Podemos ha presentado una querella contra el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, Luis María Díez-Picazo por un posible delito de prevaricación judicial por su decisión de elevar al Pleno de la Sala la jurisprudencia posterior al fallo que atribuye a los bancos y no a los particulares, la obligación de hacer frente al impuesto sobre las hipotecas.
Entre las diligencias que solicita, incluye investigar qué llamadas recibió el magistrado antes y después de adoptar aquella decisión. La querella, presentada este martes ante la Sala de lo Penal del Supremo y a la que ha tenido acceso Europa Press, sostiene que Díez-Picazo ha podido incurrir en un delito de prevaricación judicial al convocar el Pleno para que se ratifique o corrija la jurisprudencia sobre el mencionado impuesto de actos jurídicos documentados, después de que una sección de esta Sala Tercera fallara el pasado jueves que es el banco quien debe abonarlo, cuando en febrero el mismo tribunal sentenció que la responsabilidad correspondía al ciudadano.
Que no se decida nada el 5 de noviembre
Pide que ese Pleno, que integran los 31 magistrados de lo Contencioso de este Tribunal, sea suspendido. Según expone, "dejar sin efectos todos los señalamientos sobre los recursos de casación pendientes con un objeto similar" y "avocar al pleno de la Sala el conocimiento de alguno de dichos recursos pendientes a n de decidir si dicho giro jurisprudencial debe ser o no confirmado", como hizo Díez-Picazo, respondió "única y exclusivamente a la enorme repercusión económica" de la sentencia para las entidades financieras, no a que fuese "necesario para la administración de justicia", como dicta la ley.
Para aclarar los motivos "espúreos" que pudieran haber llevado a Díaz-Picazo a tomar esta decisión, Podemos pide al Supremo que además de tomarle de claración y recabar todas sus resoluciones al respecto, obtenga "el listado de llamadas, e identicación de los titulares de las líneas telefónicas, recibidas por Díez-Picazo tanto a sus teléfonos particulares como a los teléfonos de su despacho en el Tribunal Supremo, entre los días 16 y 19 de octubre de 2018, ambos inclusive", fechas de la sentencia y del acuerdo posterior.
Solicita al Supremo que recabe también el acta de la reunión mantenida el 22 de octubre de 2018 entre el presidente del Tribunal Supremo y el CGPJ, Carlos Lesmes, el propio Díez-Picazo y los seis magistrados de la Sección Segunda de esta Sala Tercera que dictaron la sentencia desfavorable a la banca. "Es más que notorio que la decisión del querellado de paralizar los recursos y convocar el Pleno no se ha fundamenta en criterios estrictamente jurídicos y de justicia material, sino en una clara defensa de los intereses económicos particulares de las entidades financieras, juzgando, valorando y anticipando, desde un punto de vista totalmente parcial e interesado, el posible carácter retroactivo de la decisión y sus efectos en las cuentas de resultados de las entidades financieras", explica la querella.
En esta línea, destaca que "no hay precedentes" de que se convoque un Pleno de una Sala después de una sentencia "con la excusa de que tiene repercusión económica y social". "Claro que la sentencia tiene repercusión económica y social, pero una repercusión que ha sido favorable a los contribuyentes particulares prestatarios", apunta la organización que dirige Pablo Iglesias, para incidir en que, sin embargo, su decisión "beneficia únicamente a las entidades financieras y no al conjunto de la sociedad".
"Conflicto de intereses"
Para Podemos, que alegase esa repercusión social de la sentencia pone en evidencia su responsabilidad en este asunto, ya que nada dijo acerca de las consecuencias del caso cuando firmó en enero de 2018 el auto por el que se admitía a trámite, así como "ha tenido conocimiento" de otros casos similares, pero "nada ha hecho".
"Para este magistrado querellado no existía repercusión económica y social cuando la doctrina previa de este Tribunal Supremo desplegaba efectos favorables a las entidades bancarias, pero que sí existía cuando dichos efectos han pasado, de manera cierta, a favorecer a los consumidores y usuarios", plantea la formación.
Además, apunta la existencia de un "conflicto de intereses" que en su opinión, "ha podido conducir al Magistrado querellado a dictar la resolución de dejar sin efecto los señalamientos pendientes y avocar al pleno para conocer de ellos" y es el hecho de que impartía clase en una escuela relacionada con la Asociación de la Banca.
