El Parlamento Europeo ha aprobado este miércoles las reglas del fondo de recuperación para los Estados miembros tras el impacto económico del coronavirus. El pleno ha aprobado las condiciones y el procedimiento para acceder a los 672.500 millones de euros que se distribuirá a los países de la Unión Europea entre transferencias y préstamos.

El reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (RFF) ha sido aprobado con 582 votos a favor, 40 en contra y 69 abstenciones. El próximo paso es ser aprobado formalmente por el Consejo de la Unión Europea y publicado posteriormente en el Diario Oficial de la Unión Europea, previsiblemente a mediados de febrero.

A partir de aquí, cada gobierno podrá enviar a la Comisión Europea sus planes, con las reformas e inversiones que financiarán estas ayudas europeas. En el caso de España, corresponden unos 70.000 millones en transferencias no reembolsables y una parte de créditos de hasta el 6,8% del PIB de 2019.

Bruselas lleva trabajando varios meses con las capitales para diseñar estas estrategias pero aseguran que queda mucho por hacer. El vicepresidente económico del Ejecutivo comunitario, Valdis Dombrovskis, ha explicado este martes que todavía queda "mucho trabajo por delante". El responsable informó de que incluso los 18 países que tiene unos borradores "más avanzados" tienen que seguir trabajando en los detalles. 

Los planes deben contener un "equilibrio adecuado" entre reformas e inversiones, tal y como señaló Dombrovskis ante los eurodiputados. En concreto, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia financiará medidas puestas en marcha desde febrero de 2020 y hasta agosto de 2026. El 70% de los fondos serán desembolsados entre este año y 2021.

Seis pilares clave

El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia se centrará en seis pilares clave, entre los que se encuentran las transiciones ecológica y digital. En cifras, las estrategias nacionales tendrán que reservar un 37% y un 20% de las ayudas a estos dos objetivos. Además, deberán impulsar el crecimiento económico, apoyar la cohesión social y territorial o mejorar el funcionamiento institucional.

Bruselas dispone ahora de un plazo de dos meses para evaluar los planes remitidos por cada gobierno de los Estados miembros. Así, tendrá que valorar si las estrategias se acercan a estos seis objetivos, si recogen el equilibrio exigido entre inversiones y reformas o si contribuye a impulsar las transiciones ecológica y digital.

Otra de las condiciones es que los planes nacionales aborden "todas o un conjunto significativo" de las recomendaciones económicas que la Comisión Europea ha hecho en sus evaluaciones macroeconómicas anuales. En este aspecto, España debe acotemer reformas para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones o realizar cambios en la legislación laboral, lo que facilitará la contratación indefinida. 

Otras de las recomendaciones que las autoridades europeas han dirigido a España pasan por mejorar el apoyo a las familias, adoptar inversiones para fomentar la innovación, la eficiencia energética, mejorar las infraestructuras ferroviarias para el transporte de mercancías, aumentar el apoyo a la I+D y avanzar en la ley de unidad de mercado.

Además de la aprobación del Ejecutivo comunitario, también el resto de socios de la Unión Europea tendrán que aprobar cada plan nacional, pudiendo determinar algunos cambios para conseguir este visto bueno. En el momento de contar con el ok del resto de socios, España podría recibir alrededor de 10.000 millones inicial. 

Control de Bruselas: dos veces al año

A partir de aquí, los Estados miembros irán recibiendo las ayudas comprometidas según se completen una serie de hitos y objetivos, previamente establecidos en los planes de recuperación. Bruselas evaluará las solicitudes dos veces al año y finalmente los fondos serán desbloqueados si la Comisión Europea comprueba que se han logrado las metas establecidas. 

Por el contrario, si el Ejecutivo comunitario concluye que el país no ha logrado superar los hitos y objetivos establecidos "satisfactoriamente", puede suspender todo o parte del desebombolso.

El reglamento también prevé que se puedan congelar las ayudas del fondo si un país incumple sus objetivos de reducción de déficit y deuda públicas. Sin embargo, esto solo podrá suceder cuando las reglas fiscales europeas, suspendidas por la pandemia, vuelvan a aplicarse.