María Jesús Montero, ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la aprobación y la publicación en el BOE del Real Decreto que incluye la prórroga de los ERTEs hasta el 30 de junio, tras la firma del Acuerdo Social en Defensa del Empleo este lunes por el presidente del Gobierno y los representantes de la patronal y los sindicatos.
En palabras de Montero, este acuerdo “evita la destrucción de oportunidades laborales, apuesta por la recuperación del empleo y aúna intereses de todos, trabajadores, empresarios y del Gobierno, en la defensa de la viabilidad, del modelo de negocio y al mismo tiempo de la recuperación de la actividad”.
En esta línea, ha explicado que las empresas y los autónomos afectados por un ERTE seguirán disfrutando de la exoneración de cuotas de la Seguridad Social. De cara a la desescalada, el Gobierno ha diseñado una nueva categoría, el ERTE de fuerza mayor parcial, para que “las empresas vayan recuperando parte de la plantilla mientras mantienen otra parte en ERTE”, según Montero, mientras disfrutan de las exoneraciones de todos sus trabajadores.
En cifras, las empresas con menos de 50 trabajadores, “la mayor parte en nuestro país”, según Montero, tendrán derecho a la exoneración de las cuotas del 85% en el mes de mayo y del 70% en junio para los trabajadores reincorporados a la actividad. Por otro lado, el porcentaje de las exoneraciones será menor para los trabajadores que sigan en ERTE.
Las empresas de más de 50 trabajadores disfrutarán de una bonificación del 60% en mayo y del 45% en junio para los trabajadores que se reincorporen, que irá disminuyendo paulatinamente para los trabajadores que sigan suspendidos. Con esta medida, el Gobierno busca aportar una “motivación añadida con la exoneración a las cuotas de la Seguridad Social”.
No podrán acogerse las empresas con sede en paraísos fiscales
Además, ha recordado que las empresas con sede en paraísos fiscales no podrán acogerse a esta medida y veta la posibilidad de que las empresas que hayan disfrutado repartan dividendos durante el ejercicio fiscal, salvo que devuelvan la parte correspondiente a lo recibido.
Del lado de los trabajadores, todos los afectados por un ERTE tendrán derecho a la prestación por desempleo, aunque no cumplan los requisitos para ello, como ha venido ocurriendo hasta ahora. La ministra de Hacienda cifra en 5,2 millones de trabajadores beneficiados por esta prestación por desempleo, de los que más de 3 millones se han visto afectados por un ERTE por el impacto del coronavirus.
La ministra portavoz ha recordado la comisión tripartita en la que participarán el Ministerio de Trabajo y Economía Social; el Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones; CEOE y Cepyme del lado de los empresarios y UGT y CCOO del lado de los sindicatos. “El resultado último de esta comisión será la aportación colectiva, con el interés de caminar de la mano”, asegura Montero.
La ministra no ha citado la flexibilización de los despidos presente en el documento de la firma del Acuerdo Social en Defensa del Empleo, donde se incluye una cláusula que permite el despido en las empresas que por su actividad "presentan una alta variabilidad o estacionalidad del empleo", a pesar de la prohibición inicial de los despidos durante los seis meses después de la reanudación de la actividad de la empresa acogida a un ERTE.
Cambios en la normativa fiscal y medidas contra la violencia de género
Por otro lado, el Consejo de Ministros también ha aprobado el proyecto de ley para modificar la Ley General Tributaria y adoptar una norma europea comunitaria, por la que se obliga a los intermediarios fiscales a declarar las operaciones que se puedan considerar como planificación fiscal agresiva en el ámbito internacional.
La ministra de Hacienda recuerda la prioridad del Gobierno en la lucha contra el fraude y la elusión fiscal: “No puede haber justicia social sin justicia fiscal”.
Por otro lado, se han aprobado los criterios de reparto a las comunidades y ciudades autónomas de los fondos del Pacto de Estado para el ejercicio presupuestario de 2020, por un importe de 100 millones de euros, a través de tres créditos para la lucha contra la violencia de género. Una medida para la que se destinan 9,5 millones de euros de la delegación del Gobierno contra la violencia de género.
En concreto, el Ejecutivo destinará 6.500 millones para programas de asistencia social a víctimas de violencia de género y sus hijos, 1 millón para planes personalizados, dedicados a otras formas de violencia hacia la mujer y 2 millones para el programa de apoyo a víctimas de agresiones y abusos sexuales.
Esta cantidad se destinará al mantenimiento de las redes de atención a las víctimas, con especial atención a las personas con vulnerabilidad añadida; la inserción sociolaboral; el sistema de acompañamiento psicológico y seguimiento; el refuerzo del apoyo y servicios a los menores en los puntos de encuentro familiar y el refuerzo en las unidades de valoración forense integral y en las oficinas de asistencia a las víctimas.
