Contra la desinformación y el negacionismo: el Congreso debate la educación sexual de Infantil a Bachillerato

La educación sexual vuelve esta semana al centro del debate político. El Pleno del Congreso discutirá una proposición no de ley impulsada por Podemos que plantea implantar de forma efectiva y obligatoria la educación sexual en todas las etapas del sistema educativo, desde Infantil hasta Bachillerato y Formación Profesional. La iniciativa se produce en un contexto marcado por la disparidad territorial, la falta de formación específica del profesorado y la creciente confrontación ideológica en torno a los contenidos que deben abordarse en las aulas.

La propuesta reclama la elaboración de un plan estatal coordinado con las comunidades autónomas para garantizar la implantación real de una educación sexual integral. Aunque la legislación educativa contempla referencias a la igualdad y a la educación afectivo-sexual, en la práctica su aplicación depende de la voluntad de cada centro, del desarrollo curricular autonómico y de la disponibilidad de recursos.

En muchos casos, la educación sexual se limita a sesiones puntuales impartidas por profesionales externos o a contenidos vinculados exclusivamente a la prevención de enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados. Especialistas en pedagogía y salud pública llevan años señalando que este enfoque resulta insuficiente y que no aborda aspectos clave como el consentimiento, la diversidad afectivo-sexual, la construcción de relaciones igualitarias o la prevención de violencias machistas.

Obligatoria y transversal

La iniciativa de la formación morada plantea que la educación sexual sea obligatoria, transversal y adaptada a cada etapa evolutiva. El texto defiende un enfoque basado en derechos, con perspectiva de género y atención a la diversidad, e incluye la colaboración de expertas en salud sexual, pedagogía feminista y derechos LGTBIQA+. La intención es evitar que estos contenidos queden relegados a actividades extracurriculares o dependan exclusivamente de la sensibilidad individual del profesorado.

Uno de los puntos centrales de la propuesta es la formación específica y permanente de los docentes. En la actualidad, la preparación en salud sexual y reproductiva no forma parte estructural de la mayoría de grados de Magisterio ni de los másteres de profesorado. Esto genera, según diversos informes educativos, inseguridad a la hora de abordar determinados temas y provoca que muchos centros opten por no profundizar en ellos.

Combatir el negacionismo

El texto registrado en el Congreso también pone el foco en la desigualdad territorial. La descentralización competencial en materia educativa ha dado lugar a desarrollos dispares. Mientras algunas comunidades han incorporado programas estables, otras han reducido o eliminado contenidos bajo el argumento de respetar la libertad de las familias. Este escenario ha alimentado un debate público en el que la educación sexual se ha convertido en objeto de confrontación política.

Podemos incluye en su proposición la necesidad de combatir el negacionismo y los discursos de odio que cuestionan la presencia de estos contenidos en las aulas. La formación defiende que la educación sexual debe considerarse una política pública de Estado y un derecho del alumnado, no una cuestión opcional sujeta a vetos ideológicos.

Asimismo, plantea establecer mecanismos de evaluación y seguimiento que permitan medir el grado de cumplimiento en cada territorio, identificar carencias y corregir desigualdades. La ausencia de indicadores comunes dificulta actualmente conocer con precisión qué contenidos se imparten, con qué profundidad y con qué resultados.