La semana termina en el Congreso de los Diputados este jueves con lo que se prevé que será una victoria del Gobierno y su paquete de medidas contra los efectos de la guerra en Oriente Próximo. La crisis en Moncloa entre PSOE y Sumar se resolvió el pasado viernes con dos reales decretos: uno con las rebajas fiscales y el control a los márgenes empresariales, y otro con la congelación de los alquileres, que salió del bloqueo de Yolanda Díaz y sus ministros al Consejo extraordinario.
A la espera de qué va a pasar con este último, el primer decreto aterriza este jueves en la Cámara Baja, donde las matemáticas, por una vez, le van a dar un respiro al Ejecutivo. Junts ya ha confirmado que va a votar 'sí'. Contentos con las rebajas de impuestos que van en el decreto, los de Puigdemont han intercambiado su apoyo por que el Gobierno de luz verde a otra de las mociones que se vota este jueves, que insta a eliminar el IVA a los pequeños autónomos. Su portavoz, Miriam Nogueras, ha terminado de despejar la incógnita este miércoles, confirmando en los pasillos del Congreso que las negociaciones con Moncloa les han salido bien.
De esta forma, el camino para que sigan vigentes las 80 medidas y los 5.000 millones de euros que ya se están movilizando para paliar los efectos de la guerra en Irán está despejado. El 'sí' de Junts garantiza que el decreto pasará el filtro parlamentario, con independencia de qué vote el PP, al que Sánchez exige que revele lo que va a hacer, y de la abstención de Podemos, que critica las rebajas fiscales del Gobierno.
El trueque de Junts y Moncloa
Siguiendo el órden del día de este jueves en el Congreso, se encuentra el punto de acuerdo entre Junts y el Gobierno. La Cámara Baja ýa debatió este martes otras mociones, entre las que se encuentra una proposición no de ley (PNL) de los de Puigdemont en la que exigen "medidas fiscales urgentes para hacer frente a la fatiga tributaria que padecen la clase media, trabajadores, autónomos y pequeños empresarios". Entre los puntos de este texto, al que Moncloa ha prometido su apoyo, está el de transponer una directiva europea sobre la tributación de los autónomos.
En concreto, si el Gobierno aplica lo que presentó Junts el 6 de marzo y -previsiblemente- va a tomar en consideración el Congreso este jueves, se va a eliminar el IVA para los autónomos que facturen menos de 85.000 euros al año, y se va a fijar un tipo reducido del 5% al gas natural y la electricidad para "consumidores domésticos y pequeñas empresas". Cabe destacar que las PNL no son vinculantes, es decir, que el Ejecutivo no está obligado a aplicarlas. Son simplemente un mecanismo de propuesta bajo la fórmula de "El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a", aunque tal y como está la aritmética parlamentaria, Junts puede presionar para conseguir lo que quiere.
El Pleno del Congreso vota también este jueves otras mociones que se debatieron el martes, como una del Grupo Socialista para modificar el Código Penal y endurecer las multas por velocidad, que llega tras aprobarse como iniciativa con la abstención del PP y los votos en contra de Vox y UPN. EL Grupo Popular lleva también una modificación de la Ley de Seguros Agrarios Combinados para "establecer seguros sobre los ingresos y las rentas, y reforzar la sostenibilidad de las producciones agrarias".
Sumar anima a los inquilinos a aprovechar la prórroga de los alquileres
Con el primero de los dos decretos que salieron del Consejo de Ministros del viernes asegurado, el Gobierno tiene por delante ahora negociar el futuro de las medidas de vivienda que van en el segundo. La vicepresidenta y líder de Sumar, Yolanda Díaz, aseguró que se va a estirar al máximo -30 días desde su publicación en el BOE- que llegue al Congreso, porque PP, Vox y Junts siguen manteniendo que medidas como la congelación de los alquileres fomentan la okupación.
Aún así, la vicepresidenta es optimista estos días, pero sobre todo se centra en recordar a todos los inquilinos que, hasta que el decreto decaiga en el Congreso, se pueden beneficiar de sus efectos. El portavoz de ERC en la Cámara Baja, Gabriel Rufián, también ha insistido en ello en su turno de la comparecencia de Pedro Sánchez de este miércoles. El catalán ha instado a los que viven de alquiler, y cuyo contrato termine contrato entre ahora y diciembre de 2027, que envíen un burofax a sus inquilinos para informarles que se acogen a la prórroga, antes de que "el decreto caiga por culpa de la derecha catalana".
El Real Decreto-ley 8/2026 de medidas en el alquiler en respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Irán está vigente desde el pasado 21 de marzo. La Constitución obliga a su convalidación en un plazo de 30 días hábiles, lo que se lleva el plazo máximo hasta el 6 de mayo. Los efectos jurídicos del decreto son plenamente eficaces y los derechos y obligaciones generados durante su vigencia se mantendrán. Es decir, "si el decreto decae y pierde vigencia, la prórroga no podrá aplicarse para nuevos casos, pero las solicitudes presentadas durante su vigencia tendrán validez", explican desde el Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES).
Los arrendatarios que solicitasen la prórroga antes del 6 de mayo estarían cubiertos, lo que obliga a actuar con rapidez y en primera persona, dado que no se requiere comunicación del arrendador. El Real Decreto tan solo exige que el contrato finalice antes del 31 de diciembre de 2027 y que el alquilado solicite formalmente la prórroga, preferiblemente a través de un escrito con comprobante a la parte arrendadora, independientemente de que el casero no haya trasladado la intención de no renovar el contrato.
