Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), correspondientes al último trimestre de 2018, muestran un aumento del empleo de 36.600 personas respecto al trimestre anterior y de 566.200 personas en el año (+2,98%). La cifra total de desempleados se sitúa en 3.304.300 personas (con una tasa de paro del 14,45%, una décima por debajo de la del trimestre previo). Estamos ante la mayor bajada del paro en 12 años pero, sin embargo, estos buenos datos ocultan unos niveles de precariedad, desigualdad y riesgo de exclusión propios de la crisis económica. 10 años después parece que la recuperación aún no ha llegado a los trabajadores, advierten los sindicatos. 

La crisis no ha acabado para los trabajadores

Para la Unión General del Trabajadores (UGT), estos datos corroboran que la recuperación económica en España sigue dependiendo del aumento de la ocupación en los trimestres de mayor estacionalidad. Además, según expresa la organización en un comunicado, las cifras de cierre del año 2018 no pueden hacer olvidar algunas cuestiones: Se trata de un empleo con altas dosis de precariedad. La tasa de temporalidad se alza hasta el 26,9% y se consolida el trabajo a tiempo parcial involuntario (52,7%). Esta situación afecta más a las mujeres que a los hombres: su tasa de temporalidad se encuentra en el 27,6%, superior a la masculina, y la de parcialidad en el 24,2% (frente al 6,9% de los hombres).

Asimismo, prosigue UGT, se sigue observando precariedad en el desempleo, con una persistencia del paro de muy larga duración (1 de cada 3 desempleados lleva más de dos años buscando empleo), una tasa de cobertura insuficiente (58% en 2018) y unas políticas de empleo hasta ahora ineficaces a la hora de mejorar la empleabilidad de las personas. Con los datos en la mano, el sindicato denuncia que la crisis y las reformas laborales han dejado como herencia una precarización del mercado laboral y de los derechos de los trabajadores, produciendo altas dosis de desigualdad, hasta situar a la cuarta parte de la población española en riesgo de pobreza o exclusión social. El sindicato considera "imprescindible otra política centrada en las personas". Y exhortan al Gobierno a implementar un plan de choque por el empleo que "reduzca el desempleo, proteja a las personas vulnerables, que cree empleo de calidad y con derechos y que aumente los salarios de la población, con el fin de lograr una recuperación digna para el conjunto de la sociedad".

El sector público, motor del empleo

La secretaria de Empleo, Cualificación Profesional y Migraciones de Comisiones Obreras (CCOO), Lola Santillana ha advertido que la EPA confirma que más de la mitad de las personas desempleadas son parados de larga duración y que la tasa de jóvenes en desempleo es del 34%, por lo que ha exigido que “las prácticas no laborales deben tener un contrato”. Además, ha señalado que la Mesa de Diálogo Social debe abordar las propuestas de CCOO para que la pobreza y el desempleo dejen de tener cara femenina ya que actualmente el crecimiento en el empleo se produce fundamentalmente en los hombres.

Por último, Lola Santillana ha denunciado que la ocupación está aumentando gracias al empleo público “a este país le falta un compromiso serio de los empresarios por la inversión y la creación de empleo”, ha concluido.

El sector público también sufre de precariedad

Precisamente desde el sector público, el sindicato de funcionarios Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) valora de manera positiva las cifras de paro y creación de empleo conocidas este martes, pero  también avisa de que los datos ponen en evidencia la precariedad de los nuevos contratos, también en las administraciones públicas.

"Pese al crecimiento generado en el empleo en este ámbito (136.300 ocupados más en el último año), la inmensa mayoría de estas nuevas ocupaciones (75%) son de carácter temporal", subraya CSIF, que apunta que las administraciones públicas "han batido su récord de precariedad", con 843.300 contratos temporales, un 26,2% del total de los empleos públicos, "la mayor cifra de la serie histórica". Por otra parte, afirma que las administraciones públicas arrastran todavía un déficit de 95.600 empleos desde el tercer trimestre de 2011, cuando se tocó techo en la ocupación y comenzaron los recortes en este ámbito. Además, apunta que, según la EPA, la Seguridad Social y las empresas públicas se descuelgan de la creación de empleo y pierden 11.200 y 9.200 empleos, respectivamente.

Por este motivo, CSIF emplaza al Gobierno a continuar las negociaciones para analizar estos datos de precariedad, las necesidades de las plantillas y establecer una nueva agenda para mejorar las condiciones laborales y en materia de retribuciones.