El enfrentamiento entre las organizaciones medioambientales y Ecoembes se recrudece conforme se acerca la fecha clave para conocer si el sistema de reciclaje cambiará en España para siempre. Sobre la mesa unos objetivos que deben cumplirse y a cada lado un contendiente con datos que distan mucho de los que presenta el de en frente. El tercero en discordia, el Ministerio para la Transición Ecológica, funciona como auditor con Teresa Ribera todavía a los mandos, a la espera de poner rumbo hacia la Comisión Europea, cuarta pata de la mesa.
El próximo 31 de octubre, el Ministerio de Transición Ecológica publicará los datos relativos a la recogido separada de botellas de plástico de hasta tres litros y, de no cumplirse con los objetivos establecidos en la Ley de Residuos para cumplir con los reflejados en la directiva europea 2019/904, la implantación de un nuevo sistema. Desde Greenpeace y otras ONGs apuntan, sustentando sus acusaciones en varias investigaciones, a que el gigante del reciclaje falsea sus datos porque es contrario al nuevo método. Ecoembes niega en rotundo estos reproches y defiende su modelo.
La recogida de datos “responde escrupulosamente a la metodología de cálculo contemplada en la decisión de ejecución 2021/1752 de la Comisión Europea en lo referido al peso, muestreo, registro y análisis de composición de esta categoría de residuos (botellas de plástico de hasta tres litros y sus tapones), y a los datos oficiales auditados provenientes de las diferentes CCAA y de los gestores de residuos”, traslada la compañía a ElPlural. “No hay ningún margen a la cocina ni a la falsificación de datos. Toda la información está auditada, contrastada y trazada”, aseguran.
Sin embargo, desde Greenpeace apuntan al informe realizado por la consultora britán Eunomia, impulsado por entidades nacionales e internacionales, que de todas las botellas de plástico de bebidas de menos de tres litros que se ponen en el mercado en España solo el 36% se recogieron de manera separada en 2021, muy lejos del 71% que defiende Ecoembes y con el que habría cumplido los objetivos de 2023 con dos años de antelación. El responsable de dilucidar quién tiene razón es el departamento de Transición Ecológica y deberá comunicarlo el último día de este mes.
“Esto no es un debate de sistemas sino de cumplimiento de objetivos, es decir, de cumplir la ley”, apunta Ecoembes. La normativa es doble, europea y nacional, pero los objetivos comunes. Los establecidos por la directiva europea están fijados para 2025 (77% de recogida) y 2029 (90%). A su vez, España cuenta con revisiones previas en 2023 (70%) y 2027 (85%), fechas en las que de no cumplirse los objetivos se procedería a la aplicación obligatoria de SDDR para conseguir llegar a los plazos europeos y evitar las sanciones.
El no cumplimiento de las cifras fijadas para 2023 activaría la cláusula del Real Decreto de Envases y Residuos de Envases, que establece que, en el plazo de dos años, se implantarán sistema de depósito, devolución y retorno (SDDR) en todo el territorio, contrariamente a lo deseado por Ecoembes. Este sistema, que asumirán 19 países europeos de cara a 2025, consiste en el cobro de un pequeño sobrecoste al consumidor que es reembolsado al devolver el envase, que a su vez vuelve a la cadena de producción.
Este no sería el resultado deseado por el gigante del reciclaje, que no ha desarrollado este sistema voluntariamente, cuando podría haberlo hecho, y defiende a ultranza los Sistemas Colectivos de Responsabilidad ampliada del Productor (SCRAP), traducidos en los diferentes contenedores conocidos por la ciudanía. No obstante, han asegurado a este periódico no ser contrarios al SDDR. “El mejor sistema para Ecoembes siempre será el que garantice que España cumple con las metas marcadas en el Real Decreto. La única prioridad es ayudar a las empresas y a las instituciones a que España avance cada vez más rápido hacia el residuo cero”, han comunicado.
Más allá de las acusaciones cruzadas, como establece la ley, conocen las ONGs y reitera Ecoembes, “el Ministerio es el único responsable de calcular y oficializar la tasa de recogida selectiva de botellas y determinar así la situación real de España; es decir, si el país cumple o no con esas metas legales”. La expectativa crece entre las partes y, en lo que respecta al gigante del reciclaje, hasta que llegue ese momento “no se va a alimentar ninguna batalla de datos y ni de discusión estéril sobre qué sistema es mejor, que no hacen más que desviar el foco de lo realmente importante”.
