La entrada en vigor de la reforma laboral se retrasa 24 horas y no aparece este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), sino que lo hará mañana jueves. El Gobierno explica el cambio por una cuestión de tiempos. Así, el Real Decreto-ley de reforma del mercado de trabajo pasará a la práctica este jueves 30 de diciembre.
A pesar del retraso de 24 horas en la entrada en vigor de la medida, el Gobierno cumplirá con los plazos prometidos en el propio acuerdo de Gobierno -entre PSOE y Unidas Podemos- y con Bruselas, para la dotación de los fondos europeos para la recuperación. Es decir, estará en el BOE antes del 31 de diciembre, tal y como ha prometido en sucesivas ocasiones Yolanda Díaz.
No obstante, hay una expeción en el aspecto de la temporalidad. Y es que el Gobierno dará un plazo de tres meses a las empresas para adaptarse al nuevo marco de contratación. Uno de los puntos claves de la reforma laboral -pactada por el Gobierno y los agentes sociales y aprobada este mismo martes en Consejo de Ministros- es la simplificación de contratos hasta solo tres modelos: indefinido, estructural y temporal, con el primero como modelo ordinario.
Cambios en la contratación
En el caso de los contratos de obra o servicio vigentes a la fecha de publicación de la reforma laboral, es decir mañana, su duración máxima se limita a seis meses desde la publicación de la ley. De hecho, tras este periodo desaparecerán de la legislación laboral actual, tal y como ha recalcado la ministra de Trabajo tras la aprobación en la rueda de prensa del Consejo de Ministros.
Los contratos temporales quedarán para causas muy concretas y tendrán que estar siempre debidamente justificados. Para ello, el Ejecutivo ha reforzado las multas hasta ser una sanción por trabajador -y no por empresa- con una cantidad económica que va de los 8.000 a los 10.000 euros en la nueva norma.
Más allá de los cambios en la contratación, la reforma laboral incluye otros cambios clave como la vuelta a la negociación colectiva, con una ultraactividad plena de los convenios colectivos; la regulación de la subcontratación y el mantenimiento de los ERTE como medida estructural para evitar despidos.
Lo que sí aparece en el BOE: presupuestos y pensiones
La reforma laboral no aparece este miércoles publicada en el BOE, como estaba previsto, pero sí lo hacen otras de las dos medidas económicas más importantes del año. Es el caso de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022, aprobados este mismo martes en el Congreso de los Diputados tras la polémica por las lenguas cooficiales.
Los PGE entrarán en vigor el próximo 1 de enero, en apenas tres días, tras ser votados de nuevo en el Congreso de los Diputados por la introducción de una enmieda de Compromís sobre lenguas cooficiales en el Senado.
La enmienda en cuestión moviliza 1,6 millones de euros de las cuentas del Ministerio de Cultura y Deporte hacia Galicia, Asturias, Euskadi, Navarra, Aragón, Cataluña, Baleares y la Comunidad Valenciana para la promoción y difusión de las lenguas protegidas por la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias.
También aparece publicada en la mañana de hoy la primera pata de la reforma de pensiones, acordada por el Gobierno y los agentes sociales en verano y ratificada en las últimas semanas por las Cortes Generales. Esta norma entrará en vigor también dentro de unos días, el 1 de enero de 2022, y recupera el IPC como referencia para la revalorización de las pensiones.
La nueva normativa supone el final del factor de sostenibilidad de la reforma de pensiones de Mariano Rajoy, que no llegó a entrar en vigor por esta previsto para 2023. Así, las pensiones contributivas subirán un 2,5% a partir del 1 de enero, según el IPC, mientras que las pensiones mínimas y no contributivas lo harán un 3%.
Además, la ley incorpora medidas dirigidas a acercar voluntariamente la edad efectiva a la edad ordinaria de jubilación, con cuatro vías de actuación: la revisión de la jubilación anticipada tanto voluntaria como involuntaria y por razón de la actividad, la jubilación demorada, la jubilación activa y la jubilación forzosa.
