El jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, ¿irá “pa’ alante”? La respuesta a esta pregunta -acuñando el término del que hace gala el responsable de prensa de la presidenta de la Comunidad de Madrid-, la tiene ahora mismo el Tribunal Supremo.
En concreto, el Alto Tribunal es el responsable de decidir en estos momentos cuáles son los siguientes pasos que tiene que dar la persona que se encuentra detrás de las estrategias de la lideresa popular.
De forma más detallada, el Tribunal Supremo tiene sobre la mesa varias peticiones para que la causa contra el fiscal general, Álvaro García Ortiz, vaya a más y analice detenidamente qué papel jugó MAR en las publicaciones de los emails de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid a la hora de difundir los correos electrónicos en los que se demuestra que la pareja de la lideresa regional reconoció los delitos y pidió indemnizaciones que casi superan el montante del fraude fiscal.
Tra la orden de que los investigadores requisaran siete meses de mensajes e emails en todos los móviles, tablets y ordenadores del fiscal general y la fiscal provincial de Madrid, el juez Ángel Hurtado ha pedido a la Guardia Civil que, una vez que se haya requisado todo el material, analice solo el que guarde relación con la causa y está relacionado durante unos pocos días de marzo, cuando supuestamente se filtró la información.
El fiscal general y la fiscal Pilar Rodríguez -mejor dicho, la Abogacía del Estado como órgano- han denunciado por escrito que en la documentación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) se ha duplicado información sensible que “puede comprometer la seguridad del Estado”. De hecho, algunas fuentes apuntan a que hay material especialmente sensible entre el incautado.
La fecha en la que el Ministerio Público dio un golpe sobre la mesa empezó por precisamente por la gestión que el juez Hurtado hiciera del secreto sumarial. En aquel día -el de la apertura de diligencias- pidió a García Ortiz que designara un abogado, puso la causa bajo secreto de sumario y ordenó los registros, notificando solamente la parte dispositiva del auto; más en concreto la lista de cosas que la Benemérita tenía que llevarse.
García Ortiz recurrió el auto a ciegas dado que no conocía los argumentos, mientras que el resto de las partes sí que han podido consultarlo de manera íntegra para hacer sus propias alegaciones. El mismo lunes de esta semana el juez levantó el secreto que pesaba sobre la dicha resolución pudiéndose esta consultar de manera pública en la web del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desde primera hora de la mañana. A pesar de los tiempos, al fiscal general no se le notificó hasta el mediodía.
Entre otras de las cuestiones que García Ortiz ha dirigido al juez se encuentran las explicaciones de las diligencias actuales, apuntalando que no recogen la realidad de lo que ocurrió el pasado 13 de marzo, jornada en la que se le acusa de haber filtrado los correos. La evidencia parece estar ahí, y es que un medio de comunicación publicó los mensajes antes de que él recibiera el material al mail personal. En esas horas, fue MAR quien difundió parte de los mails a varios periodistas de medios de comunicación, provocando así una cascada de publicaciones de lo mismo de manera íntegra.
Con los últimos datos, lo que pide el fiscal general es que lleve la investigación hasta el final o, lo que es lo mismo, hasta el entorno de la pareja de la presidenta y de la propia Ayudo dado que, no solo no son anteriores a su intervención, sino que citaba fuentes cercanas a la defensa del empresario. A fin de cuentas, la conclusión a la que deberá llegar le magistrado es si el primero que reveló las informaciones fue el entorno de González Amador, aunque fuera para favorecer la idea de la opinión pública hacia él.
