El juez Juan Carlos Peinado, que investiga el caso Begoña Gómez, ha ordenado el registro de las llamadas entrantes y salientes del número de teléfono oficial asignado a María Cristina Álvarez Rodríguez, pese a haber declarado nula la declaración testifical en la que se vinculaba dicho número con su actividad en el caso que investiga.
En la providencia, firmada el 1 de julio de 2025, el juez Peinado solicita a la operadora telefónica información detallada sobre las comunicaciones realizadas con ese número desde el 16 de julio de 2018, fecha en la que la asistente fue nombrada en su cargo, hasta la actualidad.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil será la encargada de analizar las llamadas para determinar si hay vínculos con empresas, fundaciones o universidades relacionadas con los másteres o cátedras en los que participó Begoña Gómez, también investigada en la causa.
No obstante, tan solo un día después, el propio magistrado dictó una nueva providencia, en cumplimiento de una resolución de la Audiencia Provincial de Madrid, por la que declaraba nula la declaración prestada por Álvarez Rodríguez en calidad de testigo. Se trata de la misma declaración de la que se habría obtenido la información que dio pie a esta diligencia sobre las llamadas.
Este episodio se suma a las ya varias decisiones judiciales de Peinado que han sido cuestionadas por su inconsistencia. A lo largo de la instrucción, el juez Peinado ha dictado resoluciones que han sido posteriormente corregidas o anuladas por instancias superiores, como la Audiencia Provincial, lo que ha provocado críticas sobre su forma de proceder y ha alimentado las dudas sobre la solidez jurídica del caso. La contradicción de basar una nueva prueba en un testimonio declarado inválido refuerza la percepción de desorden e inseguridad jurídica en una investigación ya de por sí cargada de implicaciones políticas con el fin de continuar acorralando a Begoña Gómez con el objetivo de seguir presionando al propio presidente del Gobierno.
