El polémico juez Juan Carlos Peinado tiene en su historial un catálogo de investigaciones y decisiones polémicas que va más allá del caso de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Además de la investigación puesta en marcha contra la esposa de Pedro Sánchez, nacida de una denuncia del pseudosindicato Manos Limpias y fundamentada en recortes de prensa, el magistrado tiene en su haber otros casos polémicos, de los que pueden destacarse dos: el beneficio, aunque presumiblemente involuntario, a un alto cargo del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida y a Eduardo Inda al haber dejado caducar una instrucción e impedir la petición de pruebas por parte de las acusaciones populares, y la investigación, por cuenta propia y sin avisar a la Fiscalía, de la muerte como suicidio inducido de un trabajador de Interior.
En cuanto a los beneficios indirectos de los que han gozado el alcalde de Madrid y el empresario conservador por el proceder judicial del juez, El País adelantó esta semana que el magistrado favoreció, presumiblemente por error, a un alto cargo del gobierno de José Luis Martínez-Almeida en el Ayuntamiento capitalino, concretamente, al gerente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), Alfonso Sánchez Vicente. El juez acordó una prórroga a la investigación contra esta persona por el presunto sobreprecio de contratos con el digital OkDiario, denunciado originalmente por Podemos, pero la Audiencia Provincial de Madrid la dejó sin efecto porque el plazo para dar esta prórroga había expirado hacía más de dos meses: Más Madrid y Podemos presentaron la solicitud en enero, pero el magistrado no la aceptó hasta abril. Esta situación impide que se alargue la instrucción al estar a destiempo, y con ello, que las acusaciones puedan solicitar cierta documentación útil y pruebas para continuar esclareciendo detalles sobre este caso.
La investigación surge de un contrato de diciembre de 2022 adjudicado a dedo por la EMT al periódico que dirige Eduardo Inda. El objeto del contrato consistía en la organización de charlas de movilidad sostenible, por un valor de 72.600 euros. Aquellas ponencias ya fueron denunciadas por aquel entonces por Podemos, ya que el partido morado observó un sobreprecio al compararlo con otro contrato de condiciones semejantes y que el equipo municipal había concedido por un precio cuatro veces menor hacía tan solo un mes. Las charlas tuvieron una duración de tres horas y media, un tiempo que se antoja escaso para el precio que se pagó por ellas. En las mismas, participaron como ponentes el propio alcalde, además del delegado de Medio Ambiente, Borja Carabante; el director del citado medio y Alfonso Sánchez Vicente, ahora imputado.
Puenteando a la Fiscalía en la investigación de un suicidio
Por otro lado, el juez que instruye el caso contra la esposa del presidente del Gobierno también abrió una investigación por el fallecimiento de un trabajador del departamento de comunicación del Ministerio del Interior, que tuvo lugar el pasado mes de noviembre de 2024. El hombre se precipitó desde gran altura a un patio interior en la sede de la cartera que dirige Fernando Grande-Marlaska. El magistrado asumió la causa al encontrarse de guardia cuando aterrizó en los juzgados el atestado de la Guardia Civil.
Al juzgado de Instrucción número 41 de Madrid llegó el informe de la Guardia Civil sobre una muerte por suicidio en las dependencias del Ministerio del Interior. Juan Carlos Peinado era el juez de guardia y asumió la investigación de las circunstancias que rodearon al fallecimiento de un empleado del departamento de Grande-Marlaska, según la Cadena SER. El instructor ya citó a declarar a algunos trabajadores ministeriales, que aseguran que se encuentran a plena disposición del juzgado. En noviembre de 2024, esta persona se precipitó desde un punto elevado del mismo edificio del Ministerio, sito en el Paseo de la Castellana de Madrid. Se trataba de un trabajador veterano del departamento de comunicación y muy conocido entre los periodistas que siguen la actualidad de la cartera que dirige Fernando Grande-Marlaska desde el año 2018. La cuestión de fondo pivota sobre el proceder del instructor.
Y es que Peinado investiga si en ese contexto laboral, la persona fue relegada, degradada o vaciada de contenido en sus cometidos. Situaciones que pudieron haber generado un estado depresivo que, a la postre, pudiera conducirle a tomar la decisión de acabar con su vida. Durante estos últimos meses, el magistrado ha ordenado diligencias para acreditar si el suicidio estuvo inducido, además de tomar declaración a diversos compañeros del fallecido y el análisis de los dispositivos con los que trabajaba.
El juez instructor abrió diligencias de investigación penal por tal suceso, pero sin notificar el procedimiento a la Fiscalía, quien ni siquiera ha recibido la comunicación de la incoación de la causa, según expuso el citado medio de comunicación. Aun con todo, la investigación siguió hacia adelante porque la hermana del fallecido dio el visto bueno a las pesquisas, que ya cuentan con la testifical de cuatro de sus compañeros ministeriales a los que ha interrogado sobre posibles presiones que pudo recibir el hombre, entre otras cuestiones, como el análisis de los dispositivos informáticos que manejaba el finado.
