El pasado domingo, el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, publicaba una campaña para blanquear su gestión de la DANA que arrasó Valencia el pasado 29 de octubre. En ella se mostraba orgulloso, haciendo un acto de "entrega de llaves" de las viviendas públicas donde se aloja a los afectados. Un acto que, no solo está en contra de la ley de publicidad institucional, sino que contrasta con la verdadera política de Mazón en materia de vivienda. Para más inri, el vídeo que Mazón compartió en redes sociales como TikTok, está grabado en el edificio de vivienda pública de Sociópolis, una construcción que, durante dos décadas, ha sido un símbolo de "la ruina de la política de vivienda del PP".
El president no tiene ningún reparo en elegir como escenario de su campaña uno de los mejores ejemplos de cómo afecta a los territorios la política de especulación inmobiliaria del PP. Además, la campaña de Mazón "se apropia de las actuaciones del Botànic", como declaraba María José Salvador, diputada del PSPV, a ElPlural.com. Y es que fue en 2017, bajo el mandato de Ximo Puig, cuando se consideró retomar las obras del bloque de Sociópolis. La construcción está situada en La Torre, una pedanía de la ciudad de Valencia, y desde 2012 languidecía como "un esqueleto que nos dejó el PP", explica Salvador, quien precisamente era la consellera de Vivienda durante el primer Botànic.
El proyecto del condenado Blasco que terminó el Botànic
El 'megaproyecto' inmobiliario de Sociópolis fue impulsado en 2005, con Francisco Camps al frente del Ejecutivo regional. Más de 2.000 viviendas de protección oficial formarían esta torre, que promovió la consellería de Vivienda, entonces dirigida por Rafael Blasco. Se aprobó su construcción a través del desaparecido Instituto Valenciano de la Vivienda, a través del que Blasco adjudicó un contrato a la empresa que construyó su chalé para construir casi 200 VPO en Sociópolis, por valor de 33 millones de euros. En 2015, Blasco fue condenado a seis años y medio de prisión por malversación de fondos públicos por el 'caso Cooperación', en el que se apropió de dinero destinado a causas humanitarias.
Las obras de Sociópolis levantaron una torre de hormigón que, durante más de una década, ha coronado el cielo de Valencia como un símbolo de la crisis inmobliaria. Y es que en 2011, el presupuesto requerido para finalizar las obras ascendía a 18,3 millones de euros, algo inasumible para una Generalitat muy mermada por la crisis. De esta manera, se paralizó su construcción con tan solo el 35% del edificio completado. Este "esqueleto" permaneció inmóvil en La Torre hasta 2017, cuando la consellería de Salvador retomó las obras. En 2022 se anunció el proyecto 'Habita La Torre', en la que se lanzaron los primeros 184 alquileres públicos, de los que el 40% serían para jóvenes.
Durante la primera legislatura del Botànic se urbanizó el terreno, y fue en la segunda cuando Rubén Martínez Dalmau primero, y Héctor Illueca después -los dos sucesores de Sálvador al frente de Vivienda-, iniciaron las actuaciones para retomar las obras, que terminaron este 2024. La adjudicación de los primeros alquileres públicos de Sociópolis quedó en suspenso tras la DANA, cuando el Consell, ya en manos del PP, aprobó que los vecinos de l'Horta Sud afectados se alojen en la torre principal. Allí Mazón ha iniciado su particular campaña para blanquear su imagen, y tratar de "aparentar que aquí no hay ni 223 muertos, ni 3 desaparecidos, ni ha pasado nada", denuncia Salvador, en una maniobra "absolutamente miserable".
Las lecciones no aprendidas por Mazón tras la DANA
La exconsellera lamenta que Mazón trate de colgarse medallas, especialmente tras su política de vivienda "en las antípodas" de las lecciones que se tendrían que haber aprendido tras la DANA. Y es que el pasado 10 de diciembre, el Consell aprobó un decreto de regulación de vivienda pública, que revirtió la ley de función social de la vivienda de 2017 de Salvador. Esta ley contemplaba, precisamente, medidas que anteponían el interés general en situaciones como la DANA, para garantizar el acceso a la vivienda protegida, además de revertir la calificación permanente de esta, dando luz verde a la especulación.
La historia de Sociópolis es también un buen recordatorio de lo que pueden conllevar las políticas de especulación inmobiliaria. Una lección que conviene traer al presente, porque la Historia parece ser cíclica. Y es que la ley de simplificación administrativa de Mazón va en contra de lo que se aprendió el 29 de octubre, día en el que el PP impuso su aprobación en Les Corts, poniendo en peligro a los trabajadores de la Cámara. Esta ley abre la puerta a que se construyan zonas residenciales y hoteles en zonas inundables sin el requerimiento de un informe de riesgo de la consellería, lo que supondría poner en peligro a cerca de 600.000 personas.
