BBVA se ha visto de nuevo inmersa en el caso Villarejo. Tras meses de aparente calma en la investigación, el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, ha propuesto juzgar al expresidente de la entidad, a varios ex altos cargos y también al propio banco en el caso Villarejo. Una investigación que comenzó en 2018 por la presunta relación de la entidad con Cenyt, la sociedad del excomisario José Manuel Villarejo, a quien habría contratado para realizar presuntos encargos ilegales. Seis años después, el juez ha decidido sentar en el banquillo al banco y sus ex altos cargos, entre ellos el propio Francisco González.

A día de hoy BBVA es la única empresa española que, no solo sigue investigada por su presunta relación con el excomisario Villarejo, sino que también ha sido llamada a sentarse en el banquillo por orden del juez instructor del caso, García-Castellón. Desde la entidad mantienen que “siempre han defendido y siguen defendiendo que de los hechos investigados no se deriva responsabilidad penal”. Sin embargo, la compañía está también llamada a juicio como persona jurídica. “La prioridad de BBVA siempre ha sido la plena colaboración con la Justicia en el esclarecimiento de los hechos”, defienden desde la entidad.

Este nuevo capítulo en la presunta relación de BBVA con el excomisario Villarejo tiene lugar en un momento clave para el futuro de la entidad. El banco bilbaíno, ahora con Carlos Torres al frente como presidente -ya no con FG-, está inmerso en una operación para hacerse con las acciones de Banco Sabadell, al menos con la mitad más una, por medio de una oferta pública de adquisición (opa) que desde la entidad objeto de interés califican como “hostil”. BBVA defiende que el proceso judicial relacionado con el caso Villarejo “no interfiere en nada con la opa”. Tampoco interferirían las últimas novedades. 

El banco está imputado como persona jurídica

Sin embargo, la decisión de García-Castellón de sentar en el banquillo a la entidad podría afectar a la imagen del banco a nivel reputacional. BBVA está imputada en el caso como persona jurídica, como compañía, además de algunos de sus exdirectivos como el anterior presidente, Francisco González, además de otros ex altos cargos como el que fuera director de Comunicación, Paul G. Tobin, o el ex jefe de seguridad de la compañía, Ángel Corrochano, durante la etapa en la que presuntamente se contrataron los servicios de Villarejo y Cenyt.

Fuentes jurídicas han explicado a ElPlural.com que BBVA, como persona jurídica, puede sentarse en el banquillo de la Audiencia Nacional representada por un miembro legal del equipo, como ya ha ocurrido en la investigación de los últimos años. Es decir, el actual presidente del banco, Carlos Torres, no tiene por qué declarar ante el juez como máximo representante de la entidad financiera, sino que puede delegar la representación física del banco en uno de los miembros del equipo legal del banco. Esto permitiría al presidente, y a la cúpula actual, seguir centrada en la opa sobre el Banco Sabadell, dejando las labores legales en la persona designada por el banco para representar a la entidad.

La Fiscalía Anticorrupción, como contraparte al banco, tiene ahora un plazo de diez días para presentar el papeleo necesario para arrancar el juicio. El plazo terminaría el próximo 30 de junio, apenas cinco días antes de la celebración de la junta extraordinaria de accionistas que el BBVA ha convocado en su sede social de Bilbao, el viernes 5 de julio, en la que los propietarios de sus acciones deben dar el visto bueno a la operación sobre el Sabadell. Al menos deben aprobar, o no, la ampliación de capital de la entidad para poder comprar así el 50,01% de las acciones del banco alicantino.

¿Coincidirá en el tiempo con la opa de Sabadell? 

BBVA ha convocado a sus accionistas a principios de julio para someter a votación uno de los trámites necesarios para avanzar con éxito en la opa sobre Banco Sabadell. Más allá del visto bueno a la operación por parte del Banco Central Europeo (BCE), de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) -cada uno con su correspondiente estudio en marcha- BBVA necesita del ok de sus accionistas para avanzar con su plan de futuro. Para ello, necesita aprobar una ampliación de capital que le permita después efectuar el canje por acción de 4,38 títulos del Sabadell por una acción de BBVA.

De hecho, antes de conocerse este nuevo capítulo en el caso Villarejo, la entidad estaba inmersa en un refuerzo de la comunicación y relación con sus accionistas para fomentar la participación en el encuentro extraordinario convocado en Bilbao. Al mismo tiempo también la cúpula del Banco Sabadell, con Josep Oliu y César González-Bueno como presidente y consejero delegado del banco, han hecho lo suyo, con sendos mensajes privados y públicos a empleados, accionistas y stakeholders defendiendo su modelo de negocio individual como opción de futuro. Tanto que el CEO de la entidad ha asegurado en una entrevista públicamente que “no cree que la opa salga adelante”.

La última palabra de la opa de BBVA sobre Banco Sabadell no la tiene la Audiencia Nacional. Tampoco el juez instructor del caso, Manuel García-Castellón, ni el excomisario Villarejo. Tampoco la tienen las cúpulas del banco o las firmas de analistas que recomiendan aceptar, o no, el canje de acciones que ofrece la entidad compradora. La última palabra está en manos de los accionistas del Sabadell. En su mayoría minoritarios, son los propietarios de los títulos del banco alicantino quienes deben decidir, de aquí a previsiblemente finales de año, si aceptan el canje que les ofrece BBVA o si, por el contrario, prefieren mantenerse como accionistas del Banco Sabadell y asegurar el futuro del banco como entidad individual.

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