Se van conociendo más detalles sobre la inacción del Gobierno de la Comunidad Valenciana, que preside Carlos Mazón, el martes 29 de octubre, día en que la DANA arrasó la provincia de Valencia y costó 222 vidas humanas. Aquel día, a pesar de los reiterados avisos de lo que iba a ocurrir, la actividad continuó en Les Corts Valencianes, y había una razón para ello. La urgencia del PP por aprobar su ley de simplificación les llevó, además de ignorar una propuesta para mejorar las condiciones de los trabajadores del 112 en la Comunidad Valenciana, a mantener la actividad parlamentaria, o al menos la que consideraban conveniente, poniendo así en peligro a los trabajadores de Les Corts.
El proyecto de ley de simplificación administrativa permite, entre otras cosas, modificar otras leyes para permitir que se construyan hoteles a 200 metros de la costa, algo que el PP de Mazón pactó con Vox y aprobaron apenas dos semanas después de la DANA. El martes 29 de octubre por la mañana, cuando ya había alerta roja por inundaciones, estaba convocada la comisión de Justicia en la que se aprobaron las enmiendas y el dictamen de esta ley. Ramón Abad, diputado del PSPV y concejal en el ayuntamiento de Elche, cuenta a ElPlural.com cómo, a pesar de los avisos y de que otras comisiones previstas en los días previos sí se habían cancelado, el PP no tenía intención de cambiar sus planes.
Otras dos comisiones se cancelaron antes del 29 de octubre, pero no la de Justicia
El domingo 27, dos días antes, a tenor de la alerta roja que existía en la provincia de Castellón, la presidenta de la comisión de Industria, de Compromís, canceló la reunión prevista para el día siguiente. Algo "razonable", según Abad, y que adquirió más sentido cuando el lunes 28 se canceló también la comisión de Medio Ambiente que estaba programada para el mismo día de la DANA por la mañana, al mismo tiempo que la de Justicia. Para más inri, la presidenta de esta comisión era María Gómez, del Partido Popular, quien proviene de la comarca alicantina de la Vega Baja, y cinco años antes había experimentado las consecuencias de una DANA en primera persona. Es por ello por lo que decidió cancelar la actividad, para evitar que se desplazara a las Corts todo el personal requerido para la comisión.
Ramón Abad, quien se había desplazado desde Elche aquella mañana en coche, se puso en contacto con la mesa de la comisión de Justicia, de mayoría de PP y Vox y de la que él mismo era miembro. El diputado cuenta que preguntó a la mesa por qué no se suspendía la comisión, como se había hecho con la de Medio Ambiente el mismo día y la de Industria el día anterior. La respuesta que recibió por teléfono delata las verdaderas intenciones de PP y Vox y la urgencia por tramitar aquella ley: "Si no recibo un informe de que va a caer la mundial, no se suspende". La situación, dice Abad, era "rocambolesca", pues la presidencia de la mesa argumentó que "no había motivo aparente" para cancelar la comisión.
La "paradoja" del PP: reanudó la comisión de Medio Ambiente que ellos mismos habían cancelado
El informe que decía que "iba a caer la mundial" que buscaba el PP de Mazón "ya existía", y era la alerta roja de la AEMET, además de la acción de varias instituciones que sí vieron razón para cancelar su actividad, incluida la comisión de Medio Ambiente que ellos mismos presidían. Abad trasladó esta respuesta al Grupo Socialista de Les Corts, quienes se pusieron en contacto con la mesa del Parlamento regional. Ante el argumento de que, si se cancelaba una comisión, se debían cancelar todas, la presidencia de la cámara tomó una decisión que el diputado cataloga como "una paradoja": Se celebrarían las dos comisiones.
De esta manera, además de mantenerse la comisión de Justicia, que dio comienzo a las 10:00 horas de la mañana, se reanudó la de Medio Ambiente, cancelada previamente por su presidenta, del PP. En ella estaba programada una comparecencia ordinaria de Francisco Javier Sendra Mengual, secretario autonómico de Medio Ambiente. El grupo parlamentario de Abad trató de convocar de urgencia a la mesa para detener la situación, pero esta no dio lugar a debate y se mantuvo firme en su decisión.
El riesgo al que se expuso a los trabajadores de Les Corts el día de la DANA
El diputado explica que, para que se celebren las comisiones, "no solo son los diputados los que se tienen que trasladar". Para que la actividad parlamentaria continúe se tienen que desplazar "personal de imagen y sonido, ujieres, servicios técnicos, y más para ese día que se aprobaba un proyecto de ley de envergadura". Eso sí, aquel 29 de octubre, en las comisiones no era necesario que estuviera presente ningún miembro del Consell de Mazón -a excepción del secretario autonómico de Medio Ambiente-, tan solo miembros de los grupos parlamentarios.
Abad lamenta la actitud de los miembros del partido del Ejecutivo regional: "Lo macabro de todo esto es que haya tenido que ocurrir una DANA para realmente ver las intenciones que ellos llevaban". Y es que, para ellos, el plan del Consell estaba claro. El 29 se aprobarían las enmiendas y el dictamen de la ley de simplificación, que "iba de la mano" con los presupuestos de la Generalitat que se aprobarían los dos días siguientes en el pleno de Les Corts. De hecho aquella mañana, mientras comenzaba a llegar información de municipios inundados, Mazón tuvo varias reuniones para abordar los presupuestos.
La comisión de Justicia dio comienzo, como estaba previsto, a las 10:00 horas. En el transcurso, mientras PP y Vox aprobaban su ley para construir hoteles, Abad cuenta que estaban pendientes de la información que ya empezaba a llegar desde Utiel, que daba a entender que la DANA sería peor de lo previsto. Al terminar la comisión, alrededor de las 12:45 horas, los diputados cambiaron su rutina: en lugar de reunirse en las dependencias del grupo parlamentario para descansar y quedarse en Les Corts a comer, decidieron volver directamente a casa, una decisión que Abad atribuye "al destino". De camino a Elche, alrededor de las 13:30 horas, el diputado se encontró "con la A-7 cortada a la altura de l'Alcúdia". En ese momento, tanto él como su acompañante, una diputada del PSPV que vivía en Los Montesinos, en la Vega Baja, y que había estado en la comisión de Medio Ambiente, entendieron el riesgo al que se les había expuesto para que la actividad no parase en el Parlamento.