El avance de la inflación, que se sitúa en un 10,2% para el mes de junio, supone un importante varapalo para el poder adquisitivo de los hogares en España. De poco han servido las medidas tomadas hasta el momento, mas dirigidas a paliar las consecuencias de la crisis de precios que a intentar moderar el crecimiento de los costes. Y el problema no se sitúa únicamente en las familias, aunque estas son las más afectadas por el alza de los precios, sino también en las empresas que dependen en gran medida de los precios energéticos. En mercados cerrados, el alza de costes puede trasladarse al precio final, pero en mercados abiertos, esto significa un lastre en la competitividad de nuestro sector exportador. La historia económica nos enseña que este tipo de crisis terminan en procesos de reajuste de capacidades, reestructuraciones y reconversiones, con importantes costes sociales y políticos.

A largo plazo, sabemos que la única manera que tenemos que responder a esta prolongada crisis de precios es incorporando reformas estructurales, bien a través de una reestructuración de los consumos energéticos de determinados sectores con medidas de eficiencia energética, bien a través de la mejora de la competencia en los mercados para evitar beneficios injustos.

Una política de lucha contra el alza de precios debería tener en cuenta ambas vertientes. De acuerdo con datos presentados esta semana por el servicio de estudios de CC.OO, el incremento y el mantenimiento los márgenes empresariales está detrás de una parte importante de la inflación que vivimos. En otras palabras, las empresas están ajustando precios de venta para evitar absorber los costes de los precios energéticos, en el mejor de los casos. En el peor, están aprovechando la percepción generalizada de subida de precios para incrementar sus márgenes.

Dos son los motivos de esta tendencia empresarial. En primer lugar, la persistencia de las expectativas de inversión hace que las empresas comprendan que no pueden mantener sus precios actuales durante mucho tiempo, de manera que, a mayor expectativa de crecimiento de los precios en el medio plazo, mayor porcentaje de empresas tenderá a incrementarlos en el corto, convirtiendo las expectativas de precios en una profecía que se autocumple.

En segundo lugar, la subida injustificada de precios y el mantenimiento de márgenes -o, incluso, su incremento- es un síntoma de poder de mercado: cuando los mercados son plenamente competitivos, las empresas no pueden decidir los precios. Es lo que en economía se denomina “competencia perfecta”, que pocas veces se da en la realidad. De manera que cuando se tiene poder de mercado, aun siendo este pequeño, las probabilidades de incrementar los precios son mayores, a sabiendas de que una demanda parcialmente cautiva no tendrá más remedio que comprar o no consumir. El resultado es un traslado de bienestar de los consumidores a las empresas, y no necesariamente a los trabajadores de dichas empresas. A mayor poder de mercado, más posibilidades para incrementar márgenes.

Las políticas económicas que pueden hacer frente a estos dos factores son varias. En primer lugar, se puede establecer un control de precios sobre algunos productos, algo que sería notablemente impopular y en muchos casos difícil de establecer. Una alternativa “sintética” de este control de precios es establecer un impuesto extraordinario sobre beneficios extraordinarios debidos a la inflación, desincentivando el crecimiento de precios. Ambas medidas son muy difíciles de establecer y dudosamente compatibles con las numerosas provisiones de competencia de la Unión Europea, por lo que parece poco probable que se utilicen.

En segundo lugar, y aunque tampoco tendrá efectos sensibles a muy corto plazo, es profundizar en las políticas de competencia para evitar posiciones de poder de mercado. Es una política que lleva a retirar barreras de entrada en algunos sectores, aligerando la carga para la creación de nuevas empresas, reduciendo las licencias o permisos y mejorando la participación de más actores en un determinado sector. A mayor número de vendedores, más difícil será ejercer posiciones de poder de mercado. Adicionalmente, la lucha contra las políticas colusivas, la vigilancia de los monopolios y los comportamientos oligopólicos, y la protección del consumidor, suponen una vía que puede traer buenos resultados. En definitiva, a mayor competencia, menor posibilidad de trasladar márgenes a precios.

En tercer lugar, y complementando las dos anteriores, la posibilidad de forzar un pacto de rentas, de manera que la distribución entre el excedente bruto empresarial y los salarios mantenga el equilibrio a medio plazo. Durante el último año, con una subida del 10,2% de los precios y una subida salarial promedio de 2,42%, los salarios han perdido un poder adquisitivo equivalente al de los ajustes provocados durante la crisis de 2008 a 2014. Establecer una senda de recuperación de poder adquisitivo que sea capaz de no acelerar la inflación es urgente, de manera que este agudo episodio de subida de precios no se consolide en una nueva posición estructural que termine siendo pagada por los salarios más bajos.