La gestión del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso sobre las residencias de mayores durante los peores momentos de la pandemia de coronavirus continúa evidenciando los graves fallos que declinaron en tragedia. Un reciente estudio realizado por sindicatos en Madrid revela que la falta de personal en estos centros colocó -y sigue colocando- a los usuarios y a sus respectivos cuidadores en una "situación crítica". El informe, realizado por Comisiones Obreras (CCOO) de Madrid, UGT Madrid, además de la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en Residencias (Pladigmare) evidencia que, de las 55.308 plazas para dependientes en la región, sólo 6.430 son públicas y 13.693 de gestión privada con financiación pública; el restante, de ámbito privado.
Según las ratios de personal aportados por el Ejecutivo de la Puerta del Sol, pese a la “falta de transparencia” que denuncian los sindicatos y correspondientes federaciones, debería de haber 8.820 empleados para atender las 20.123 plazas (tanto las públicas como las de financiación pública). “Personal absolutamente insuficiente para prestar una atención con un mínimo de calidad y dignidad”, condenan.
Del estudio, también emana que, a juicio de los firmantes, para atender estas más de 20.000 plazas públicas deberían trabajar, al menos, 15.773 empleados, una cifra que dobla prácticamente la ratio actual. “La dejadez de la Comunidad de Madrid es tal que es conocedora de que en las residencias privadas se están aplicando las ratios establecidas en 1990. Para las públicas es un poco superior, pero muy insuficiente también”.
La consiguiente falta de personal se traduce en una sobrecarga “excesiva” de trabajo para las plantillas activas y, por ende, “situaciones inadmisibles en los cuidados para las personas mayores”, ejemplo de ello, úlceras por presión, infecciones de orina, deshidratación o desnutrición (aún más en estas fechas con las olas de calor en verano) o erosiones y trastornos provocados por el uso abusivo de sujeciones mecánicas para sustituir la ausencia de atención humana.
Cabe remarcar que, en cuanto a la tipología de las plazas para las residencias de mayores, la mayoría son derivadas por el propio Gobierno de Ayuso a la empresa privada. Un hecho que desde los sindicatos condenan por traducirse en “la inobservancia y vigilancia de un servicio tan sensible” por parte del Ejecutivo autonómico que no hace más que empeorar la calidad del servicio.
Por ello, los datos son claros: en la Comunidad de Madrid, el 88,38% de las residencias son gestionadas por entidades privadas; mientras, tan sólo el 11,62% restante es por la vía pública. Un escenario que se traslada a la realidad de sus trabajadores, quienes “se enfrentan a condiciones laborales difíciles, los salarios son muy bajos, inestabilidad laboral y mucha enfermedad física y psíquica”.
A este marco, se suma que, tomando de referencia la valoración de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, son las auxiliares de enfermerías y las gerocultoras los colectivos que sufren los datos de mayor siniestralidad laboral en España. Es en la Comunidad de Madrid, según las organizaciones del documento, donde “no es posible desligar la siniestralidad laboral de la falta de personal suficiente para atender a las personas mayores y dependientes”.
En esencia, y recogiendo todo lo expuesto del informe, se manifiesta una propuesta cuantitativa y cualitativa de ratios de personal por categorías para las residencias de mayores en Madrid para que se garantice los recursos humanos mínimos y tiempos de atención acorde con las tareas.
El informe que el Gobierno de Ayuso desoyó
Fue a mediados del pasado mes de mayo cuando se dio a conocer que el Gobierno de Díaz Ayuso hizo caso omiso del informe que ya alertaba del drama en las residencias de mayores con el impacto de la primera ola de la pandemia, en marzo de 2020. El documento en cuestión fue enviado a la Consejería de Sanidad aportando un paquete de medidas efectivas y de carácter urgente para frenar los contagios que no se llevó a cabo.
La residencia Monte Hermoso alertó del primer brote de coronavirus a través de un email a la Consejería madrileña, dando cuenta de que fallecieron “16 ancianos en 72 horas” el día 15 de marzo. Al día siguiente esta cifra se elevó a 19, una situación que tildó de "gravedad". En total fallecieron en la Comunidad de Madrid 9.470 mayores, de los cuales 7.291 no fueron trasladados a hospitales, como pasó precisamente en el citado centro.
En cuanto a la situación que entonces enfrentaron los trabajadores de los centros geriátricos de la región, todo se resumió en una “fuerte sensación de abandono”: “Los profesionales están trabajando horas excesivas y se sienten absolutamente desprotegidos y abandonados”, recogió el documento.
