La semana pasada se convalidó el Real Decreto Ley 36/2020, del 30 de diciembre, sobre la agilización de los mecanismos de ejecución y la gobernanza del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y del resto de Fondos Europeos a los que España tendrá acceso en los próximos años. Se trata de un instrumento legal dirigido a concretar en nuestro país cómo se van a ejecutar dichos fondos, abriendo de esta manera la puerta a la puesta en marcha de lo que efectivamente es importante, que es su implementación.

Como sabemos, el Plan de Recuperación y Resiliencia se compone de dos partes fundamentales: los proyectos, cuyo marco político se presentó tempranamente -quizá prematuramente- en octubre de 2020 y el plan de reformas, que está discutiendo en estos momentos en diferentes frentes, tanto en el marco del diálogo social como en una negociación abierta con Bruselas, y de las que apenas sabemos nada hasta el momento, salvo que entre las mismas irían una reforma del mercado laboral y una reforma del sistema de pensiones.

Un tercer instrumento, que ha pasado de soslayo en el debate público, es la distribución de los fondos del primer año (2021), ya integrados en los Presupuestos Generales del Estado. A partir de los mismos, ya sabemos que el principal instrumento de ejecución de los fondos serán las transferencias corrientes y las transferencias de capital, tanto a comunidades autónomas como a ayuntamientos, familias y sector privado, bajo la vía de subvenciones en el último caso, y que las partidas destinadas a contratos de obra, servicio o concesión son muy limitadas, al menos en el ámbito de la Administración General del Estado. También sabemos que la distribución de las partidas afecta prácticamente a todos lo ministerios y que hay partidas con grandes cuantías (1550 millones de euros para rehabilitación urbana) y una infinidad de partidas pequeñas cuya justificación en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia hubiera merecido una mayor reflexión (por ejemplo, partidas de un millón de euros o incluso menos para múltiples servicios y departamentos ministeriales).

Sabemos que ahora los ministerios están aterrizando las grandes palabras del documento del plan y de los diferentes discursos en una planificación de inversiones que debe ser entregada en marzo, y que se integrarán en el plan que se presentará a Bruselas. También sabemos que pese a que algunas comunidades autónomas han desarrollado planes muy bien elaborados sobre inversiones públicas propias -como Euskadi y su EuskadiNext, o Navarra y su plan de Recuperación-, las comunidades autónomas no tendrán un limitado margen de actuación, en la medida en que la base de la planificación es sectorial -por ministerios- y no territorial -por comunidades autónomas-, al contrario de lo desarrollado con los fondos FEDER y Fondo Social Europeo. De esta manera, lo que no está definido en el plan ministerial y no esté efectivamente “pintado” en las líneas presupuestarias de los PGE en sus diferentes departamentos, no tendrá cabida. España no se ha reservado un fondo genérico para proyectos “innovadores o integrales, que afecten a varios ministerios, de manera que los proyectos deberán ajustarse a las prioridades y características que aparezcan en las planificaciones de cada departamento.

Por último, sabemos que los PERTE serán siempre a propuesta de los ministerios, que tienen un amplio margen de definición, estando únicamente reglamentados los principios básicos. La idea de “montar PERTEs” al margen de la administración pública tienen el recorrido que tiene la presentación de manifestaciones de interés, pero en modo alguno garantiza ni su financiación ni su aceptación, pues será cada ministerio quien decida qué PERTE van a presentarse a aprobación en el Consejo de Ministros.  

En definitiva, ha llegado el momento de la verdad de la ejecución. Ni los discursos grandilocuentes, ni las listas interminables de proyectos “transformadores” presentados por innumerables actores, tienen ya mucho sentido. Lo mucho o poco que se haya podido aprovechar de la montaña de documentos de trabajo de académicos y think tanks sobre los Fondos Europeos está ya asimilado. Como diría el castizo, aquí todo el “pescao” está casi vendido. El momento de altas expectativas quedó atrás y ahora llega la hora de la implementación, de asegurar las condiciones de elegibilidad de los gastos, los procedimientos de financiación, ejecución, evaluación y auditoría. De dedicar horas delante de los documentos contables y los pliegos de contratación y las bases de subvenciones, tareas que, para ser adecuadamente desarrolladas, requerirán de un ejército de funcionarios públicos.

En esta nueva fase tendremos que gestionar las expectativas de lo que podemos lograr. Los fondos europeos se planifican, no se “captan” o “pescan”, pese a lo que mucho captador o pescador ha pretendido hacernos creer. Muchos proyectos en los que mucha gente ha puesto expectativas y esfuerzo no lograrán financiación por no ser elegibles o por encontrarse, en la competencia, con proyectos más potentes o mejor ajustados, y muchas grandes ideas transformadoras se quedarán a las puertas de la administración sencillamente porque los ministerios no han previsto una línea de financiación con las que apoyarlas, o porque no son elegibles en el marco de la iniciativa europea. ¿Significa esto que no servirán para nada? En absoluto: la oportunidad de transformación sigue abierta, pero conviene ser realistas. Los fondos europeos nunca han sido un maná para completar la próxima cuenta de resultado o para rellenar agujeros de la administración Tampoco transformarán, por si mismos, nuestro país en una nueva arcadia. No están pensados para ello, e intentar desvirtuar su naturaleza sólo nos traerá frustración y desencanto.