El Gobierno ha aprobado este martes, vía Consejo de Ministros, la ampliación del Real Decreto-ley aprobado el pasado 27 de diciembre que contenía un paquete de medidas destinado a combatir la inflación y las consecuencias de la guerra de Ucrania. El conocido como escudo social estaba compuesto por algunas políticas cuya vigencia finalizaba el 30 de junio y otras muchas que mantendrán su vigencia hasta fin de año. De las que podían caer, como la rebaja del IVA de los alimentos o la bonificación del transporte público, el Ejecutivo ha decidido ampliar todas a excepción de la prórroga de los alquileres.
La discrepancia entre los socios de Gobierno, anunciada por Yolanda Díaz, no ha conseguido encontrar un punto de consenso y finalmente ha pesado el posicionamiento de la parte mayoritaria. “La parte socialista del Gobierno acaba de tumbar la medida que permitía prorrogar los contratos de alquiler durante 6 meses y que evitaba subidas abusivas de precios y desahucios”, ha confirmado Alejandra Jacinto, portavoz de Vivienda de Sumar. Más allá, en esta materia se mantiene todo el año la limitación al 2% de la revalorización de los arrendamientos conforme al IPC, contemplada en la ley de Vivienda y que será del 3% en 2024, y la suspensión de los desahucios a personas vulnerables sin alternativa habitacional.
Esta prórroga, que se aplicaba únicamente a la finalización del contrato, suponía un único periodo de gracia de seis meses que pretendía evitar las subidas abusivas tras la finalización de contrato, dando margen a la búsqueda de una nueva vivienda. Desde la parte socialista del Gobierno justifican la caída de la prórroga de los alquileres aludiendo al seguimiento de “una senda” de desaparición progresiva de las medidas, situación exigida desde Bruselas. “Ya ha entado en vigor la ley de Vivienda que establece topes máximos para el alza de los alquileres”, ha justificado Nadia Calviño.
"Esta ley ya contempla que las personas vulnerables puedan alargar hasta un año las condiciones de su contrato”, ha añadido en referencia a la ley de Vivienda. Fuentes del Gobierno han añadido que la eliminación de esta prórroga se debe tambien a la carencia de "justificación jurídica", dado que con los parámetros establecidos podía ser solicitada por cualquier persona, independientemente de su situación económica. "Solo obedecái a una situación excepcional", añaden las misma fuentes, aludiendo a que este tipo de medidas no acotadas a realidades de renta deben ir desapareciendo progresivamente.
Nuevas medidas
“Las medidas adoptadas y el Plan de Recuperación ha evitado situaciones como la vividas en crisis pasadas”, ha celebrado la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital antes de detallar las novedades. Calviño ha presentado los datos económicos y ha detallado que el coste de este nuevo paquete ascenderá hasta los 8.900 millones de euros en la segunda parte del año. La suma de los siete decretos anticrisis aprobados durante la legislatura asciende hasta los 47.000 millones de euros.
Como añadido a las medidas ya contempladas en el escudo social, el Consejo de Ministros ha aprobado incluir novedades. Este lunes transcendía ya una de ellas, la bonificación fiscal para la compra de coches eléctricos. Concretamente, se contempla una desgravación del 15% del IRPF para la compra de vehículos eléctricos y la instalación de infraestructuras de recarga por un máximo de 20.000 euros. El periodo de vida de esta deducción se alarga hasta el 31 de diciembre de 2025 y da cumplimiento a un compromiso adquirido con Bruselas, de cara a la incentivación de la transición verde a través de una movilidad más sostenible.
Aunque no es una novedad, el derecho al olvido oncológico verá la luz tras haber decaído con la convocatoria de elecciones generales anticipadas. Esta política, vital para aquellas personas que han atravesado un cáncer y promesa del presidente del Gobierno, declara nulas todas aquellas cláusulas que excluían a estas personas. La medida, que se había quedado en el trámite en el Senado, prohíbe a las aseguradoras discriminar en la contratación a las personas que han sufrido un cáncer, con la precisión concreta de que para suscribir un seguro de vida no se estará obligado a declarar si se ha padecido esta enfermedad una vez cumplido el plazo de cinco años.
Otra de las novedades la trasposición de una Directiva europea que mejora la conciliación familiar de los trabajadores. Así, el texto recoge un nuevo permiso parental para el cuidado de los hijos, que podrá disfrutarse hasta que el menor cumpla ochonaños. Este permiso, tendrá una duración no superior a ocho semanas, continuas o discontinuas, y es intransferible. Además, se amplía el derecho a la adaptación de la jornada de las personas con dependientes a cargo para aquellas personas que acrediten deberes de cuidado respecto de los hijos mayores de 12 años, el cónyuge o pareja de hecho, familiares por consanguinidad hasta el segundo grado del trabajador, así como de otras personas dependientes cuando convivan en el mismo domicilio.
La bajada del IVA y la bonificación de transporte público se mantienen
Las grandes medidas contempladas en el escudo social y que el Ejecutivo ha defendido a lo largo de estos meses alargan su periodo de vigencia hasta finales de 2023. Por un lado, la eliminación del IVA de los alimentos de primera necesidad (leche, pan, huevos, verduras, legumbres, etc.) y la reducción del 10% al 5% de los aceites y la pasta se mantendrán en vigor, a la espera de que la progresión de la inflación de la cesta de la compra continúe siendo bajista y retorne a los precios de consumo a valores asumibles para la ciudadanía.
La otra gran punta de lanza, la bonificación del transporte público, también seguirá en pie durante lo que queda de año. A la gratuidad de los abonos de trenes de Cercanías, Rodalíes y Media Distancia y de los autobuses dependientes del Estado, cuya vigencia ya estaba programada durante todo el curso, le seguirá acompañando la bonificación del 30% del transporte público dependiente de las Comunidades Autónomas. De igual manera que se contemplaba en el Decreto aprobado en diciembre, las Administraciones regionales deberán sumar una bonificación adicional del 20% para que los ciudadanos puedan disfrutar de una reducción del coste del transporte público de, mínimo, el 50%.
Se prorroga también, aunque con variaciones, el descuento en el combustible para colectivos profesionales como transportistas o el sector agrario. El valor de la bonificación será de diez céntimos por litro hasta el 30 de septiembre y, desde ese momento y hasta final de año, el descuento pasará a ser de cinco céntimos por litro. De igual manera, se mantiene el tope a la bombona de butano y la prohibición de despedir por motivo del encarecimiento de la energía en empresas que perciben ayudas públicas.
