Este miércoles, este periódico daba la exclusiva de que la mujer del juez Juan Carlos Peinado, quien está al frente de la investigación de Begoña Gómez, se encuentra trabajando en el Ayuntamiento de Madrid bajo la batuta de José Luis Martínez-Almeida. Según ha podido corroborar ElPlural.com a través de Transparencia, la esposa del juez, en adelante M.L.T, tiene un puesto de relevancia dentro del organigrama municipal, concretamente, como Jefa de Servicio en el Área de Economía (Servicio Económico de Empresas Públicas, en el área de Gobierno de Economía, Innovación y Hacienda).
En esta línea, de esta información se desprende también que la persona que ostenta este cargo accedió al Ayuntamiento mediante oposición, por lo que es personal funcionario del Ayuntamiento, ahora con un destacado cargo en el mismo. Asimismo, se ha podido conocer también que M.L.T y el magistrado tienen dos hijos en común, siendo una de ellas Patricia Peinado, quien actualmente opera en la Zona Sur de Pozuelo de Alarcón (PP) a pesar de no tener experiencia alguna en política hasta sus comienzos en la localidad madrileña.
Sin prórroga de la investigación por un error de plazos
Tras esta información, es necesario recordar que el Ayuntamiento de Almeida ha resultado beneficiado por parte del magistrado en dos ocasiones. La más reciente de ellas corresponde a un error en los plazos por parte del magistrado. Hace poco se conocía a través de una información adelantada por El País que el juez había favorecido por error a un alto cargo del Ejecutivo de Almeida, concretamente, al gerente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), Alfonso Sánchez Vicente. Al hilo de ello, el juez acordó una prórroga a la investigación contra esta persona por el presunto sobreprecio de contratos con OkDiario, denunciado originalmente por Podemos, pero la Audiencia Provincial de Madrid la dejó sin efecto porque el plazo para conceder la prórroga había expirado hacía más de dos meses, y aunque Más Madrid y Podemos presentaron la solicitud en enero, el magistrado no la aceptó hasta abril.
El origen de la investigación se remonta a 2022 cuando la EMT adjudicó a dedo un contrato al periódico que dirige Eduardo Inda. El objeto del contrato era organizar charlas de movilidad sostenible por un valor de 72.600 euros y, aunque en su momento el proyecto recibió la denuncia de Podemos que observó un sobreprecio al compararlo con otro contrato de condiciones semejantes y que el equipo municipal había concedido por un precio cuatro veces menor hacía tan solo un mes, las charlas salieron adelante con la participación del propio alcalde, el delegado de Medio Ambiente, Borja Carabante; el director del citado medio; y Alfonso Sánchez Vicente, ahora imputado. Además, en estas conversaciones Inda se refirió en los siguientes términos a otros representantes que completaban tablero político: “Comparar el PP con otras formaciones es abrumador, y ya no digamos con Podemos, que basta con ser un poco sucio, no tener carrera, e ir al Congreso con camiseta y ya puedes llegar a ser vicepresidente del Gobierno o ministra de Igualdad o de Asuntos Sociales”.
Con todo ello, y ante la inexistencia de esa prórroga en la investigación, las acusaciones no han podido finalmente solicitar ciertas pruebas, como la solicitud de oficio de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, la solicitud de oficio a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) o la solicitud de oficio a la AIREF, que plantearon desde Más Madrid. A razón de ello, desde la formación de Rita Maestre en el Ayuntamiento señalaron de “negligencia” la actuación del magistrado y presentaron una queja formal ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que expediente a Peinado y lo sancione por seis meses.
"Lo anteriormente relatado ha supuesto una dejación de los deberes del instructor, el cual tiene la obligación de velar por la correcta tramitación de la causa, lo que incluye la solicitud y/o concesión de prórrogas cuando sean necesarias para garantizar la investigación completa", señalaba el escrito presentado por la formación progresista. Además, el fallo provoca que todas las negligencias que resulten posteriores al 27 de enero sean inválidas a excepción de aquellas que hubieran sido aceptadas por el juez previamente a la fecha indicada y se practiquen con posteridad.
Peinado anuló una citación de Almeida por riesgo de “estigmatización”
Sin embargo, no ha sido esta la única ocasión en la que el ejercicio del juez Peinado ha resultado favorable para el consistorio. Hace cinco años, en mayo de 2020, el magistrado abrió diligencias por una denuncia contra el alcalde de Madrid en el que se le acusaba a él y a uno de sus concejales de prevaricación por cerrar los parques de la ciudad durante los primeros meses de la pandemia. Sin embargo, aunque los dos fueron llamados a declarar el sábado 23 de ese mes, un día antes de la cita judicial Peinado dio marcha atrás apelando el daño que podría hacerle a la imagen del alcalde.
En su auto, el juez rechazó buena parte de las alegaciones de la defensa de Almeida, que pasaban por archivar el caso, y defendió que el caso "requiere de una mínima investigación". "Una exposición, que parece ser obtenida de cualquier manual de Derecho Penal Básico, dirigido a estudiantes de los primeros cursos de Derecho", escribió entonces sobre los argumentos del abogado del alcalde en unas palabras muy reveladoras contra el texto de la defensa.
Con todo, Peinado archivó el caso varios días después, pero ese mismo viernes, un día antes de la cita del regidor con el juzgado, sí decidió anular la convocatoria para escuchar de nuevo al denunciante. La defensa de Almeida alegaba que con la petición de declaración para el edil se estaba sometiendo a este a la “pena de banquillo” y el juez les dio la razón. Consideró que se podía estar ante una causa abierta solo con el objetivo de verle entrar y salir del juzgado. Así, el juez reconoció que podía suponer un “inconveniente” que, en casos de personajes o cargos públicos, una citación del juzgado “puede comportar una estigmatización adicional”, así como que los medios de comunicación publiquen “su imagen o saliendo de la sede judicial” puede llevar “per se a una desconsideración de su imagen”. Para Peinado, esta intención de perjudicar la imagen del querellado podría ser la intención “perseguida por los denunciantes o querellantes”, en ocasiones “como primero y a veces fundamental de los objetivos”.
De hecho, el magistrado argumentó al final que este hecho debía llevar a los jueces a tener especial cuidado a la hora de poner fecha a las declaraciones de los investigados. "Debe ser objeto de cuidado por el órgano judicial y tener presente ese aspecto antes de citar caprichosamente a cualquier ciudadano", sostuvo entonces para afirmar que la citación de Almeida "carece de sentido".
