La ‘número 3’ de Isabel Díaz Ayuso, Ana Millán, intenta desprenderse de cualquier responsabilidad frente a los hechos por los que se le investiga y apela a la misma estrategia que han seguido otras personas del entorno de la presidenta cercadas por la Justicia, como el novio de la lideresa regional, Alberto González Amador.

La propia responsable de Sol ha llevado a cabo este modus operandi ante la condena que han despertado algunas de sus acciones o las de sus familiares, entre otros rostros cercanos. Del “ciudadano particular” y las acusaciones de machismo sobre quienes exigen explicaciones por las operaciones presuntamente fraudulentas de su pareja, a la defensa de Millán. “Es mi apellido lo que tienen encima (…) Vale el vecino de Ayuso, el primo de Ayuso, el novio de Ayuso… Da igual. Es el apellido y no otra cosa lo que tienes encima”, dijo cuando la investigación sobre la protagonista de estas líneas adquirió una mayor seriedad.

Ahora, esta última repite la estrategia de la victimización. En el escrito que ha elevado su defensa para pedir el sobreseimiento de la causa y al que ha tenido acceso ElPlural.com, Millán considera que se encuentra ante un procedimiento que está suponiendo un “auténtico linchamiento mediático”.

“Mi representada (el documento lo redacta la defensa) lleva años viendo como, con fines puramente políticos y demagógicos, se le ha condenado públicamente por unos delitos inexistentes, afectando con ello a su honorabilidad y a la de su familia”, emplaza uno de los párrafos.

El texto alude a “80 apariciones sólo en prensa” en las que se aprecia el nombre de Ana Millán y se relaciona a la bautizada asimismo como la ‘Santos Cerdán de la presidenta’. También señala en esta supuesta presión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

 “(…) Y las innumerables menciones en otros medios de comunicación, redes sociales, etc. Incluso en uno de los últimos plenos del Congreso de los Diputados, el presidente del Gobierno, para defenderse del encarcelamiento e inmutación de sus hombres de confianza en su partido, aprovechó para citar el nombre de mi representada como una corrupta a la que el partido en el que milita la premia por ello”, emite. Del total de publicaciones que terminan de dar forma a las peticiones sobre la también vicepresidenta de la Asamblea regional, más de una veintena corresponden a este periódico.

Al novio de Ayuso le salió mal

Antes del verano, Alberto González Amador empleó la misma estrategia que pretende seguir ahora la que es cargo público de Ayuso. De hecho, utilizó el mismo concepto; el de “linchamiento” en su caso público, y cargó igualmente contra periodistas y políticos, ante los que elevó considerablemente pidiéndoles dinero por, a su juicio, vulnerar su honor; pero no obtuvo el amparo de la Justicia.

Así las cosas, no es solo que las peticiones económicas cayeran en saco roto, sino que además el Tribunal Supremo (TS) le dejó claro que no era una persona anónima, sino pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. De hecho, esta estaría involucrada de alguna manera en los negocios que se investiga en tanto en cuanto, por ejemplo, compartían el ático que el empresario había financiado con el presunto fraude fiscal.

A pesar de aquel dictamen, González Amador insiste en una línea similar. En las últimas horas, la defensa del compañero sentimental de Ayuso incide en que la Justicia está actuando “con una intensidad jamás vista”, refiriéndose en este punto a la supuesta filtración que también se estudia por parte del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al que Sánchez volvía a defender en televisión a inicios de esta semana.

Prorrogar la investigación de Ana Millán

Ana Millán está lejos de escapara de la Justicia después de que Más Madrid haya solicitado que se prorrogue la investigación que recae sobre ella durante seis meses más, tal y como ha podido saber en exclusiva ElPlural.com.

En el auto, que ha podido leer este periódico, el partido de Manuela Bergerot recuerda que hay diligencias que no se han podido tener en cuenta -testificales, de la Unidad Central Operativa (UCO) y nuevas imputaciones- por lo que estima necesario más tiempo de estudio para dictaminar si existe algo punible sobre una de las personas de máxima confianza de Ayuso y el PP de Madrid.

A Millán se le atribuye posibles delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude contra la administración pública en una pieza separada del caso Púnica conocida como caso Nerverland, que debe su nombre a la empresa que habría participado de esta actividad ilícita en caso de que se demuestre como tal.

Cuando operaba en el Ayuntamiento de Navalcarnero recibió pagos del empresario Francisco Roselló, al que la Concejalía de Juventud de Arroyomolinos, a la que pertenecía Millán, adjudicó varios contratos por valor de más de 660.000 euros entre 2006 y 2011. Este dinero, repartido en siete contratos públicos, contribuyó al pago de la hipoteca y la comunidad de Millán.

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