El polémico juez Juan Carlos Peinado, constantemente en la primera línea mediática por la investigación contra Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, tiene ahora un nuevo frente abierto en la ciudad de Madrid. Tal y como adelantó El País esta semana, el magistrado favoreció, presumiblemente por error, a un alto cargo del gobierno de José Luis Martínez-Almeida en el Ayuntamiento capitalino, concretamente, al gerente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), Alfonso Sánchez Vicente. El juez acordó una prórroga a la investigación contra esta persona por el presunto sobreprecio de contratos con el digital OkDiario, denunciado originalmente por Podemos, pero la Audiencia Provincial de Madrid la dejó sin efecto porque el plazo para dar esta prórroga había expirado hacía más de dos meses: Más Madrid y Podemos presentaron la solicitud en enero, pero el magistrado no la aceptó hasta abril. Esta situación impide que se alargue la instrucción al estar a destiempo, y con ello, que las acusaciones puedan solicitar cierta documentación útil y pruebas para continuar esclareciendo detalles sobre este caso.
La investigación surge de un contrato de diciembre de 2022 adjudicado a dedo por la EMT al periódico que dirige Eduardo Inda. El objeto del contrato consistía en la organización de charlas de movilidad sostenible, por un valor de 72.600 euros. Aquellas ponencias ya fueron denunciadas por aquel entonces por Podemos, ya que el partido morado observó un sobreprecio al compararlo con otro contrato de condiciones semejantes y que el equipo municipal había concedido por un precio cuatro veces menor hacía tan solo un mes. Las charlas tuvieron una duración de tres horas y media, un tiempo que se antoja escaso para el precio que se pagó por ellas. En las mismas, participaron como ponentes el propio alcalde, además del delegado de Medio Ambiente, Borja Carabante; el director del citado medio y Alfonso Sánchez Vicente, ahora imputado.
Sin poder practicar pruebas
La larga demora del magistrado para solicitar la prórroga de la instrucción ha dejado a las acusaciones sin posibilidad de solicitar ciertas pruebas. En concreto, por parte de Más Madrid, la formación progresista había solicitado, ya sin efecto, lo siguiente:
- Solicitud de oficio a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado para informe o dictamen sobre la naturaleza del contrato y conclusión sobre si la utilización de la figura del patrocinio reduce el control jurídico sobre la Administración y facilita eludir el cumplimiento de reglas básicas de contratación.
- Solicitud de oficio a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), a fin de que procede al análisis comparativo de los contratos suscritos por la EMT con “DOS MIL PALABRAS S.L” y con la “Asociación Madrid Open City” para que, en relación al objeto de ambos contratos, determine el posible “sobreprecio” injustificado en el suscrito por “DOS MIL PALABRAS S.L”
- Solicitud de oficio a la AIREF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) para que informe sobre el cumplimiento por parte de EMT del principio de estabilidad presupuestaria previsto en el artículo 135 de la Constitución Española.
- Todo ello, sumado a las posibles solicitudes de declaraciones resultantes de los previos testimonios de los testigos que han comparecido en la instrucción.
La formación liderada por Rita Maestre en el Consistorio municipal no tiene ninguna duda de que se ha cometido una "negligencia" por parte del magistrado. Por el momento se desconoce si el juez va o no a procesar o archivar a esta persona del Gobierno de Cibeles, pero el fallo de Peinado tiene consecuencias para la investigación al no poderse practicar pruebas que habían solicitado las acusaciones populares.
Petición de sanción a Peinado al CGPJ
Por su parte, Más Madrid también anunció esta semana que presentará una queja formal ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que expediente a Peinado y lo sancione por seis meses tras su actuación en esta causa.
"El juez Peinado deja morir la instrucción de un caso de presunta prevaricación que salpica al alcalde Almeida y a Eduardo Inda", manifestó Rita Maestre a través de sus redes sociales. Para Maestre, la actuación del magistrado no puede pasar desapercibida ni quedar impune. "Hoy presentamos una queja ante el Consejo General del Poder Judicial para que abra un expediente por esta actuación negligente", añadió.
"Lo anteriormente relatado ha supuesto una dejación de los deberes del instructor, el cual tiene la obligación de velar por la correcta tramitación de la causa, lo que incluye la solicitud y/o concesión de prórrogas cuando sean necesarias para garantizar la investigación completa", expone el escrito presentado por la formación progresista, que prosigue haciendo mención a las citadas diligencias habituales que no podrán realizarse para aclarar lo sucedido.
