muy clara: la de los sindicatos. Tanto UGT como CCOO han pedido en los últimos días el aumento hasta aproximadamente los 1.000 euros, alegando la crisis económica derivada de la crisis del coronavirus y las medidas que el Gobierno ha aprobado para otros sectores, como puede ser la subida del sueldo del 0,9% para los funcionarios.
Pepe Álvarez, secretario general de UGT, así lo ha explicado en una entrevista esta mañana en Antena 3, visiblemente enfadado. "Estamos hartos de grandes declaraciones y poco BOE” -ha criticado el líder sindical- “Ahora no se puede parar a costa de los más débiles”.
Igualmente, Unai Sordo, secretario general de CCOO, lanzaba una advertencia al Gobierno hace unos días: "Comisiones Obreras no va a aceptar que se congele el salario mínimo interprofesional en 2021, cuando tenemos el compromiso del Gobierno de que llegue al 60% del salario medio al final de la legislatura, cuando debería situarse en torno a los 1.100 euros al mes".
Más allá de esta posición obvia, algunos ministros han mostrado públicamente su apoyo a la propuesta de los sindicatos. Es el caso de Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, que reconocía hace solo unos días: "No voy a decir cuánto (subirá) porque cuando nos sentamos a dialogar tenemos que escuchar a las partes". Así, avanzaba que está a favor de la subida en 2021.
“No sería entendido que revaloricemos las pensiones y los sueldos de los empleados públicos. Nadie comprendería que no hiciéramos lo mismo con los trabajadores que más lo necesitan, al menos para no perder poder adquisitivo. No compartimos la congelación y vamos a ver lo que dice la mesa de diálogo social", aclaraba la responsable de Trabajo.
La ministra de Trabajo, de Unidas Podemos, parece tener el visto bueno también del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Hace solo unas horas, el presidente del Gobierno se mostró a favor de la subida, justificando que es una de las acciones con las que los Estados pueden combatir la desigualdad tras el impacto de la crisis del coronavirus.
“Esta crisis ha empeorado las desigualdades en todo el mundo y hay que recuperarlas con la ayuda del Estado y con las subidas del salario mínimo” -reconoce Sánchez- “Es hora de que las normativas laborales mejoren y que se mejore también el diálogo social”.
En contra
En contra de la posición de los sindicatos se encuentra la patronal de empresarios cuyo líder, Antonio Garamendi, ha dejado claro ya en varias ocasiones que “no es el momento de hacerlo” Garamendi dice que lo importante es recuperar el empleo y que "no es el momento" de hablar de subir el SMI.
"Con la situación en la que están las empresas, especialmente las más vulnerables; después de que el año pasado no se indexaron los contratos públicos que afectan a una serie de empresas al salario mínimo y valorando con toda claridad que lo importante es el empleo, que incluso la propia Unión Europea ha planteado en un documento que habría pérdida de empleos como consecuencia de la subida, desde luego, no es el momento de habar de estos temas", aseguraba en una presentación el líder de los empresarios.
La principal adepta a esta posición se encuentra en el Ministerio de Economía, con Nadia Calviño a la cabeza. La vicepresidenta de Asuntos Económicos también ha dejado clara su intención de no subir el SMI en los últimos días. "No compartimos la congelación del SMI", avanzaba en plural hace unos días en una entrevista en televisión, provocando la respuesta de otros miembros del Gobierno como Yolanda Díaz.
Además de la ministra de Economía, también el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha alertado de que la subida fomentaría el paro de los más favorecidos y defiende así la congelación del SMI en los 950 euros actuales.
¿En duda?
Con dos posiciones enfrentadas en el Gobierno, Economía vs. Trabajo, el resto de ministros han optado por mostrar contención, al menos públicamente. En este campo se encuentra María Jesús Montero, ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, que hace unas horas confesaba que es “imprescindible” adaptar el SMI a la situación actual.
Sin embargo, no matizaba si sus declaraciones iban en la línea del apoyo o no a la subida del salario mínimo. Montero simplemente se limitó a considerar "imprescindible acompasarlo a la situación económica, acompañando a las empresas en el tránsito final, con la vacuna, ojalá dentro de poco".
En la contención también se ha situado José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, que se ha limitado a opinar que debe ser un tema estudiado en la mesa de diálogo social, con el acuerdo de sindicatos y patronal.
Con estas posiciones, parece complicado alcanzar un acuerdo rápido con respecto a la subida del SMI a partir del mes de enero. Por el momento, la primera reunión que se celebrará esta mañana se limitará a presentar las propuestas de patronal y sindicatos para intentar llegar a un acuerdo en reuniones posteriores.
