Los disturbios en las ciudades de Francia no cesan, pues ya van nueve jornadas de huelga general derivadas del rechazo social a la reforma de las pensiones impuesta por decreto y evitando el voto parlamentario gracias al artículo 49.3 de la Constitución francesa. Esta maniobra ha desembocado en una crisis política, social y de desgaste para el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, quien se encuentra en pleno pulso con la calle y rechaza retirar el decreto “por determinación” según su entorno, o por “empecinamiento” según los ciudadanos. Los sindicatos califican de histórica la revuelta, que lleva en auge desde el 31 de enero y que recuerda al caos producido por las protestas que de los chalecos amarillos en 2018 también en el territorio francés. Ahora, el 70% de los franceses se declara en estado de colera por la reforma de las pensiones, según las últimas encuestas. Desde ElPlural.com se pretende analizar cuáles son los puntos de la reforma francesa que han provocado una fractura en su sociedad.
Jubilación más tardía y de más años cotizados
El primer punto y el más conocido fuera del país es el incremento de la edad legal de jubilación, de los 62 a los 64 años, un aspecto delicado para los trabajadores. Fue en 2010 la última vez que se aumentó la edad de jubilación de los franceses, cuando el presidente conservador, Nicolas Sarkozy, aprobó que subiera de los 60 a los 62. Este es el modelo que la reforma española, aprobada recientemente, rechaza al centrarse en incrementar los costes laborales para las empresas y no para los trabajadores, teniendo como pilar estratégico generar más ingresos y alimentar la hucha de las pensiones. Un modelo que la oposición española, liderada por el popular Alberto Núñez Feijóo, critica prefiriendo la opción francesa.
Además, la reforma impuesta por Macron exige más años trabajado, en concreto son necesarios al menos 43 años cotizados para llegar a cobrar la pensión plena (que en Francia supone el 50% del salario anual de referencia, llegando entonces a los 1.400 euros netos de media, una cifra más bien baja para el coste de vida de Francia). Esta cuestión de cupo necesario de años cotizado para recibir la pensión plena está inspirada en una medida aprobada en 2014 con el gobierno socialista de François Hollande. Como con la edad de jubilación, Macron ha decidido subir la apuesta de sus antecesores pues, mientras que la anterior reforma proponía que se necesitaran 43 años cotizados en vez de 41 pero que se fuese exigiendo de manera progresiva hasta 2035, el actual presidente ha decidido acortar la aplicación hasta solo dentro de cuatro años, siendo en 2027 cuando los franceses necesitarán ya haber cotizado durante 43 años. Esta es, por lo tanto, otra medida basada en el recorte del gasto del servicio de pensiones.
Así, sistema francés se apoya principalmente en una combinación de edad de jubilación y de un número mínimo exigido de años cotizados. Con este sistema se abre la puerta a que los ciudadanos alcancen los 64 años sin haber cotizado los 43 necesarios. Esos trabajadores podrán trabajar hasta los 67, si quieren cobrar toda su pensión, pues es la otra condición cobrar la pensión plena. De esta manera, aunque la jubilación real actual sea a los 62 años, ya hay muchos franceses que deciden postergar su retiro para poder tener una pensión mejor, llegando casi a los 63 años, pero normalmente no a más de los 64.
Un rescate a costa de los trabajadores
El gran argumento del Ejecutivo de Macron para haber realizado esta reforma es la necesidad de equilibrar en 2030 las cuentas del sistema público de pensiones sin tener que disminuirlas o sin tener que aumentar las cotizaciones o los impuestos, la opción por la que ha apostado el Ejecutivo español. Cabe señalar que Francia se sitúa como el tercer país de la OCDE que más gasta en pensiones, un 14,5% de su PIB.
Sin embargo, la cuestión que ha incendiado las calles del país vecino es el razonamiento de fondo de esta reforma y es que los ciudadanos de la República estén obligados a trabajar más para impulsar la economía y que tengan que ser ellos quienes devuelvan el equilibrio de las cuentas públicas francesas para reforzar la credibilidad internacional de su país, que ha quedado diluida en los últimos años junto a la de Alemania, dejando un eje de poder París-Berlín muy desdibujado y cuya influencia ha ido absorbiendo Estados Unidos. De este escenario, destaca que la deuda francesa se ha elevado al 113% del PIB y que el déficit presupuestario fue del 5% en 2022, unas cifras de ahogamiento que no suelen caracterizar a la tradicional solidez francesa.
Según los sindicatos y oposición, así como diversos expertos economistas, La réplica de los sindicatos, la oposición y de algunos economistas es que el nivel de déficit previsto sin la reforma en 2030, de 13.500 millones de euros y de 150.000 millones de euros en 10 años, no justifica la urgencia en la aplicación de las medidas. Asimismo, inciden en que fijar la misma edad de jubilación para las carreras largas y las más cortas es injusto, pues el aumento a la jubilación a los 64 años perjudica a quienes empezaron a trabajar más jóvenes.
