El desacuerdo sobre la tributación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) establecido dentro de la propia coalición de Gobierno, referido a si esta cuantía debe estar sujeta a IRPF a partir de los 50 euros de la última subida aprobada, se ha avivado cuando parecía alcanzar un punto de encuentro. En las últimas horas, los ministerios de Trabajo y Hacienda parecían acercarse, pero la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha confirmado que las conversaciones se han atascado a las puertas del acuerdo, lo que podría llevar a los socios a enfrentarse sus votos en el Parlamento.

A estas horas no hay acuerdo. Ojalá lo hubiese pronto, pero en este momento no lo hay”, ha lamentado la titular de la cartera de Trabajo en una entrevista concedida a la radio pública. “Tenemos una diferencia y es que nosotros creemos que una renta salarial de 16.500 euros al año debe estar exenta de tributar, como ha pasado hasta ahora”, ha desgranado Díaz, que ha reivindicado el cumplimiento del acuerdo de Gobierno firmado entre PSOE y Sumar, que establece que el SMI debe representar el 60% del salario medio neto.

“Al establecer la tributación sobre esa renta no garantizamos ese porcentaje porque el tipo marginal es del 43%, una tremenda injusticia fiscal”, ha continuado. “Le pasé una propuesta a la ministra de Hacienda a la desesperada, porque nunca me habían dicho ‘voy a vetar y ya está’, y llevamos negociando desde el martes”, ha desgranado, señalando a la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, como principal responsable de la falta de entendimiento. “Yo no me levanto de una mesa nunca”, ha garantizado Díaz, mostrando su predisposición a un acuerdo cuyo principal problema es el agotamiento del tiempo.

Derecho a veto y enfrentamiento en el Congreso

La responsable del departamento de Hacienda se ha mostrado firmemente contraria a dejar exentos de IRPF los 50 euros de subida del SMI, por los que el 20% de perceptores de la cuantía (el resto están liberados por otros motivos) pagarán 22 euros en impuestos, pese a que en todas las anteriores ocasiones se ha ajustado el mínimo exento con la ganancia de poder adquisitivo de los que menos cobran. Montero ha hecho valer su pertenencia a la parte socialista del Gobierno, la mayoritaria, y Díaz ha respondido desde el Congreso de los Diputados.

Sumar presentó semanas atrás una iniciativa en la Cámara Baja para adaptar el IRPF y que la totalidad de perceptores del SMI estuviesen libres de IRPF, apoyada por la totalidad de los partidos (PP y Podemos presentaron sus propios textos), a excepción de los socialistas. La vicepresidenta primera respondió exhibiendo su derecho a vetar el debate y la votación de estas proposiciones, mecanismo que la formación magenta podría levantar en la Mesa del Congreso si uniese sus fuerzas a las del Partido Popular (PP).

Ahora bien, después de semanas de defensa inamovible de argumentarios, las dos vicepresidentas han decidido sentarse a negociar pocos días antes de que concluya el plazo para evitar un enfrentamiento directo entre ambas formaciones. Hacienda tiene hasta este viernes para presentar el veto que impida la votación. Una jugada arriesgada que podría ser envidada por Sumar a través de un pacto con los de Alberto Núñez Feijóo que permita debatir y votar las propuestas en Pleno, lo que podría concluir con una dura derrota de la ministra de Hacienda.

¿Cuáles son las discrepancias?

PSOE y Sumar, Montero y Díaz, quieren evitar que todo el país contemple una fotografía de la desunión dentro del Gobierno, pero el tiempo para solucionar sus diferencias se acaba. Ambas ministras parecen estar de acuerdo en evitar que el 20% de perceptores del SMI que actualmente ya están tributando por los 50 euros de subida sigan haciéndolo. Sin embargo, mientras que desde Trabajo plantean un automatismo que vaya actualizando el mínimo exento de IRPF con la cuantía del SMI; Hacienda apuesta por una compensación quirúrgica, temporal y a posteriori.

La opción defendida por Montero se trasladaría en una especie de devolución, una vez tributado, a los dos de cada diez afectados que cobran el SMI. Desde Hacienda defienden que este método dañaría en menor medida a las arcas públicas que la elevación de la reducción por rendimientos de trabajo utilizada en anteriores ocasiones y, además, no impediría que en un futuro tributasen estas cuantías y las futuras subidas. Por el contrario, Díaz quiere evitar que este debate tenga que darse cada vez que se eleve el SMI y la posibilidad más que probable de que sus perceptores acaben tributando.

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