La tributación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) es el actual campo de batalla de la política española. Después de que el propio Gobierno airease un desencuentro interno, toda formación política ha aprovechado para posicionarse y la constitución de bandos ha dejado solo al Ministerio de Hacienda, quien defiende no elevar el mínimo exento de IRPF simultáneamente al ascenso del SMI. Todos contra María Jesús Montero, quien no se apea de su tesis basada en que el sueldo de los que menos cobran tiene que empezar a tributar si quiere seguir subiendo.

El SMI se encontraba en 2024 en los 1.134 euros en 12 pagas (1.323 euros) y el mínimo exento de tributar al IRPF fue elevado por Hacienda, como había sucedido en años anteriores, hasta el mismo valor. Es decir, a partir de 1.134 euros se tributaba. Actualmente se encuentra en los 1.184 euros en 14 pagas (1.381 en 12 pagas), cuantía que si estaba sujeta al impuesto de rentas en 2024, y Montero considera que este es el momento de frenar las subidas del mínimo exento de IRPF acompasadas al SMI.

Esto se traduce en que un perceptor del SMI actual no pagará IPRF por los primeros 1.134 euros que cobre, pero si lo hará por los siguientes 50 euros (el 1,6% de sus ingresos). Además, Hacienda se agarra a que, de los 2,5 millones de trabajadores con el sueldo mínimo, el 80% no estará gravado por este concepto debido a su beneficio de otras exenciones y “solo” será el 20% (medio millón de personas) el que pagará una cuantía “1.000 euros inferior” (con el mismo salario) a la que pagaba durante los anteriores gobiernos del Partido Popular (PP).

El departamento de la vicepresidenta primera defiende este camino para evitar que del SMI quede “tocado de muerte”, pues lo contrario supondría frenar sus posteriores subidas ante la posibilidad de que el Estado siga perdiendo ingresos impositivos al estar cada vez más trabajadores exentos. Sin embargo, ningún otro partido político compra esta tesis, empezando por su socio de Gobierno. Sumar, encabezado en esta contienda por la ministra de Trabajo y Economía Social y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, es el detonador del conflicto y asegura que no piensa ceder en sus pretensiones.

Las discrepancias entre las dos vicepresidentas fueron palpables este miércoles en el Congreso de los Diputados, donde se sientan una al lado de la otra. Montero tuvo que soportar seis duros intercambios durante la sesión de control al Gobierno, tras recibir cuatro preguntas del PP, una de Junts per Catalunya y otra de Podemos. La ministra de Hacienda se zafaba de los ataques ajenos, pero a su lado tenía a Díaz, quien no puedo evitar poner caras de desacuerdo mientras su compañera de Gobierno defendía un posicionamiento que ni ella ni su formación comparten.

Batalla en el Congreso

El socio minoritario de Gobierno insiste en alcanzar un acuerdo con el PSOE que evite un trámite que puede terminar con la imagen de los socialistas totalmente solos en la Cámara Baja. Los tiempos son reducidos, dado que las tres proposiciones de ley registradas, por Sumar, Podemos y el PP, ya están en marcha y la mayoría está garantizada, aunque cada partido defienda su voto desde antípodas ideológicas.

El PP y otros partidos del arco liberal se apoyan en la tesis habitual contra los impuestos y acusan al Gobierno de afán recaudatorio. Por su parte, desde Sumar y los socios habituales del Gobierno ubicados a la izquierda apuntan a la incoherencia ideológica de renunciar a esta exención mientras se ofrece un regalo fiscal del 100% del IRPF a los rentistas que alquilen alguna de sus viviendas a un precio que no supere los umbrales de la locura.

Con este contexto, Montero los mete a todos en el mismo saco y acusa a las formaciones de ir contra la “pedagogía fiscal” y establecer la premisa de que los impuestos son malos. Hacienda tiene bajo la manga la carta de veto contemplada en la Constitución contra “toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios”. El Gobierno tiene un mes para tomar esta decisión y, de no alcanzarse un acuerdo, Hacienda ha deslizado que hará uso de este mecanismo.

No obstante, este veto podría ser levantado en la Mesa del Congreso, donde el PP y Sumar podrían unir fuerzas y mantener la tramitación de las iniciativas. Si esto sucediera y finalmente saliese aprobada la propuesta, al Ejecutivo no le quedaría otra que cumplir con el mandato parlamentario, lo que supondría un duro golpe para el ala socialista de la coalición.