La pandemia de COVID-19 provocó el mayor colapso mundial en décadas. En lo referido al daño humano que causó, fue un episodio que será recordado durante mucho tiempo. En lo referido al ámbito económico, la incidencia de este virus propició serias dificultades en numerosos sectores que llevaron al límite a multitud de empresas. Precisamente, uno de los sectores que más notó la incidencia de la COVID-19 fue el del tráfico aéreo, viendo en esos días a muchas compañías rozar la quiebra.

Con los aviones en tierra y las fronteras cerradas, muchas aerolíneas europeas vieron peligrar seriamente su estabilidad en cuestión de semanas, llegando a temer la bancarrota. Ante esta situación, España, uno de los países más dependientes del turismo y del tráfico aéreo internacional, activó entonces un amplio programa de ayudas públicas para evitar el hundimiento de este sector, el cual cuenta con especial incidencia en la economía del país.

A través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la SEPI, el Gobierno aprobó rescates millonarios que permitieron evitar la caída de varias compañías aéreas consideradas estratégicas para la economía nacional y garantizar su sostenimiento hasta que pasara lo más duro de la pandemia. Entre ellas figuraban Air Europa, Volotea, Air Nostrum y Plus Ultra.

Aquella actuación, entre otras que se dieron para minimizar daños en otros ámbitos, permitieron mantener vivas a estas compañías. Sin embargo, con el paso de los años, algunos de esos rescates han provocado distintos debates, hallando controversias políticas e, incluso, adquiriendo protagonismo en el ámbito judicial. Especialmente en torno a Plus Ultra y Air Europa.

Más de 800 millones de euros en ayudas públicas

Las ayudas públicas directas a aerolíneas comerciales españolas implicaron que el Gobierno de España dedicaran partidas económicas que superaron, en conjunto, los 839 millones de euros. Entre los préstamos que se hicieron a estas empresas, el mayor rescate fue el que se llevó a cabo con Air Europa, que recibió un montante de 475 millones de euros en noviembre de 2020. La compañía perteneciente al grupo Globalia era considerada estratégica por su peso en las conexiones internacionales, especialmente con Latinoamérica, y por el volumen de empleo, ya que contaba con más de 4.000 puestos de trabajo. Además, también se ejecutaba esta ayuda para evitar una pérdida de competencia estratégica en el mercado europeo.

Como se mencionaba previamente, no fue solo Air Europa la única empresa que requirió de ayuda económica por parte del Gobierno de España durante la pandemia. Entre ellas también estaba Volotea, que obtuvo una ayuda de 200 millones de euros en 2022 para garantizar su liquidez tras el desplome del tráfico aéreo provocado por la pandemia. En aquel momento se consideró necesario actuar para mantener viva a esta compañía, ya que operaba vuelos directos entre ciudades medianas que ninguna otra compañía ofrecía.

Por otro lado, Air Nostrum, especializada en vuelos regionales y franquiciada de Iberia para rutas de corta distancia, recibió 111 millones de euros mediante un préstamo participativo, y cerrando la lista se encontraba, por último, Plus Ultra, a la que se concedieron hasta 53 millones de euros. Aunque la cifra era mucho menor que la de otras compañías, la SEPI argumentó que su desaparición habría perjudicado la competencia en el turismo de larga distancia y las conexiones de la comunidad migrante. Este rescate ha terminado por convertirse en estos últimos días en el más controvertido políticamente.

Qué aerolíneas han devuelto el dinero

El Gobierno de España prestó su ayuda para evitar la quiebra de estas empresas. Si bien, las partidas económicas concedidas debían de ser devueltas por parte de las compañías a las arcas públicas. En este sentido, una vez recibido el dinero que permitió sostener a estas compañías mientras los efectos de la pandemia seguían notándose, la evolución posterior de cada rescate ha sido muy diferente.

Air Europa es la única gran aerolínea rescatada que ha devuelto íntegramente el dinero recibido. La compañía amortizó los 475 millones de euros antes del plazo previsto, devolviendo además los intereses correspondientes. Por su parte, Air Nostrum ha comenzado la devolución, aunque todavía mantiene una parte importante pendiente. La empresa ha reintegrado alrededor de 20 millones de euros y renegoció con la SEPI un calendario de pagos más amplio.

Volotea, por su parte, aún no ha devuelto el principal de la ayuda pública. La aerolínea alcanzó acuerdos para extender los plazos de amortización hasta 2028. Ahora bien, la situación más delicada es la de Plus Ultra. La compañía no ha devuelto todavía el capital del rescate y ha tenido dificultades para afrontar algunos vencimientos. Aunque sí ha abonado intereses, la empresa negocia actualmente nuevos planes de viabilidad con la SEPI para evitar problemas financieros mayores.

Plus Ultra: uno de los rescates más polémicos

La aerolínea copa numerosos titulares esta semana por la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero en el causa judicial que lleva el nombre de esta compañía. Aunque la controversia ha saltado al ámbito político por la posición que ocupó el que en su día llegó a ser presidente del Gobierno, desde el primer momento, distintos partidos políticos, medios de comunicación y expertos cuestionaron las ayudas económicas que se concedía, ya que se ponía en duda que pudiera considerarse una empresa realmente “estratégica” para España. Sus detractores señalaban que la aerolínea tenía una cuota de mercado reducida, pocos aviones y una presencia limitada en comparación con otros operadores del sector.

No solo eso, sino que también se hacía especial énfasis en enfatizar que Plus Ultra ya acumulaba pérdidas antes de la pandemia, lo que alimentó las dudas sobre si cumplía los requisitos exigidos para acceder al fondo de rescate. Conforme avanzaba el calendario, la polémica creció aún más por la presencia de accionistas vinculados a empresarios venezolanos y por las sospechas de posibles conexiones con el régimen de Nicolás. Con el tiempo, y antes de que se involucrara a Zapatero en la trama, el caso terminó llegando a los tribunales.

La Audiencia Nacional abrió investigaciones sobre la concesión de las ayudas y analizó posibles delitos relacionados con tráfico de influencias, falsedad documental y blanqueo de capitales. En resumen, existen serias dudas de si la empresa merecía realmente ser rescatada, si pudo haber influencias políticas, y si parte del dinero podría haberse utilizado irregularmente.

La vinculación de Zapatero con Plus Ultra

Esta semana, toda la polémica relacionada con Plus Ultra se multiplicaba exponencialmente. Las pesquisas judiciales y diversas informaciones periodísticas comenzaron a analizar si Zapatero pudo haber intervenido de alguna manera para favorecer el rescate de la compañía o facilitar contactos políticos relacionados con la operación.

Ante los indicios hallados por el juez Calama, la Audiencia Nacional decidió llamarlo a declarar en calidad de investigado dentro de este caso. Zapatero, respondiendo públicamente a la llamada de le Justicia, aseguró públicamente que nunca realizó gestiones ante ninguna administración para favorecer a la aerolínea.

Air Europa, el rescate bajo sospecha política y la controversia en torno a Begoña Gómez

El rescate de Air Europa, aprobado en noviembre de 2020 por un importe de 475 millones de euros a través de la SEPI, se convirtió en uno de los más sensibles políticamente de los aprobados durante la pandemia. La compañía, integrada en el grupo Globalia, fue considerada estratégica por su peso en el transporte aéreo internacional y su papel en la conectividad con Latinoamérica. Sin embargo, desde el inicio de las investigaciones judiciales abiertas a raíz de distintas denuncias, el caso derivó hacia una fuerte controversia política centrada en la posible existencia de influencias en la concesión del préstamo.

El juez instructor del conocido como 'Caso Begoña Gómez', Juan Carlos Peinado, intentó en varias ocasiones incluir el rescate de Air Europa dentro de su investigación. El magistrado llegó a solicitar documentación a la SEPI y a interesarse por informes de la Guardia Civil sobre la operación, apoyándose en informaciones periodísticas y en referencias indirectas surgidas de otras causas, como el llamado 'Caso Koldo'. En algunos de sus autos, incluso aludió a la posibilidad de que existieran contactos previos entre directivos de Globalia y el entorno de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, para tratar de desbloquear la situación financiera de la aerolínea.

No obstante, esta línea de investigación ha sido corregida de forma reiterada por instancias superiores. La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado en varias ocasiones excluir el rescate de Air Europa del procedimiento, al considerar que no existían indicios suficientes que justificaran su inclusión en la causa. Los magistrados han llegado a reprochar al instructor que actuara sobre la base de “meras sospechas” o informaciones no contrastadas, recordándole los límites del objeto procesal. En varias resoluciones se le ha instado incluso a archivar o separar esa línea de investigación.

En este contexto, el papel de Begoña Gómez ha sido uno de los puntos más controvertidos del caso, aunque no existe ninguna imputación firme ni resolución judicial que la vincule directamente con la concesión del rescate, el magistrado ha alimentado de manera constante la polémica política al seguir insistiendo con esta causa a pesar de las múltiples correcciones que le han hecho.

Sin embargo, tanto la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como la propia Audiencia Provincial han señalado en distintos momentos que no existen elementos objetivos que acrediten una intervención de Begoña Gómez en la concesión de la ayuda pública a Air Europa. En consecuencia, las actuaciones del juez Peinado en esta materia han sido en buena parte limitadas o anuladas por los tribunales superiores, que han recordado la necesidad de ceñirse a indicios sólidos y no a hipótesis o inferencias indirectas.

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