El juez Antonio Viejo, con una dilatada carrera en la judicatura madrileña, pasará próximamente a llevar la causa del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, al que se le investiga por fraude fiscal. Lo hace en sustitución de Inmaculada Iglesias, quien concede el testigo de uno de los casos más mediáticos de los últimos años debido a su jubilación.
A Viejo le empara una extensa carrera en el mundo de la jurisprudencia, llegando a formar parte -durante poco tiempo, eso sí- del primer Gobierno de Pedro Sánchez. Aquí, en Moncloa, ocupó un puesto de relevancia dentro del Ministerio de Justicia, un hecho que podría no resultar baladí para el empresario, máxime cuando insiste en hablar de “linchamiento” mediático y político.
Así las cosas, ElPlural.com se ha puesto en contacto con los abogados del compañero sentimental de Ayuso para saber qué opinión le merece este nombramiento, adelantado por elDiario.es, y si han barajado alguna posibilidad en detrimento del mismo, como puede ser la recusación del magistrado. En el momento de redacción de las presentes líneas, lo más que este periódico ha obtenido como respuesta ha sido el silencio.
Lo cierto es que la designación de Viejo responde a un procedimiento habitual en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) basado estrictamente en la antigüedad de los profesionales. Según la normativa, el candidato con más años de experiencia entre los aspirantes es el que se sitúa al frente del juzgado en cuestión; de ahí que sea Viejo el que pase a liderar el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, donde reside la investigación al novio de la pareja de la política ‘popular’.
Trayectoria de Antonio Viejo
Antonio Viejo, actualmente de 65 años, está afiliado a la asociación judicial conservadora Francisco de Vitoria. En lo estrictamente laboral, ejerció como juez de instrucción durante más de 30 años y permaneció al frente del juzgado de Instrucción número 20 de Madrid entre 1997 y 2014.
Más tarde -entre 2015 y 2018- fue decano de los juzgados de Plaza de Castilla, siendo aquí donde más activo se mostró dentro de la justicia madrileña. Más concretamente, centró su actividad en la reorganización interna de los órganos judiciales, así como en la apertura de procesos de revisión administrativa que afectaron a etapas previas.
La persona que salta nuevamente ahora al tablero mediático sucedió a José Luis González Armengol en el decanato, cuyo nombre apareció en los audios del excomisario José María Villarejo, uno de los precursores de las bautizadas como cloacas del Estado; a cuyos servicios recurrió el PP en la época de Mariano Rajoy para llevar a cabo una guerra sucia contra contrincantes políticos. Armengol resultó polémico por haber intentado, entre otras cosas, y siempre presuntamente, favorecer a la expresidenta de la región Esperanza Aguirre en su incidente de tráfico tras el que intentó burlar después a la policía.
A los pies de los caballos
Una de las personas que ha declinado hablar con este periódico ha sido Carlos Neira, uno de los abogados de la pareja de la presidenta.
En mayo, González Amador declaró que desconocía la propuesta de Neira de pactar la conformidad de los delitos que se le imputan -éste aseguró lo contrario- y que ello le había supuesto un "destrozo" en sus actividades al ser estigmatizado como "defraudor confeso".
Novedades en el caso González Amador
En cuanto al caso de González Amador, el novio de Ayuso actúa ya a la desesperada. La última prueba de ello es que ha presentado recientemente un recurso contra su procesamiento por supuestos delitos de fraude fiscal y falsedad documental.
La defensa del empresario presentó esta semana un nuevo informe pericial contra la decisión de la jueza de sentarla en el banquillo por defraudar, presuntamente, 350.951 euros a la Agencia Tributaria en los ejercicios fiscales 2020 y 2021.
Fue el pasado mes de julio que la todavía instructora encontró indicios “claros” de que el investigado utilizó facturas falsas y todo un entramado de sociedades pantallas para conseguir sus objetivos, pero ahora los abogados de González Amador buscan amparo en un momento concreto de los que se investiga.
Más en detalle, defienden que la jueza no consideró la práctica de varias diligencias y piden que obligue a citar a declarar como testigos a dos de los empresarios que intentaron hacer negocio con su cliente en Costa de Marfil. También que el perito sea capaz de ratificar su informe en sede judicial de manera conjunta con el de la Agencia Tributaria
La defensa considera que las dos declaraciones demostrarían cuál es la “realidad” de los “servicios prestados” en el país africano por parte de su cliente. Mientras tanto, contempla que más allá del modus operandi tras de ellas, las facturas que se relacionan con el fraude no darían pie a delito fiscal alguno porque no son falsas.
