Philip Lane, el economista jefe del Banco Central Europeo (BCE) ha comparecido este miércoles en Dublín donde se ha mostrado partidario de continuar subiendo los tipos de interés en el caso de que persista el escenario de referencia que maneja el organismo. Una nueva subida, la que prevé el BCE que amenazará aún más la presión sobre el mercado hipotecario.

No obstante, el propio Lane ha admitido que se hayan a la espera de la próxima encuesta sobre préstamos bancarios y condiciones de financiación empresarial, que evalúa el impacto de las turbulencias financieras provocadas a raíz de la quiebra del Silicon Valley Bank (SVB), antes de tomar una decisión.

"Si persiste el escenario de referencia subyacente a las proyecciones macroeconómicas elaboradas por los expertos del BCE de marzo, será apropiado elevar aún más las tasas", ha indicado el economista jefe del banco comunitario.

El experto ha defendido la importancia del endurecimiento de la política monetaria de la eurozona. Una subida del precio del dinero que, en palabras del economista, garantiza que la inflación vuelva de nuevo a la senda del 2% marcada por la UE. Un porcentaje que asegura que las expectativas de inflación a largo plazo permanezcan seguras y reduzcan las presiones sobre precios y costes a través de la subsecuente reducción de la demanda. Un alza de tipos que, si bien contribuye a doblegar la curva de la inflación, tiene un efecto colateral, el aumento de los precios hipotecarios.

Con respecto a la reducción de la demanda, que viene aparejada con el aumento del precio del dinero, Lane ha subrayado que los tipos de interés suponen un canal importante a la hora de lograr reducir el consumo y por ende el aumento de los costes de financiación de bancos y empresas. El economista del banco comunitario afirma que los aumentos excesivos de precios y salarios "no serán sostenibles".

Por otra parte, el experto ha advertido que espera que el endurecimiento de las condiciones financieras y los estándares crediticios más estrictos pesen más en la inversión residencial y comercial en los próximos trimestres, ya que los bancos habían informado de mayores restricciones antes incluso de la reciente incertidumbre financiera.

De este modo, en el medio plazo, se prevé que la inversión en inmuebles comerciales se vea particularmente afectada por las condiciones crediticias más estrictas, mientras que la fuerte desaceleración proyectada en los precios de la vivienda reducirá la inversión residencial.

A este respecto, el irlandés ha subrayado que la encuesta de préstamos bancarios de abril "será un aporte importante" de cara a la reunión del Consejo de Gobierno del BCE del mes de mayo y ayudará a evaluar los efectos indirectos de lo sucedido en Estados Unidos y Suiza en la oferta y la demanda de crédito en la zona del euro.

Las subidas de tipos, las hipotecas y el Código de Buenas Prácticas

El mismo día que el banco comunitario ha advertido sobre una nueva posible subida de tipos, el Banco de España ha presentado el Informe de Estabilidad Financiera de Primavera del que se desprende que, a pesar del éxito de la medida, más de 549.000 hogares podrían acogerse al Código de Buenas Prácticas aprobado el pasado mes de noviembre para, precisamente, aliviar el impacto de las subidas de tipos en las familias hipotecadas y en riesgo de vulnerabilidad.

De esta manera, el Banco de España señala que la reforma del Código de Buenas Prácticas amplía los criterios por los que un deudor hipotecario podrá acogerse a las diferentes medidas contempladas. Además, teniendo en cuenta una subida del tipo de interés de referencia de los préstamos hipotecarios de 400 puntos básicos (similar a la observada desde el inicio de 2022 hasta ahora) habría unos 549.000 hogares que podrían acogerse al mecanismo temporal que representa el nuevo Código de Buenas Prácticas.

"Esta cifra supone unos 404.000 hogares más de los que habrían podido adherirse a la versión original del Código de Buenas Prácticas de 2012", esclarece el informe del Banco de España.

El capital pendiente de amortizar de estos hogares elegibles por el nuevo Código sería de unos 46.900 millones de euros, unos 37.700 millones de euros más que con las condiciones originales del anterior Código de Buenas Prácticas.

Además, existirían casi 218.000 hogares que podrían acogerse al mecanismo "más estructural" del código de 2012 en su versión reformada en noviembre de 2022, 73.000 hogares más de los que habrían podido acogerse al texto anterior. El capital pendiente de amortizar de estos hogares sería de unos 17.900 millones de euros, unos 4.800 millones de euros más.

En su informe, el Banco de España señala que los hogares elegibles dentro del Código de Buenas Prácticas de 2012 reformado también lo serán, de forma general, dentro del nuevo Código de Buenas Prácticas de 2022 de carácter temporal, pudiendo optar entre uno y otro, por lo que pide no sumar el número de hogares elegibles en estas dos modalidades, así como su capital pendiente.

No todos los hogares podrán acogerse

Por otro lado, el supervisor también ha indicado durante la presentación del informe que resultaría predecible que no todos los hogares que lo soliciten puedan adherirse a dicho Código de Buenas Prácticas.

Así con todo, el Banco de España ha dividido en dos los posibles escenarios en los que se podría obtener un porcentaje de solicitudes de adhesión válidas, pero advierte que, en todo caso, suponen cifras "sensiblemente inferiores" a las de los hogares que pueden adherirse.

Por un lado, el primer escenario resulta "más representativo de las consecuencias de una crisis profunda" y se proyecta a partir de los dos años consecutivos (2015 y 2016) en los que se observó un mayor número de adhesiones efectivas al código de buenas prácticas de 2012.

Teniendo en cuenta igualmente una subida de 400 puntos básicos del tipo de referencia, el mecanismo temporal en el nuevo código de 2022 alcanzaría a unos 193.000 hogares, con un capital pendiente de amortizar de 16.400 millones de euros, mientras que el mecanismo más estructural del código de 2012 reformado beneficiaría a unos 76.000 hogares, con una deuda pendiente de amortizar de 6.300 millones de euros.

Por otro lado, la institución financiera contempla que el porcentaje de solicitudes de adhesión efectivas el de los dos años con un menor número de adhesiones efectivas (entre 2019 y 2020), por lo que el nuevo código beneficiaría a unos 26.000 hogares, con un capital pendiente de amortizar de 2.200 millones de euros, mientras que el código de 2012 reformado afectaría a unos 10.000 hogares con un capital pendiente de amortizar de unos ocho millones de euros.

El Código de Buenas Prácticas amortigua los efectos de la crisis

Durante la presentación del informe, el Banco de España afirma que la aplicación del código de 2012 muestra que estas medidas tienen un papel "particularmente relevante" como mecanismo de absorción de las consecuencias de crisis. Sin embargo, tiene una función más limitada en situaciones normales.

Además, prevé que la implementación del Real Decreto-ley 19/2022 tenga un efecto positivo "muy moderado" a corto plazo en el consumo y en el nivel de actividad del PIB, ya que el estímulo estaría "acotado por el número limitado de hipotecados elegibles.

No obstante, el Banco de España también señala el como la suspensión temporal de comisiones de amortización permitirían reducir la deuda de los hipotecados. Lo que también ha puesto en valor la institución ha sido la conversión de operaciones de tipo variable a tipo fijo que limitaría esa sensibilidad a futuras subidas de tipos de interés como la que se ha previsto para mayo.

En cuanto al impacto que las medidas puedan tener en la banca, señala que las extensiones de plazo y carencias pueden ayudar a prevenir o a gestionar y corregir una evolución más desfavorable de la calidad crediticia, limitando los costes por cobertura de las entidades bancarias.

Pese a todo ello, el Banco de España señala que para extraer los máximos beneficios de las medidas aprobadas en 2022 y limitar los costes tanto a hogares como a los bancos, es importante una "correcta implementación" de estas, incluyendo un ámbito de aplicación temporal "adecuado" y la focalización de las medidas en segmentos financieros vulnerables.