El Consejo de Ministros ordinario ha aprobado finalmente este martes la Ley de Vivienda acordada por los socios de coalición, PSOE y Unidas Podemos, tras meses de retraso. Como muestra de este acuerdo, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, y la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, han sido las encargadas de explicar los objetivos y las medidas incluidas en el proyecto de ley por el Derecho a la Vivienda en la rueda de prensa posterior.
En concreto, el Consejo de Ministros ha aprobado la remisión inmediata del proyecto de ley por el Derecho a la Vivienda y el paso al trámite parlamentario, con un plazo total de 18 meses. Un camino en el que ambas ministras han pedido la colaboración y el apoyo del resto de partidos políticos, recalcando el carácter urgente de la nueva ley, “esperada con ansiedad por los ciudadanos y ciudadanas”, en palabras de la ministra de Agenda Urbana. “Esperamos que la derecha se una a una ley histórica”, ha pedido Sánchez.
El objetivo de la Ley de Vivienda es “garantizar el acceso a una vivienda digna en condiciones de asequibilidad”, según Sánchez, que “apuntala y refuerza el Estado del Bienestar con la vivienda como quinto pilar”. La responsable de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana reconoce sentirse “muy orgullosa”. “Por primera vez en la historia de la democracia se aborda la problemática de la vivienda”, asegura.
Sánchez ha afirmado que se trata de una ley “sólida, compacta y transversal” y además, con “vocación de perdurar en el tiempo”. Dentro del objetivo general, la nueva Ley de Vivienda incluye iniciativas concretas que pasan por corregir disfunciones y conseguir viviendas asequibles que garanticen la igualdad de acceso, no solo a la vivienda, sino al resto de derechos sociales.
Sánchez: “Nadie debería ver en ello una colisión con el derecho a la propiedad"
“Es una ley imprescindible porque el mercado se ha mostrado ineficaz para dar respuesta a esta necesidad” -explica la ministra- “Los poderes públicos también tenemos que evitar la especulación”. Sánchez se ha pronunciado sobre el problema que supone la especulación en el mercado de vivienda, citando incluso el artículo 47 de la Constitución Española. Así, ha asegurado: “Nadie debería ver en ello una colisión con el derecho a la propiedad. Es una ley que no va en contra de los propietarios, sino en contra de la especulación”.
La Ley de Vivienda se ha aprobado con cierto retraso, el último por el rechazo inicial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la propuesta presentada. Un informe que la propia ministra ha recalcado que es “preceptivo, pero no vinculante”. Finalmente, el CGPJ ha dado el visto bueno a la ley hace unos días. “No invade ninguna competencia autonómica, el Estado tiene competencia absoluta para garantizar el acceso total de los ciudadanos a sus derechos”, asegura Sánchez frente al informe del CGPJ.
Las grandes medidas
La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha enumerado en rueda de prensa las principales medidas que incluye la nueva Ley de Vivienda, entre las que destacan:
- Someter a protección permanente el parque público de vivienda social, “para que no vuelva a ser enajenado”, en palabras de Sánchez, y así asegurar el acceso a los más jóvenes
- Regular los desahucios en casos de vulnerabilidad a través de una coordinación más eficaz con los jueces y ofrecer soluciones habitacionales, en un plazo de dos a cuatro meses, con una vivienda alternativa. “No puede ser un albergue”, ha matizado Ione Belarra en este aspecto
- Incentivar la vivienda protegida a un precio limitado
- Permitir que la legislación urbanística establezca zonas para las viviendas protegidas
- Facultar a las autoridades competentes la declaración temporal de zonas tensionadas de mercado y, asimismo, formular un plan de acción para corregir los desequilibrios
- Incluir mecanismos de contención y bajada del precio de alquiler, “ya sea para aumentar la oferta o para impedir incrementos abusivos de la renta”, según la ministra
- En las zonas tensionadas, los arrendatarios podrán acogerse a una prórroga extraordinaria del contrato, con carácter anual y en un periodo de tres años. En caso de nuevos contratos, se limitará el contrato de la renta anterior, con el incremento del IPC correspondiente o con otros incrementos si se acreditan obras de mejora o rehabilitación
- Ofrecer incentivos fiscales para que el alquiler a precios asequibles resulte “atractivo” para los propietarios, con deducciones de hasta el 90% si aplican rebajas del 5% en los precios del alquiler en aquellas zonas tensionadas, según han cifrado ambas ministras
- Aumentar las garantías de compra y alquiler, a través del mayor conocimiento de las condiciones del contrato, del edificio o de la vivienda. “No solo más información para las partes, sino también para las Administraciones Públicas y los poderes”, reclama Sánchez
Acuerdo del Gobierno de coalición
“Esta ley conecta con miles de ciudadanos, de jóvenes y de familias. Demostramos que nos preocupamos por las personas y, sobre todo, por los más vulnerables”, ha asegurado la ministra de Agenda Urbana, que también ha destacado la importancia por tratarse de un acuerdo en el Gobierno de coalición.
“Somos dos partidos diferentes, con puntos de vista diferentes, que partíamos de dos ideas diferentes, pero hemos sido capaces de superar los escollos hasta el resultado final” -ha celebrado Sánchez- “Cuando se trata el interés general tenemos la obligación de entendernos”.
En la misma línea se ha pronunciado Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030: “Es el primer paso en un camino que nuestro país tiene que recorrer: dejar atrás las burbujas inmobiliarias, la especulación y los pelotazos urbanísticos. Sabemos que va a ser difícil porque los intereses interpuestos económicos y políticos son muy fuertes, pero creo que es el único camino que podemos recorrer. Seguramente no va a ser lo único pero esta ley es absolutamente imprescindible para dar los pasos en la dirección correcta”.
Belarra: “La burbuja del alquiler ha beneficiado a los grandes rentistas"
“La burbuja del alquiler ha beneficiado a los grandes rentistas, que viven prácticamente del alquiler y no trabajan” -ha explicado Belarra- “Ha sido la ley de la selva, no ha habido ningún tipo de regulación [...] Para muchos ha sido, sin lugar a dudas, la gallina de los huevos de oro”. Así, asegura que la Ley de Vivienda protege a los inquilinos, “la parte más débil de la ecuación”, ayuda a los pequeños propietarios y exige “responsabilidad” a los grandes propietarios.
Para Belarra, otro de los objetivos es reducir las cifras de vivienda vacía, así como incentivar la creación de un parque público de vivienda en alquiler. “No tenemos un parque público de vivienda en alquiler, al contrario de lo que ocurre en otros países europeos”, ha denunciado Belarra, que avanza que todas las promociones de vivienda tendrán que dejar un 30% reservado a vivienda protegida, del que un 15% tendrá que ser para el alquiler.
Más allá de la tan esperada Ley de Vivienda, el Consejo de Ministros ordinario ha alcanzado otros acuerdos en materia social, tal y como ha destacado la ministra portavoz, Isabel Rodríguez. En el primero de los casos, avanza en la desconcentración para alcanzar la cohesión social y territorial, uno de los puntos clave del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
El segundo pasa por asegurar la igualdad de oportunidades desde el nacimiento, con un decreto para la ordenación de las enseñanzas mínimas en la educación para niños de 0 a 3 años. “Por primera vez se aborda con carácter educativo y no solo con carácter asistencial o de cuidados”, asegura Rodríguez.
