El Consejo de Ministros ha dado luz verde al proyecto de ley para constituir un impuesto complementario para grupos empresariales multinacionales y grupos nacionales de gran magnitud. El objetivo de este tributo, que deberá recibir el apoyo mayoritario del Congreso de los Diputados, es “garantizar un nivel mínimo global de imposición” y, para ello, pretende gravar a aquellas compañías que cuenten con unos ingresos anuales que superen los 750 millones de euros, tal y como recogía el anteproyecto de ley fechado en diciembre del pasado año.
El plazo de alegaciones durante el periodo de consulta pública ha finalizado y ahora llega el momento de las negociaciones entre formaciones para la aprobación del gravamen en la Cámara Baja. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el G20 han apoyado estas figuras, instando a alcanzar un mínimo mundial del 15% en el impuesto de sociedades, acuerdo suscrito por más de un centenar de países. “El objetivo es luchar contra la erosión de las bases imponibles y el trasladado de los beneficios de los grandes grupos a lugares de menor fiscalidad”, ha presentado María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
Además, España da cumplimiento a la transposición de la directiva 2022/2523 de la Unión Europea (UE), referida la “garantía de un nivel mínimo global de imposición para los grupos de empresas multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud”. Esta misma directiva, que replica el anteproyecto de ley español, establece que el impuesto se aplicará a “entidades constitutivas ubicadas en un Estado miembro que sean miembros de un grupo de empresas multinacionales o de un grupo nacional de gran magnitud que tengan unos ingresos anuales iguales o superiores a 750 millones de euros”.
Antes de que acabe el año 2024 la directiva debería estar traspuesta, tal y como ordena la directiva comunitaria, de cara a aplicarse sobre resultados de este mismo año, que no se declaran hasta el ejercicio 2026. “Da tiempo para que las empresas desarrollen toda la actividad tan importante, entre ellas el informe país por país, sin el cual es imposible que el Estado pueda calcular sobre que filiales aplicar o no el impuesto”, ha desarrollado Montero.
“Se trata de avanzar hacia un orden fiscal internacional más justo, a ser posible armonizado, basado en la idea que siempre ha defendido este Gobierno: quien más gana más debe contribuir al conjunto de la sociedad”, ha añadido la también vicepresidenta durante la rueda de prensa posterior al encuentro de los ministros. La lucha contra la planificación fiscal agresiva, impulsada por España internacionalmente, se ha instalado en instituciones mundiales para garantizar unos mínimos de cotización de las empresas que más dinero ingresan.
Montero ha puesto en valor el despliegue de las múltiples bajadas de impuestos aprobadas a lo largo de estos años, como las rebajas del IVA de la luz o los alimentos de primera necesidad. “Recaudamos por una parte y dejamos de recaudar en la que afecta a la gran mayoría de la población”, ha resumido. “Por ello, creo que, a pesar del ruido que permanente se pueda tener de fondo, el Gobierno ha desarrollado una política fiscal responsable basada en los acuerdos y en las recomendaciones internacionales”, ha concluido la titular de Hacienda.
Madrid, el ejemplo de la deslealtad fiscal que se replica en Europa
“A nivel europeo e internacional impulsamos que haya una armonización de la política fiscal por razones obvias”, ha trasladado la vicepresidenta, que ha puesto en valor la importancia de que un mercado único cuente con condiciones iguales entre todos los paises. No obstante, esto es complejo, dado que la política fiscal armonizada en la Unión Europea (UE) debe aprobarse por unanimidad. “Encontramos un problema, siempre hay algún país que ejerce su derecho a veto”, ha explicado Montero.
Esta situación también se ha dado a un nivel más acotado, en el interior de España. “Las máximas diferencias en España, que llevaban al vaciamiento fiscal de la figura, eran en el impuesto de patrimonio, sobre todo, y en el de sucesiones y donaciones, en menor medida”, ha explicado la ministra de Hacienda, que ha señalado a la comunidad de Isabel Díaz Ayuso. “El efecto capitalidad de Madrid ejercía un elemento de espiral con el resto de comunidades autónomas que estaba provocando una caída de ingresos imprescindible para fortalecer el Estado del Bienestar”, ha apuntado.
