La Comisión Europea presentó el pasado día 24 de noviembre su paquete de otoño, en el que realiza una evaluación de los marcos presupuestarios de los países miembros, así como el estudio prospectivo sobre el crecimiento sostenible, en el que adelanta las principales orientaciones económicas que deberían servir de inspiración para la preparación de los planes nacionales de reformas y los programas de estabilidad que deben presentarse en el marco del semestre europeo. El paquete de otoño forma parte del sistema de gobernanza económica europea que conocemos como semestre europeo, quizá en un año todavía muy excepcional en comparación con los años previos a la pandemia, y con la esperanza de que la normalidad se retome en algún momento en el futuro próximo, aun a sabiendas de que es posible que, en el mientras tanto, la propia Unión Europea modifique sus reglas fiscales para permitir una mayor flexibilidad en su interpretación y ejecución a partir de 2022, cuando se levante la cláusula de suspensión vigente desde la primavera de 2020 y volvamos a tener una monitorización sobre nuestros niveles de déficit público y deuda.

Como esta cláusula está vigente, al contrario que otros años, la Comisión Europea no ha presentado “aprobaciones” o “suspensos” en materia de déficit público, pero esta suspensión no obsta para que los técnicos de Bruselas realicen una serie de comentarios sobre las economías sometidas a escrutinio, incluyendo algunas recomendaciones que deberían ser tenidas en cuenta por parte de los diferentes países.

En el caso de España, la Comisión ha señalado que los presupuestos presentados para 2022 son contractivos: en otras palabras, que el efecto de los ingresos y gastos público contribuyen a no acelerar el crecimiento de nuestra economía, sino que, al contrario, están pensados de manera que el efecto global aminore el crecimiento en aras de una mayor prudencia fiscal. Hacía mucho tiempo que España, un país que se ha caracterizado por una laxitud en sus cuentas públicas incluso en épocas de crecimiento económico, no recibía un comentario de este tipo, que caracteriza a nuestras cuentas públicas como rigurosas, y, quizá incluso, rigoristas. Tal es así que la Comisión ha recomendado a España no reducir las inversiones públicas financiadas por presupuesto ordinario, sino que ha animado a nuestro gobierno a mantenerlas de manera paralela a la ejecución del Next Generation, que tras los retrasos de 2021, debe ser un pieza clave en la inversión pública de 2022.

En definitiva, y aunque la senda de consolidación fiscal prevista tras la crisis de la pandemia nos llevará a tener unas cuentas por encima de los objetivos del Procedimiento de Déficit Excesivo hasta 2025, la Comisión ha alabado la prudencia de nuestros números públicos para 2022, en un contexto todavía de alta incertidumbre respecto del crecimiento económico -veremos las condiciones en las que se desarrolla la sexta ola de la pandemia, y cómo afecta al comercio y la actividad económica internacional- y de la duración del pico de inflación que experimentamos desde hace unos cuantos meses ya y que parece podría extenderse hasta la primavera de 2022.

Contrasta esta posición, prudente -quizá excesivamente prudente- de nuestro marco fiscal, con el ejemplo de referencia que llevamos escuchando meses desde la consolidación de su gobierno de coalición, que es el Gobierno de Mario Draghi. Fiel a la tradición italiana, Draghi ha presentado unas cuentas fiscales expansivas que, de haberse presentado en España en magnitudes similares, habrían sido la pesadilla de los que tanto han abogado por él y su modelo para nuestro país. Efectivamente, hoy, como tantas otras veces en el pasado, Italia tiene poco que enseñarnos en términos de gestión de su economía, sea quien sea su presidente del gobierno, y por mucho que nos atraigan sus posicionamientos políticos.

Pero dejando de lado las comparativas entre los países del Sur, el marco presupuestario presentado y revisado por la Comisión es un marco sólido, solvente, que nos aleja de los augurios de quiebras y rescates que tanto gusta conjuran a los apocalípticos económicos. Quizá, a juicio de quien escribe estas palabras, demasiado prudente. Es desde luego preferible tener un marco de consolidación fiscal sólido y creíble, pues será nuestra salvaguarda si las cosas se ponen feas y el Banco Central Europeo empieza a retirar los estímulos monetarios. Pero no debemos olvidar que, hoy, la economía española sigue varios puntos por debajo de su crecimiento potencial, y que, de nuevo, como ocurrió en 2010, ese crecimiento potencial puede volver a sufrir si la inversión pública no contribuye activamente a mejorar las condiciones para ese crecimiento a largo plazo. Next Generation debería servir para fomentar esas condiciones, por eso es, hoy, una pieza esencial, más si cabe, de la estrategia económica de España en el medio y largo plazo. Esperemos que 2022 sea el año en el que este Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia de la Economía Española despegue y cumpla sus objetivos. Si no es así, nuestros problemas se agravarán, y ya no tenemos ningún instrumento más, porque hemos decidido no tenerlos.