La catástrofe de la DANA, que arrasó la provincia de Valencia y costó 223 vidas humanas, no fue motivo suficiente para que el Ejecutivo de la Comunidad Valenciana, presidida por Carlos Mazón, se echase atrás en su plan para liberalizar la construcción de hoteles. Tal era la prisa del PP por aprobar la ley de simplificación administrativa, que el mismo día que las inundaciones se llevaron por delante miles de construcciones, mantuvieron la comisión de Justicia para aprobarla, poniendo en peligro a los trabajadores de Les Corts. Para más inri, esta ley permite, entre otras cosas, construir hoteles a 200 metros de la costa y en zonas potencialmente inundables sin necesidad de presentar un informe favorable.

Mientras la reconstrucción de las zonas afectadas por la DANA continúa siendo una quimera para los miles de afectados, la Generalitat sigue adelante con el plan que seguirá "poniendo en peligro a la gente", como argumenta Vicent Marzà, diputado de Compromís en el Parlamento Europeo. Desde el partido acusan a Mazón de "querer utilizar las ayudas europeas de la DANA para continuar especulando con nuestro territorio a costa del sufrimiento del pueblo valenciano". El peligro de las construcciones en zonas inundables ha sido un punto de debate desde aquel 29 de octubre, algo que Mazón parece ignorar con su ley, que consiguió aprobar apenas unas semanas después.

Sobre esto también ha hablado Marzà en su declaración ante la Eurocámara: "No podemos utilizar estos fondos para hacer estas estructuras que siguen poniendo en peligro a las personas". El de Compromís denuncia que la normalidad sigue estando muy lejos de las vidas de las personas que viven en la zona cero de la catástrofe: "Hace 50 días y todavía hoy quedan 400 viviendas, no aisladas, sino fincas de apartamentos que tienen lodo en sus garajes, poniendo en dificultad sus estructuras, poniendo en peligro a las personas que viven encima".

La ley de Mazón para construir en zonas inundables pondría en peligro a 600.000 personas

No se queda ahí, pues mientras el Consell atiende a otros asuntos, "hay más de 130.000 personas que han perdido su coche, que antes les costaba 30 minutos llegar a su trabajo, y que ahora les cuesta más de tres horas". La vida de los valencianos continúa estando condicionada por el barro, que aún copa las calles de decenas de municipios. Es por ello por lo que Marzà lanza una petición al Ejecutivo de Mazón: "Lo que nos piden las personas afectadas es que los fondos lleguen rápido y que se utilicen para reconstruir mejor y que esto no vuelva a pasar".

Y es que el día de la DANA quedó patente que el riesgo de construir en zonas inundables es real, y puede costar vidas humanas. La ley de simplificación de Mazón abre la puerta a que se construyan zonas residenciales y hoteles en zonas que supondrían un peligro para cerca de 600.000 personas, algo que denuncia José Muñoz, síndic del PSPV en Les Corts, y que recoge La Sexta: "El PP siempre prioriza el negocio inmobiliario frente a las vidas humanas". La obligación de solicitar un informe de riesgo aprobado por la consellería de Medio Ambiente, queda eliminada en la nueva ley. En su intento de agilizar la construcción, el PP "está eliminando la responsabilidad de un departamento entero", como denuncia Lorena Silvent, alcaldesa de Catarroja.

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