La Tesorería General de la Seguridad Social está ultimando la adjudicación de un servicio de consultoría estratégica a la multinacional Accenture. El objetivo de esta adjudicación es desarrollar “trabajos de mantenimiento y desarrollo de la lucha contra el fraude en el ámbito de la Seguridad Social”, tal y como adelantaba este lunes El Confidencial, tras acceder a la documentación oficial del Ministerio.

El objetivo "incluye el establecimiento de sistemas, basados en el análisis de los datos, que permitan el diseño y la implantación de nuevos controles destinados tanto a la comprobación de la veracidad y calidad de la información que afecta a la correcta ejecución de las obligaciones en materia de afiliación, cotización y recaudación, como a la detección del incumplimiento de las obligaciones establecidas en tales materias, incumplimiento que puede generar una reducción de ingresos en el sistema de la Seguridad Social, y por tanto un fraude a la Seguridad Social", según explica el Ministerio de Seguridad Social.

Es decir, la Tesorería General de la Seguridad Social pretende lograr identificar, definir y describir nuevos focos y patrones de fraude. En concreto, el Ejecutivo quiere priorizar en "la identificación de encuadramientos indebidos por la inclusión de trabajadores con una relación laboral por cuenta ajena en el Régimen Especial por Cuenta Ajena (RETA), con la finalidad de reducir el importe a pagar a la Seguridad Social”, es decir, los falsos autónomos.

Por otro lado, el departamento de José Luis Escrivá también justifica que "el desarrollo de nuevas tecnologías digitales, así como el uso generalizado de internet determina la aparición de diferentes tipos de relaciones laborales, mercantiles, servicios, etc. Detrás del ámbito de esta economía digital, podrían ampararse situaciones de fraude a la Seguridad Social, para lo cual es necesario desarrollar procesos y dotarse de herramientas para la detección de nuevos focos de fraude a la Seguridad Social".

Pero no solo eso, sino que hace referencia a otros fraudes como el “fraude organizado, con el objetivo de promover expedientes de derivación de responsabilidad, la interposición de acciones judiciales por el Servicio Jurídico de la SS por delito a la propia institución". En esta línea, también prevén detectar la morosidad y la identificación de empresas ficticias.

Para acabar con estos tipos de fraude, el Gobierno ha fichado a Accenture por su experiencia en las nuevas tecnologías. En concreto, demanda un gerente y un coordinador técnico, un consultor responsable de negocio y un analista de datos, según El Confidencial, para un contrato que duraría al menos dos años, con un sueldo de más de dos millones de euros.