La pareja del juez Juan Carlos Peinado, magistrado que investiga a la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, se encuentra trabajando en el Ayuntamiento de Madrid, liderado por José Luis Martínez-Almeida. Cabe recordar que hace poco salió a la luz que el consistorio de Cibeles fue favorecido por un error de plazos que tuvo como protagonista, precisamente, a Peinado.
Tal y como ha podido comprobar ElPlural.com a través de Transparencia, la esposa del juez, en adelante M.L.T para preservar su identidad, tiene un puesto de relevancia dentro del organigrama municipal, concretamente, como Jefa de Servicio en el Área de Economía (Servicio Económico de Empreas Públicas, en el área de Gobierno de Economía, Innovación y Hacienda.
Según ha tenido constancia este periódico, la persona que centra estas líneas accedió al consistorio mediante oposición, por lo que es personal funcionario del Ayuntamiento desde hace años, pero ahora ocupa un lugar destacado en el mismo.
En un aspecto más personal, hay que destacar que M.L.T y el magistrado que investiga a la esposa del responsable del Ejecutivo y secretario general del PSOE tienen dos hijos en común, siendo una de ellas Patricia Peinado, quien actualmente opera en la Zona Sur de Pozuelo de Alarcón (PP) a pesar de no tener experiencia alguna en política hasta sus comienzos en la localidad madrileña.
Asimismo, ElPlural.com ha podido comprobar que la pareja del magistrado es copropietaria de varios inmuebles.
Este periódico se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento para conocer su versión de esta contratación. "No tenemos nada que comentar", han sostenido.
Almeida e Inda salen limpios de un caso gracias al juez
La semana pasada salía a la luz que Juan Carlos Peinado había favorecido a un alto cargo del equipo de Almeida, presumiblemente por error y una cuestión de plazos. Sin embargo, este presunto fallo de cálculo permitió que una situación que salpica al regidor de Cibeles y al director de Okdiario, Eduardo Inda, quede en nada por el momento.
El escenario obedece a un caso relacionado con la adjudicación a dedo de un contrato público de 72.600 euros desde la Empresa Municipal de Transportes (EMT) a la editora del medio indicado por la celebración de unas jornadas en diciembre de 2022, coincidiendo con la campaña municipal.
De manera más detallada, el magistrado acordó el pasado 2 de abril una prórroga contra el gerente de la compañía, Alfonso Sánchez Vicente, por los hechos; pero la Audiencia Provincial de Madrid la dejó sin efecto porque el plazo para hacerlo había expirado hacía más de dos meses, según adelantó el diario El País.
Desde Más Madrid anunciaron que iban a recurrir lo ocurrido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por lo que consideraron una actuación “negligente”. El partido de Rita Maestre destacó, además de los precios claramente inflados -había tenido lugar un contrato muy semejante apenas un mes antes con otra empresa por un valor claramente menor- que en aquellas jornadas Inda se dedicó a “alabar” a Almeida y hablar de manera obscena contra la propia Maestre u otros partidos de izquierdas como Podemos. De hecho, la formación morada fue la primera en denunciar las ponencias al observar un sobreprecio.
Fueron charlas de una duración de tres horas y media, precio que a cualquiera le parecería incompatible con el dinero apercibido por ellas -cerca de los 73.000 euros-. En las mismas, participaron el propio edil primero, el delegado de Medio Ambiente, Borja Carabante, el director del medio mencionado y Sánchez Vicente.
En aquellas Inda se refirió en los siguientes términos a otros representantes que completaban tablero político: “Comparar el PP con otras formaciones es abrumador, y ya no digamos con Podemos, que basta con ser un poco sucio, no tener carrera, e ir al Congreso con camiseta y ya puedes llegar a ser vicepresidente del Gobierno o ministra de Igualdad o de Asuntos Sociales”.
El Ayuntamiento y el digital se sirvieron del error de Peinado, ya que ambos recurrieron ante la Audiencia Provincial de Madrid. Fue esta instancia superior la que dictó el auto en contra de lo estimado por el magistrado el viernes 20 de junio y las partes lo recibieron la semana pasada.
El fallo provoca que todas las negligencias que resulten posteriores al 27 de enero sean inválidas a excepción de aquellas que hubieran sido aceptadas por el juez previamente a la fecha indicada y se practiquen con posteridad.
Al mismo tiempo, Más Madrid había pedido informes a la unidad de delincuencia de la Policía, la UDEF, u otros documentos de órganos igualmente trascendentes, como la AIReF; agencia que analiza las cuentas públicas. El partido progresista no podrá presentar ninguna de ellas.
