Todavía no ha llegado un euro de los fondos europeos de recuperación y Gobierno y oposición se tiran a la cabeza todo lo que tienen a mano, las cúpulas de las constructoras, eléctricas y operadoras de telecomunicaciones afilan sus cuchillos para llevarse la mayor tajada de la tarta a repartir y las autonomías no se quedan atrás a la hora de pedir dinero a cuenta. 

Como siempre, el ciudadano asiste perplejo y abatido por la pandemia al espectáculo que le sirve a diario la clase dirigente y los medios de comunicación, con gran despliegue de cifras y gráficos sobre el desplome de nuestro PIB y las fechas en que empezaremos a levantar cabeza individual y colectivamente.

Por lo que se atisba en los mentideros empresariales, en los despachos de los lobbies y en los pasillos del Parlamento, el reparto de los fondos europeos va a ser una merienda en la que las grandes empresas van a ser las mayores beneficiarias de unos dineros que se van destinar a enormes proyectos de infraestructuras para la transición energética: más parques eólicos, macrocentrales solares y comienzo de la eólica marina en el litoral.

La transición digital será el otro gran pastel de la merienda que se repartirán las operadoras de telecomunicaciones para la implantación de las redes 5G. Pero, en los pueblos y en los barrios seguirán los cortes del suministro eléctrico y la falta de una cobertura adecuada de telefonía móvil y datos de las redes 4G. 

Con una de las tarifas eléctricas más caras de Europa y en pleno debate sobre cómo abaratar el recibo de la luz, nos encontramos que los cortes de suministro afectan ya a barrios de clase media como el Tardón en Sevilla y no solo a las bolsas de pobreza severa como la Cañada Real, Almanjáyar o el Polígono Sur, donde las eléctricas argumentan que los enganches ilegales y el sobreconsumo de los cultivos ilegales de marihuana son las causas de los cortes.

El problema de los apagones en barrios y pueblos se debe a la falta de renovación de las infraestructuras: subestaciones y transformadores, tendidos, etcétera por parte de las grandes operadoras como Endesa e Iberdrola, a las que el Gobierno no es capaz de hacer cumplir sus compromisos de inversión.

En el contexto descrito sorprende que no haya una promoción pública contundente por parte de ayuntamientos, comunidades autónomas y Gobierno del Estado del autoconsumo eléctrico y de la instalación de paneles solares y pequeños aerogeneradores en los tejados de las casas de los pueblos y en los bloques de viviendas de los barrios. Esta apuesta por la escala micro es la única que puede generar empleo estable de proximidad y un remedio eficaz en muchos casos de pobreza energética.

La coalición gubernamental debe recordar que la derogación del impuesto al sol de Rajoy fue solo un paso y que ahora toca hacer realidad la transición energética verde de una manera justa, equitativa y para toda la población.