Una de las muchas cosas que falló el día que la DANA arrasó la provincia de Valencia, el pasado 29 de octubre, fue el primer eslabón de la tarea de salvar vidas: el servicio telefónico de emergencias. El aluvión de llamadas al 112 de personas desesperadas que estaban con el agua al cuello, se dio de bruces contra un sistema colapsado, y unos trabajadores que no pudieron atender correctamente las llamadas debido a los problemas técnicos a los que, por desgracia, están acostumbrados.

La Generalitat Valenciana, que preside Carlos Mazón, tiene este servicio subcontratado con la empresa Ilunion Emergencias, y sus trabajadores denuncian las condiciones en las que se ven obligados a desempeñar su imprescindible función. Sueldos congelados, bajas por estrés y falta de personal son algunas de las trabas que se encuentran unos operadores que, además, están bajo el convenio colectivo del telemarketing, que no contempla las condiciones especiales de su labor. Un mes antes de la trágica DANA, el PSPV registró en las Corts Valencianes una proposición no de ley para tramitar de urgencia la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores del 112, una iniciativa que, a día de hoy, no ha sido debatida.

Así era la propuesta que el PP ignoró sobre las condiciones del 112

La propuesta de los socialistas los socialistas gira en torno a dos cuestiones: que los trabajadores del servicio del 112 sean contratados por la Generalitat y no se subcontrate, así como que se les ampare bajo un convenio específico, y no el del telemarketing como ocurre en la actualidad. Entre los motivos expuestos en la PNL se expone que, en periodos críticos como el estival, los trabajadores de emergencias atienden hasta 11.000 llamadas diarias, una labor que explica el enorme grado de bajas laborales por estrés y ansiedad. Desde el PSPV, denuncian que los trabajadores están "desbordados", y piden a Mazón "que dignifique las condiciones laborales de la plantilla", como declara a ElPlural.com Alicia Andújar, portavoz de Justicia de los socialistas.

La PNL se debía debatir en la comisión de Justicia del día 11 de septiembre, un mes y dos semanas antes del punto más crítico en la central del 112 de Valencia. De hecho, el mismo 29 de octubre por la mañana PP y Vox cancelaron la comisión que había prevista aquel día para que compareciera en su lugar Cayetano García, secretario autonómico de Presidencia. De esta manera, el Ejecutivo le dió la vía urgente a la tramitación de la ley de simplificación administrativa, un proyecto que ha permitido modificar 29 leyes más para, entre otras cosas, permitir la construcción de hoteles a 200 metros de la costa.

El PP consiguió aprobar la ley de simplificación en el Pleno de las Corts del pasado 14 de noviembre, apenas dos semanas después de la DANA. La propuesta de esta iniciativa, sin embargo, venía de lejos, concretamente de julio. Con la marcha de Vox del Gobierno autonómico, la oposición consiguió apoyos suficientes para tumbar que esta ley se aprobase por Decreto. En su lugar, el PP tuvo que ir por la vía del proyecto de ley. Bajo el amparo de esa ley, los populares pretendían fijar la distancia mínima para construcciones a 100 metros de la costa. Incluso Vox declaró que no permitiría el "urbanismo salvaje" que eso suponía, pero han terminado cediendo y pactando una enmienda con el PP, que fija esta distancia en 200 metros.

Mazón dejó a los trabajadores del 112 fuera de los homenajes de Campanar: "Son invisibles"

Los socialistas denuncian que, para el Ejecutivo de Mazón, los gestores de llamadas del 112 "son invisibles". Además de tener estancada la mejora de sus condiciones y de los constantes recortes a todo lo que tiene que ver con las emergencias, que tuvo como consecuencia directa la tragedia de la DANA, el Consell "ni siquiera fue capaz de reconocer su labor el pasado 9 de octubre, cuando concedió la Distinción de la Generalitat a todos los servicios de emergencias, seguridad y protección civil que participaron en el incendio de Campanar, excepto a los gestores de llamadas del 112", como explica Alicia Andújar.

Mientras daba prioridad al "urbanismo salvaje", la iniciativa parlamentaria de los socialistas buscaba dignificar a unos trabajadores que enfrentan unas condiciones críticas: "Cada trabajador gestiona de 150 a 200 llamadas en su turno de trabajo. Llamadas que deben responderse en un tiempo máximo de espera de 10 segundos". El día de la DANA, cuando más hacía falta que el primer eslabón de la respuesta a la emergencia funcionara a la perfección, "la situación se desbordó, llegando por la tarde a más de 10 minutos de espera. Muchos ciudadanos no llegaron a contactar".

A la ineficacia del sistema en su tarde más crítica, de la cual llevaban meses advirtiendo sus trabajadores, se suman las condiciones laborales de los trabajadores. El hecho de que este servicio se encuentre subcontratado ha provocado la precariedad que denuncian los operadores. María, una de ellas que se encuentra por baja por estrés desde agosto, declaraba a este medio: "Cada vez que el 112 sale a concurso, se ha aumentado la cantidad de dinero ofertada. Sin embargo los gestores tenemos el sueldo congelado desde hace siete años". Desde la delegación sindical, gestionada por UGT, apuntan a que desde 2018, las condiciones que rigen este trabajo, impuestas por la Generalitat, no han previsto "incremento salarial alguno", salvo un pequeño plus de nocturnidad. Dado que el pliego está previsto hasta 2027, esto implica que la plantilla del 112 en Valencia cumplirá nueve años sin subida de sueldo, por parte del Ejecutivo regional.

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