Las aseguradoras (ASISA, ADELAS y DKV) han rechazado la mayor subida de la historia en las primas del concierto de Muface, un 17% en dos años. Las compañías trasladan que es insuficiente y exigen un ascenso del 40%, pese a que sobre ellas pesan acusaciones que apuntan a que priorizan el ahorro derivando a los pacientes cuya atención es más cara a la sanidad pública. Asimismo, desde CCOO apuntan a que los servicios brindados por las empresas asistenciales no cumplen con los parámetros de calidad establecidos.
El Gobierno va a ahondar en la relación de coste y atención que reciben los mutualistas. El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, abrirá este miércoles un periodo de consultas preliminares de mercado; es decir, las aseguradoras deberán facilitar el montante por el que estarían dispuestas a atender al más de millón de funcionarios y beneficiarios que en estos momentos están bajo el paraguas de Muface. Este sería uno de los primeros pasos desde el Ejecutivo para caminar hacia una nueva licitación.
Estamos ante la “necesidad de un estudio exhaustivo de los costes sanitarios que supone la atención a las personas mutualistas, para evitar a futuro el chantaje que están realizando las aseguradoras”, trasladaba CCOO semanas atrás. La coalición mueve pieza ahora y, después de realizar sus cálculos y trasladar la subida que consideraban justa a las asegurados, piden a estar que remitan sus cuentas para justificar el rechazo de la oferta y, a su vez, la subida del 40% que exigen para volver a presentarse al concierto.
De estas cifras que puedan facilitar las compañías, de estar fundadas, emanará una nueva propuesta desde Muface. Si el Gobierno cederá o no a la presión de la sanidad privada es una cuestión que todavía no tiene respuesta, pero parece claro que si quieren mantener un modelo privado para los trabajadores públicos deberán desembolsar una subida aún mayor a las empresas, que incluso llegaron a rechazar el 25% intermedio propuesto desde los órganos de dirección de Muface. Dentro del Ejecutivo, la parte minoritaria no está por la labor.
La selección de riesgos de las aseguradoras empuja a los mutualistas a la sanidad pública
“Por primera vez en muchos años, la posibilidad de incorporar a la población mutualista a la asistencia sanitaria pública sea una opción tanto viable como razonable”, defienden desde el Ministerio de Sanidad, encabezado por Mónica García. Desde la cartera sanitaria lo tienen claro y no parecen por la labor de retirar presupuesto de unas partidas para destinarlo a incrementar los beneficios de las aseguradoras. En sentido contrario, prefieren optar por repartir del dinero del concierto entre las comunidades autónomas (CCAA) y que estas asuman la llegada de los mutualistas.
El modelo privado resulta insostenible para Sanidad, que plantea prorrogar el concierto durante los nueve primeros meses del próximo año e ir incorporando progresivamente a los mutualistas al sistema público. De esta manera, además, se acabaría con “la selección de riesgos por parte de las aseguradoras que empuja a los mutualistas a trasladarse a proveedores públicos de atención sanitaria”, denunciada por el Ministerio. En consecuencia, la eliminación del concierto es “una decisión que habrá que tomar antes o después” y el órdago de las aseguradoras “presenta la posibilidad de que sea viable y razonable” hacerlo.
Así lo recoge un informe de 17 páginas emitido por el departamento liderado por García, que apuesta por la derivación progresiva a la pública, aumentando recursos y pactando mínimos de espera y servicios. El Gobierno de una de los territorios con más mutualistas de Muface, la Comunidad de Madrid, ya ha rechazo la opción al entender que supone "un aumento de la presión asistencial, un aumento de las listas de espera y una disminución de la calidad en el servicio".
"No es lo mismo asimilar usuarios de forma progresiva que de repente”, ha trasladado la consejera de Sanidad del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, Fátima Matute, pese a que García indicó que sería una incorporación paulatina. “Todos forman parte de nuestro sistema de salud, lo cual me indica que no es que quieran equidad sino que quieren reventar un sistema que funciona bien, que es de excelencia y que está muy tensionado, como bien saben en el Ministerio por la falta de recursos humanos y por la infrafinanciación", ha asegurado Matute sobre la sanidad madrileña.
"Necesitamos que el Ministerio de Sanidad y el de Función Pública se pongan de acuerdo”, ha añadido, con razón, la consejera. No obstante, parece que en esta materia todavía no hay un consenso cerrado entre socio y, mientras Sanidad apuesta por terminar con el concierto, Función Pública no cesa en su intento de encontrar un abordaje que permita mantenerlo. Sea cual sea la decisión final, no tardará mucho en decidirse, dado que en caso de tener que convocar una prórroga, esta deberá ser anunciada antes de la llegada del nuevo año.
