“Los problemas con la conducta y la protección de los consumidores pueden impactar en la rentabilidad y la reputación de los bancos –vía compensaciones o sanciones- y, por ende, a su solvencia también. Los supervisores deberían continuar monitorizando el impacto en los bancos de los más recientes episodios y promover el desarrollo de un enfoque proactivo para identificar anticipadamente problemas potenciales o posibles desarrollos (de los actuales, se entiende) que impacten en los bancos”. Esta es una de las recomendaciones realizadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) al Banco de España (BdE) en una nota técnica sobre el sector realizada en Noviembre de 2017.

Vistos los acontecimientos de este año y la judicialización creciente y el impacto potencialmente multimillonario de la puesta en cuestión de aspectos claves para el negocio bancario como las claúsulas-suelo, el IRPH y, ahora, los gastos de tramitación de las hipotecas, suena casi premonitoria la recomendación emitida por los expertos del Departamento Monetario y de Mercados de Capitales del FMI en su “Nota técnica sobre la supervisión de los bancos españoles. Problemas seleccionados”.

En otro orden de cosas, y refiriéndose al cumplimiento por la banca española, en general, de las normas legales, la Nota citada va incluso un poco más allá y sugiere al BdE que “las sanciones económicas deberían ser usadas más frecuentemente, junto con otras herramientas de sanción”. En este punto, los técnicos del FMI constatan que “no se han impuesto o contemplado sanciones económicas algunas relacionadas con infracciones de las reglas prudenciales en los últimos cinco años por un reporte (informativo) incompleto o inadecuado: el procedimiento sólo se inició una sola vez y el banco cumplió la normativa inmediatamente.”

“El Banco de España conoce a través de las miles de reclamaciones que los gastos hipotecarios preocupan a los clientes. Fue advertido en noviembre de 2017 por el FMI de la necesidad de ser pro-activo en la gestión del riesgo sistémico generado por el riesgo legal derivado de suelos y gastos hipotecarios, entre los que se incluyen los impuestos”, señala Fernando Zunzunegui, profesor de Derecho Financiero de la Universidad Carlos III de Madrid.

Zunzunegui elaboró a petición del Parlamento Europeo el informe “Crédito Hipotecario-Deficiencias en los productos financieros”, donde se tocan algunos de los principales y variados problemas a los que se enfrentan los bancos españoles. Así, este experto indica en su informe que los esfuerzos del BdE están más enfocados a proteger la estabilidad de las entidades bancarias a la vista de los efectos que las malas prácticas de comercialización pudieran tener sobre sus balances y cuentas de resultados, lo que habría llevado al FMI a recomendar que los bancos “tengan que ser monitorizados para asegurar que han provisionado adecuadamente (el impacto de) los recientes casos de litigios, por ejemplo, el de las clausulas-suelo y los gastos incurridos por los consumidores al comienzo del préstamo”. Es decir, exactamente, la cuestión que afecta a la sentencia del Tribunal Supremo que este se ha visto obligado a paralizar estos días, y que podría llegar a afectar, según estimaciones, a hasta 9 millones de hipotecas, con un coste global de 30.000 millones de euros.

“Los objetivos de la estabilidad bancaria y la protección del consumidor son complementarios. Sin protección, los consumidores pierden confianza en el sistema y la pérdida de confianza en el sistema erosiona la estabilidad financiera. Las autoridades bancarias entienden las malas prácticas comerciales como un riesgo prudencial. El Banco de Inglaterra, por ejemplo, incluye los costes de las malas prácticas dentro de los riesgos prudenciales”, concluye Zunzunegui.