El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha amenazado públicamente a las petroleras y gasistas con la creación de nuevos impuestos que graven sus ganancias extraordinarias –“excedentes” en palabras del líder de la gran potencial mundial-, una copia del impuesto a los beneficios extraordinarios a las empresas energéticas anunciado por Pedro Sánchez y su Gobierno de coalición. Biden se ha pronunciado en las últimas horas sobre los beneficios de estas compañías tras el impacto de la invasión rusa de Ucrania y ha lanzado un primer aviso a las petroleras y gasistas.

Biden considera que estas empresas se están lucrando con la guerra de Ucrania, obteniendo ganancias extraordinarias y, en cambio, sin intentar bajar los precios de los carburantes en el país norteamericano. Acompañado por la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, y la secretaria de Energía, Jennifer Granholm, Biden ha acusado a estas empresas de contar con una “ganancia inesperada” por el impacto de la guerra de Ucrania en los precios energéticos. Unas ganancias extraordinarias que, según el presidente de Estados Unidos, están recompensando con sus accionistas pero no con los consumidores.

"Es hora de que estas empresas dejen de especular con la guerra y cumplan con sus responsabilidades en este país", ha reclamado Biden desde la Casa Blanca. Así, ha lanzado un primer aviso a las compañías a que reduzcan, por sí mismas, los precios de los carburantes y de las materias primas energéticas, para ayudar a los consumidores. Pero, tras este primer aviso, va una clara amenaza: "Si no lo hacen, pagarán un impuesto más alto sobre sus ganancias excedentes y se enfrentarán a otras restricciones”.

“Un impuesto más alto sobre sus ganancias excedentes” con el que Joe Biden quiere imitar una de las medidas del Gobierno de Sánchez para frenar el impacto de la guerra de Ucrania en los precios energéticos: el impuesto temporal a las ganancias extraordinarias de las empresas energéticas. Un impuesto con el que el Ejecutivo pretende recaudar un total de 4.000 millones de euros entre 2023 y 2024, el periodo de aplicación previsto por el momento.

Biden y Sánchez coinciden en la crítica: "Empresas o individuos que se aprovechan de la crisis"

"Será un impuesto excepcional a grandes empresas energéticas que estará en vigor en 2023 y 2024, afectará a los beneficios extraordinarios obtenidos por los grupos dominantes en el sector gasista y petrolero", anunciaba el presidente del Gobierno el pasado 12 de julio en el Debate sobre el Estado de la Nación. En sus declaraciones, Sánchez también dejo entrever la existencia de “empresas o individuos que se aprovechan de la crisis a expensas de la mayoría”.

La única diferencia entre el posible impuesto de Biden y el gravamen extraordinario a las energéticas anunciado por Sánchez pasaría, por el momento, por las compañías que se verían afectadas por ello. Mientras el impuesto español gravaría al sector en general -incluyendo eléctricas, gasistas y petroleras-, Biden ha amenazado solo a las petroleras y gasistas, dejando fuera a las compañías dedicadas al negocio de la electricidad.

El impuesto extraordinario a las energéticas se encuentra actualmente en trámite parlamentario. El Partido Popular ha dejado la puerta abierta a la aprobación de la medida si Sánchez “rectifica” ciertos aspectos del gravamen para adecuarlo a la propuesta europea y elimina el impuesto extraordinario a la banca, tal y como declaró la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, el pasado 15 de septiembre.

No obstante, la ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha recalcado en varias ocasiones que el impuesto extraordinario a las energéticas diseñado por el Gobierno de coalición va en línea de lo recomendado por la Unión Europea. Es más, asegura que el impuesto europeo, aprobado después del anuncio de Sánchez en el Debate sobre el Estado de la Nación, sigue la dirección marcada por el Ejecutivo español “desde hace mucho tiempo”. Prueba de esta imitación es también el tope al gas que debate Europa para todo el continente, después de probar la eficacia de la excepción ibérica en España y Portugal.

“Ahora nuestros compañeros de Hacienda y el parlamento irán viendo la mejor manera de encajar cuestiones que tienen que estar amoldadas al sistema fiscal de cada país”, avanzaba Ribera sobre la coexistencia de los dos impuestos. La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha matizado también que ''a lo largo de la tramitación, si hay que adaptarlo se adaptará y si no se adaptará cuando se adopte el modelo europeo''.