El Consejo de Ministros ordinario ha aprobado este martes dos Reales Decretos con el objetivo de reducir la brecha salarial de género en las empresas españolas. Así, el Gobierno obliga a las empresas, mediante ambas leyes, a que adapten su registro salarial y realicen una auditoría retributiva en un plazo de seis meses.

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, han sido las encargadas de anunciar las nuevas leyes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ya que ambos proyectos de ley han sido elaborados de forma conjunta.

Tal y como han explicado, la primera ley “regula la transparencia salarial, garantizando el derecho a la información retributiva". Es decir, obliga a las empresas a retribuir de igual forma a hombres y mujeres por trabajos del mismo valor según el Estatuto de los Trabajadores.

"Avanzamos y dotamos al entramado jurídico de una norma para la corrección de estas medidas en las empresas. Se erradica una aberración democrática que vulnera derechos fundamentales de la mitad de la población. Se acabó que un hombre y una mujer puedan percibir remuneraciones diferentes", ha anunciado la ministra de Trabajo.

La segunda ley se centra en los planes de igualdad y en su elaboración dentro de las empresas. Así, exige que estos planes sean negociados con los agentes sociales y explica cómo hacer el diagnóstico y poner en marcha las herramientas necesarias para alcanzar la situación de igualdad, para lo que tienen un plazo de tres meses.

"La igualdad es un derecho, pero es también una cuestión de eficacia y eficiencia económica", ha explicado la ministra de Igualdad, Irene Montero, que recalca que este avance “no basta” para terminar con la brecha retributiva en el panorama empresarial nacional.

El Gobierno espera recaudar 800 millones de euros al año por la ley contra el fraude fiscal

Por otro lado, el Consejo de Ministros también ha aprobado el anteproyecto de ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, con la que esperan recaudar hasta 800 millones de euros anuales, tal y como ha estimado la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero en la rueda de prensa posterior.

La medida incluye la prohibición de amnistías fiscales, la limitación a 1.000 euros de los pagos en efectivo en determinadas actividades económicas entre profesionales y empresas, desde los 2.500 euros actuales, o el mayor control sobre el uso de nuevas tecnologías, como pueden ser las criptomonedas o el software de doble uso. Además, se reduce de 15.000 a 10.000 euros el límite para particulares con domicilio fiscal en el exterior.

La ministra ha destacado que la lucha contra el fraude fiscal es una prioridad justificando que "no hay justicia social ni tributaria si algunos pretenden eludir sus compromisos y obligaciones que tienen el resto". Montero ha asegurado que esta actividad genera “competitividad desleal” y el deterioro de la recaudación para blindar los servicios públicos.

Además, insta a implementar la “tolerancia cero” contra cualquier práctica fraudulenta, especialmente en momentos de crisis, y reconoce que las prácticas irregulares suponen un “agravio” para los contribuyentes, además de para el Estado del bienestar, según la ministra de Hacienda.

Montero ha avanzado un proceso de especialización en la Agencia Tributaria para reforzar las herramientas que previenen y combaten la evasión fiscal y así terminar con las fórmulas de fraude “más avanzadas y completas”.