Tarjeta amarilla al Gobierno de Carlos Mazón. La Inspección de Trabajo ha advertido a la Generalitat Valenciana al no haber avisado de manera adecuada y masiva a sus trabajadores para no acudir a sus puestos de trabajo durante el paso de la segunda DANA del 14 de noviembre. En aquella jornada, la AEMET activó la alerta roja por fuertes lluvias, mientras la Comunitat Valenciana aún estaba en nivel 2 de Emergencia por la primera DANA del 29 de octubre. Según eldiario.es, el inspector que firma la amonestación sostiene que el Ejecutivo regional puso en “riesgo grave e inminente” a los funcionarios que acudieron a sus respectivos puestos de la administración autonómica en todos los municipios afectados.
Contraria a la decisión del 29 de octubre, el Govern sí que suspendió las clases, las actividades deportivas y el cierre de los centros de día en las zonas afectadas para el 13 de noviembre. En el informe de la Inspección de Trabajo se subraya que ese mismo día se recibió “por toda la población residente en las zonas afectadas por la alerta roja entre una y dos alertas de Protección Civil”, concretamente del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana, a través del sistema de Es-Alert, el cual no se activó hasta las 20:11 horas en la DANA de finales de octubre y que pudo salvar decenas de vidas.
Según publica eldiario.es, en el escrito de advertencia se precisa que la Dirección General de Función Pública, en aquellas fechas bajo el mando de la consejera de Hacienda, no colgó en su web el aviso para que se redujera al máximo el movimiento de los empleados hasta el día 13 de noviembre a las 22:23. No había ni rastro de la alerta. Ni tan siquiera un correo electrónico al que aferrarse, porque es precisamente eso a lo que apela la Inspección de Trabajo.
El inspector esgrime que pese a la unidad inspeccionada deja patente en su correo que la circular se publicó en la web de la Conselleria de Hacienda, Economía y Administración Pública, se desconoce por completo la fecha en la que dicha circular se puso en conocimiento de sus destinatarios. No obstante, “la inacción de la unidad inspeccionada, que no reacciona hasta las 22:23:26 del día 13 de noviembre de 2024, provocó que las personas destinatarias no conocieran tal medida. No obstante, en virtud del marco legal, es la Administración autonómica la que debe responsabilizarse adoptando un “comportamiento proactivo y no reactivo como ocurrió”, debido a su condición de “empleadora”.
Alertas tardías
Por ello, se expone que la redacción de la nota en la hora indicada y sin recibir ápice alguno de la publicidad exigible o, como mínimo, con la antelación exigible, puso a empleados y empleadas públicos en la situación de “riesgo grave e inminente” en virtud del artículo 21 de la LPRL, relacionado con el artículo 41 del Real Decreto-Ley 7/2024, de 11 de noviembre, habida cuenta de que la alerta roja se declaró a las 18:16 del día 13 y que se recibió por toda la población residente en las zonas afectadas entre una y dos alertas por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat.
El primero de los avisos se emitió por 163 poblaciones diferentes, pero el segundo se redujo a tan solo una veintena de núcleos municipales que ya fueron castigados por la DANA del 29 de octubre. Se informaba de que permanecer en zonas alta atendiendo a la “vulnerabilidad de la zona y la acumulación de agua prevista. Además, se rogaba a los valencianos a no desplazarse al centro de trabajo. Por tanto, en su requerimiento, el inspector que encabeza las pesquisas remata que hubo “concurrencia de riesgo”, calificado legalmente como “grave e inminente”. El inspector propuso arreglar “las irregularidades” que se realizara un protocolo.
Justicia responde a Trabajo
Según destacan desde la Conselleria de Justicia, que actualmente tiene las competencias en Función Pública, en su proceso de recopilación de información de todas las empresas para revisar las comunicaciones a los empleados durante las alertas causadas por la DANA, solicitó que se elaborara un protocolo en Función Pública para proporcionar directrices en caso de alertas rojas.
En este contexto, las mismas fuentes indican que la Dirección General de Función Pública, que recientemente depende de la Consellera de Justicia, ha creado un protocolo con medidas claras y coordinadas, en colaboración con los sindicatos e Invassat, para poder ofrecer instrucciones a los empleados públicos con la mayor antelación posible. Este Protocolo de Actuación en caso de Emergencias Exteriores para el personal de la Administración de la Generalitat ya está disponible y puede ser consultado.
Además, se destaca que desde el principio, los sindicatos han expresado su agradecimiento por el trabajo de Función Pública, subrayando su proactividad y rapidez para garantizar la salud y seguridad de los trabajadores en un momento tan crítico como el ocasionado por la DANA.
