La nueva ley de vivienda del Gobierno no ha encontrado el beneplácito de la mayoría de vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Pero, contrariamente a lo que se podía prever, no ha sido a iniciativa de los miembros nombrados por el Partido Popular, sino de una enmienda presentada por el vocal Enrique Lucas, del PNV y que, además, ha sido secundada por el 25 por ciento de los vocales socialistas. Así, tanto Roser Bach como Nuria Cinto, ambas propuestas por el PSOE, han votado en contra del informe presentado este viernes en el pleno del órgano de Gobierno de los jueces. De hecho, fuentes del CGPJ tachan el informe de “chapuza”.
Han votado a favor de las alegaciones el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y los vocales Roser Bach (PSOE), José Antonio Ballestero (PP), Ángeles Carmona (PP), Victoria Cinto (PSOE), Nuria Díaz (PP), Juan Manuel Fernández (PP), Rafael Fernández Valverde (PP), Vicente Guilarte (PP), Enrique Lucas (PNV), Carmen Llombart (PP), José María Macías (PP), Juan Martínez Moya (PP), Gerardo Martínez Tristán (PP) y Wenceslao Olea (PP). Se han opuesto a estas alegaciones los vocales Mar Cabrejas, Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Concepción Sáez (IU) y Pilar Sepúlveda.
La pregunta es cuáles han sido los motivos para que parte del sector progresista se muestre en contra. Según las fuentes del CGPJ consultadas por ElPlural.com, “el informe es técnicamente muy malo, una chapuza, además de tener un claro sesgo ideológico”. Pero, es más, las mismas fuentes aseveran que a la mayoría de los vocales les ha gustado mucho el contrainforme presentado por el vocal del PNV, Pablo Lucas, quien, al parecer, ha evidenciado que “el aspecto competencial apenas aparece puesto que la nueva ley otorga un poder ‘excesivo’ al Gobierno cuando son las comunidades autónomas las que tienen las competencias. Hay un excesivo intervencionismo público”.
Otro motivo de enfado del CGPJ ha sido la filtración del borrador a la prensa, un hecho que no sucede habitualmente. “Había mucha prisa”, afirman las fuentes, pero estas mismas fuentes explican que el informa que se ha tumbado porque “era técnicamente muy malo”, y es a este último hecho y a que apoyan al vocal del PNV que achacan que el 25% de los vocales socialistas se hayan mostrado en contra de aprobarlo.
En su informe, Lucas afirma que, la ley impone "un modelo de intensa intervención pública en la vivienda que hace irreconocible la configuración del derecho de propiedad que contiene la vigente legislación civil". Pero, además, el vocal a propuesta del PNV apostilla que su "dificultosa articulación con las vigentes leyes autonómicas de vivienda será problemática en detrimento de la seguridad jurídica en tan sensible materia".
El autor de la enmienda advierte de que la propuesta de informe rechazada parte de una idea errónea, cual es que el artículo 47 de la Constitución, que garantiza el derecho de todos los ciudadanos a una vivienda digna y adecuada, “tiene al Estado como destinatario, si no único sí principal, y que, por tal motivo, la garantía y efectividad de ese derecho solo puede proporcionarla una regulación estatal que ha de ser lo más exhaustiva y dirigista posible porque algo tan importante como la vivienda no puede dejarse en manos de las Comunidades Autónomas ni ser objeto de tratamientos diferenciados en función de la orientación política mayoritaria de cada una de ellas”. Este extremo, para Lucas, y para la mayoría del CGPJ, es directamente inconstitucional, ya que las competencias en materia de vivienda están transferidas.
