Las grandes energéticas, con Repsol y Josu Jon Imaz a la cabeza, han endurecido el mensaje contra el impuesto que nació como extraordinario y temporal y que ahora el Gobierno quiere hacer permanente. A las críticas que se han venido sucediendo desde el momento de entrar en vigor del impuesto, el pasado 1 de enero de 2023, se suman ahora advertencias que van más allá de calificar al gravamen como “injusto” o “mal diseñado”. A apenas dos meses de que termine el año y, por tanto, el periodo de vigencia para el que fue diseñado inicialmente el impuesto extraordinario a la banca y a las energéticas, estas últimas han subido el tono contra el Gobierno. Especialmente contra Sumar.
Y es que el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha publicado una crítica tribuna en La Vanguardia en la que apela a proteger el bienestar de los “niños de ocho años golpeados por la vida”, como arranca contando su historia de vida. Es más, acusa veladamente a Sumar de ser responsable de no proteger a este colectivo. “Me duele más todavía que su futuro se apague entre discursos demagógicos contra las grandes empresas y los ricos. O que sea simplemente por el peaje a pagar para que Sumar siga sosteniendo un Gobierno”, termina Imaz su tribuna contra el impuesto.
Repsol ha sido una de las empresas más críticas contra el impuesto desde el primer momento. No obstante, en los últimos meses ha endurecido el mensaje contra el Gobierno a pesar de que el ministro de Industria, Jordi Hereu, participó la semana pasada en un diálogo de alto nivel en Campus Repsol en el que, con Antonio Brufau al lado, le dijo: “Quiero que Repsol siga invirtiendo en España”. Un mensaje clave tras haber amenazado Imaz, hace meses, con llevarse parte de la inversión en renovables fuera de España.
Pues bien, mientras se endurece el tono de las energéticas contra el impuesto, y la intención del Gobierno de hacerlo permanente a partir del próximo 1 de enero de 2025, Repsol ha instalado un electrolizador en su planta portuguesa de Sines mientras ha pausado las inversiones en sus plantas españolas. La multienergética lleva la voz cantante en las críticas contra el impuesto pero no es la única que ve con malos ojos el gravamen.
El sector se reúne con "todos los grupos políticos"
El resto del sector también ha dejado más que claro que no está de acuerdo con el impuesto. Y mucho menos con su permanencia a partir del próximo 1 de enero. Fuentes del sector defienden que España es ya, a día de hoy, el único país europeo en el que se mantiene este gravamen y llaman a la clase política a eliminarlo. Algunos inclusos reconocen estar manteniendo reuniones y contactos con “todos los grupos políticos” para revertir el impuesto desde hace semanas.
Y es que este miércoles 23 de octubre, en principio, terminaría el plazo para presentar enmiendas a la transposición europea que define los impuestos a las grandes multinacionales. Es decir, los grupos políticos tenían hasta este miércoles, alrededor de las 18 horas de la tarde, para incluir modificaciones o las peticiones que crean necesarias a dicha transposición. No obstante, parece que el plazo de enmiendas ha aumentado una semana más. Todo ello en medio de conversaciones entre las grandes energéticas y "todos los grupos políticos". No sorprende así que el sector reconozca estar manteniendo contactos con todos ellos, no solo con el Gobierno. ElPlural.com ha preguntado por estas reuniones al Ministerio de Hacienda, liderado por María Jesús Montero, sin tener respuesta por el momento.
Las energéticas van con todo y parecen haber pasado a la acción ya, reuniéndose con las distintas formaciones políticas a unas horas -ahora días- de que cierre el plazo para presentar enmiendas. El argumentario contra el impuesto no ha cambiado desde su entrada en vigor. Gigantes energéticos como Repsol o Cepsa siguen considerando que el impuesto es “injusto”, que está “mal diseñado” por gravar ingresos y no beneficios -de hecho, Cepsa tuvo que pagarlo el ejercicio pasado a pesar de cerrar con pérdidas- y que, además, pone en peligro la competitividad de la industria energética española frente a Europa y el resto del mundo.
Otro de los mensajes más repetidos, y especialmente dirigidos contra el Gobierno, pasa por recurrir a la transición energética “justa” y a las necesarias inversiones para cumplir con los objetivos de descarbonización. Desde el sector defienden que gravar el negocio de las empresas que están impulsando la descarbonización, no solo propia, sino también con terceros, va “en la dirección contraria”. Un mensaje directo contra el Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Ribera.
Otras mantienen la calma
Otras, como Iberdrola o Endesa, prefieren mantener la calma a la espera de conocer el papel final y el diseño del impuesto a partir del próximo 1 de enero de 2025. Y es que podría desde desaparecer hasta hacerse permanente, pasando por la opción de hacer un rediseño entre ambos extremos. Todo depende lo que haga la clase política en los próximos días, es decir, hasta que termine el plazo de enmiendas a la transposición europea. Aquí entra en juego el plano político, con fuertes diferencias entre una y otra formación, al menos públicamente.
Imaz también ha aprovechado su tribuna para pronunciarse contra algunos políticos, “aquellos que incluso en privado reconocen que esa doble imposición es un dislate”. “No se atreven a alzar la voz por temor a ser considerados defensores de los ‘ricos y de las empresas’, exponiéndose a que lancen a las masas contra ellos por ‘antisociales’”, denuncia el consejero delegado de Repsol en el crítico artículo publicado en La Vanguardia, dejando en el aire quién son esos políticos.
Por el momento, varios dirigentes políticos se han pronunciado ya sobre el impuesto, a la espera de lo que diga finalmente el papel. Yolanda Díaz, como vicepresidenta segunda y cara visible de Sumar en el Gobierno, ha asegurado que su postura sigue siendo hacer permanente el impuesto a las energéticas y a la banca. Unas palabras a las que ha respondido después, también en TVE, el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, asegurando que hay que tener “cuidado” con el impuesto porque "no es bueno matar a la gallina de los huevos de oro".
“Ahora no son impuestos, son unos gravámenes bastante irregulares" -ha asegurado Ortuzar en una entrevista a TVE minutos después de la intervención de Díaz- "Hay que tener cuidado con estas cosas, hacer cosas que sean razonables y que estén testadas porque, desde un punto de vista ideológico y desde un punto de vista de comunicación pública, está muy bien eso de que 'los ricos paguen más', 'los beneficios llegados del cielo', etc". Ante esto, ha pedido a los partidos que apoyan al Ejecutivo central que hagan "un ejercicio de realismo" y busquen "un mínimo denominador" para lograr unos PGE 2025 "adecuados a las necesidades del momento".
También el ex ministro José Luis Escrivá, gobernador del Banco de España desde hace un mes, se ha pronunciado en contra de hacer permanente el impuesto, en su caso a la banca, en una entrevista concedida a Expansión este martes. El ex ministro ha asegurado que sería “deseable” cambiar el diseño actual del impuesto y, en parte, ha reconocido que no estaría del todo bien diseñado por no descontar las provisiones de las entidades. Así las cosas, parece que el futuro del impuesto -permanente o no, con desgravaciones o no- se decidirá en los próximos días en el terreno político. Mientras tanto, las grandes energéticas estrenan este miércoles la temporada de resultados trimestrales, con las cuentas de Iberdrola ya sobre la mesa.
