El Gobierno anunció el viernes pasado el preacuerdo alcanzado con patronal y sindicatos para la prórroga de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs) hasta el 30 de junio, con la posibilidad de ampliarlo si continúan las medidas de restricción por la crisis del coronavirus.
Uno de los aspectos más importantes del Acuerdo Social en Defensa del Empleo, formalizado este mismo lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los representantes de las patronales de empresarios y los sindicatos, es la prohibición de los despidos para aquellas empresas que se hayan acogido a un ERTE durante los seis meses posteriores a la fecha de reanudación de la actividad.
Sin embargo, tal y como avanzaron CEOE y Cepyme, las patronales de los empresarios, en la rueda de prensa ofrecida el viernes, la medida incluye la flexibilización del despido en caso de que las empresas estén en concurso de acreedores, una situación que podría darse en los sectores especialmente afectados por el Covid-19, como el turismo o la industria del automóvil.
La Inspección de Trabajo o la Seguridad Social valorarán cada despido concreto
Este lunes se ha incluido otra cláusula que permite el despido en las empresas que por su actividad "presentan una alta variabilidad o estacionalidad del empleo", según indica el documento firmado en el Acuerdo Social en Defensa del Empleo, dirigida inicialmente a las empresas de la cultura que ahora se hace extensiva a todos los sectores productivos.
Precisamente la prohibición de los despidos ha sido uno de los temas más críticos de la negociación y el propio presidente de la CEOE asegura que ha habido “diferentes posturas” en el seno de los empresarios.
Ahora, los despidos se valorarán según la situación específica de cada sector y de la normativa laboral aplicable y serán autoridades como la Inspección de Trabajo o la Seguridad Social las encargadas de valorarlo, no a través de la comisión tripartita.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció la creación de una comisión tripartita formada por el propio Ejecutivo, la patronal y los sindicatos, que se reunirá mensualmente el segundo miércoles de cada mes, por lo que previsiblemente comience mañana mismo, para valorar la situación de los sectores más afectados, con la posibilidad de adoptar nuevas medidas de apoyo.
