PSOE y Sumar han alcanzado este martes el acuerdo de Gobierno para reeditar la coalición con la reducción de la jornada laboral como punto de partida. En este pacto, ambas partes han sellado que se sitúe en las 37,5 horas semanales -aunque el objetivo final son 35 horas a lo largo de la investidura y siempre en el marco del diálogo con los agentes sociales.

La aplicación de una jornada laboral que sea compatible con la conciliación es una meta en común que intentan aplicar todos los países del entorno; sin embargo, aún existen diferencias de calado entre unos y otros, bien porque sus horas de trabajo aún se acercan al umbral máximo establecido o, precisamente, porque ya se encuentran más próximas al objetivo deseado. 

La cifra media a nivel global estaría fijada por los ordenamientos jurídicos de nuestro entorno en las 40 horas semanales y, a partir de este punto de partida, países como Portugal, Italia, Alemania o Dinamarca -entre otros- comprende, en sus marcos legales dicha jornada aunque, en su aplicación real, los parámetros son distintos, abarcando desde las 36 hasta las 38 horas. 

Fuera de las fronteras europeas, y con tramos de jornadas que sobrepasan las ocho horas diarias, destacan los ejemplos de Colombia (49,8 horas), Costa Rica (48,6), México (48,5), Turquía (48,8) y Chile (45,7), entre otros. A la contra, destacan, dentro del entorno europeo, aquellos países que se alejan del umbral de las 40 horas: Dinamarca (37,2), Países Bajos (37,3), Noruega (38), Bélgica (38,8) o Suecia (39). 

La iniciativa española, tras un arduo y extenso debate social y político, ahora comienza a adoptar forma y fondo pero, ¿cuáles fueron los países del entorno que tomaron la iniciativa y por los que nuestro país podría seguir el modelo?

Francia, Islandia y Bélgica: modelos dispares, pero dignos de estudio

El caso más conocido y que más cerca toca a nuestro país es el aplicado en Francia: el objetivo de las 35 horas semanales por ley que desea alcanzar el Gobierno central es ya una realidad en el país galo desde 1999. 

Pese a que las primeras expectativas del gobierno francés que impulsó la medida, bajo el mandato de Lionel Jospin, apuntaban a que dos millones de personas tendrían nuevo empleo, la realidad que mostró el Ministerio de Trabajo francés es que se crearon 350.000 empleos más con la reducción de la jornada laboral. Un incremento bajo para las previsiones, pero efectivo en la práctica. En cuanto a los costes salariales, estos han aumentado lo mismo que la media de la zona euro. 

Sin embargo, su aplicación estuvo inmersa en algunas polémicas hasta llegar a término debido a un desbarajuste de calado entre los distintos sectores del mercado laboral. Ejemplo de ello fue con empleos tales como cajero de supermercados, quienes no ganaron días extra de vacaciones, sino mañanas de días laborables, es decir, horas libres cuadradas conforme a la empresa. 

El modelo que mayor acogida ha tenido en su aplicación y que más eficacia ha demostrado ha sido el de Islandia, conocido como modelo 100-80-100, ha logrado que el 90% de la población se adapte a esta estructura con muy buenos resultados.  El país nórdico realizó un proyecto piloto entre 2015 y 2019 con dos ensayos a gran escala comprendidos entre las 35 y 36 horas semanales sin aplicar reducción de salario. Los resultados se dieron a conocer a nivel mundial en 2021 y son esencialmente similares a las iniciativas que ya se han elaborado en nuestro país: los trabajadores aseguraron sentir menos estrés, aprovecharon su tiempo de conciliación y, por ende, su productividad no se vio afectada en términos negativos. 

Una estructura totalmente contrapuesta es la aplicada por los belgas. La reducción de la jornada es a título personal, es decir, está aprobada por las instituciones pero el trabajador se puede adherir a ella de manera voluntaria. Por esta misma razón, se mantienen las mismas horas de trabajo porque no supone trabajar menos horas a la semana, sino condensar todas ellas en menos días. Otra guía digna de objeto de estudio.

El compromiso de PSOE y Sumar

El pacto alcanzado por ambos partidos es la consecución de una jornada laboral que se sitúe en las 37,5 horas semanales antes de que finalice el próximo año, lo que supondría una reducción de dos horas y media semanales (media hora diaria) para una jornada a tiempo completo, que actualmente asciende a las 40 horas. El acuerdo no se queda ahí y, lejos de pretender detenerse en las 37,5 horas, el futuro Ejecutivo de coalición buscaría rebajar la jornada hasta las 35 horas semanales, antes de finalizar la legislatura si el candidato a intentar la investidura, Pedro Sánchez, logra próximamente los apoyos de las Cortes Generales.

Este hito deberá desarrollarse a través de un ante proyecto de ley, dado que al modificar el Estatuto de los Trabajadores no puede realizarse a través de la figura del Real Decreto. La jornada efectiva, más allá de lo reflejado legalmente, se sitúa ya en tiempos similares a los pactados de cara a 2024, 37,8 según Eurostat, pero su reflejo en la normativa sería un gran avance laboral no experimentado en 40 años, desde 1983, cuando se aprobó la última reducción. También existen diferencias entre el máximo legal y lo pactado por convenio, de igual manera que en otros países, donde existe jornadas muy diversas.