PSOE-M y Más Madrid han pedido de manera formal conocer las conexiones del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, con Javier Luis Gómez Fidalgo, el empresario leonés que alquila la pareja de la presidenta al ático de lujo del que la pareja disfruta justo encima del piso del millón de euros de Chamberí.
Cabe recordar que la vivienda, que se sitúa en uno de los distritos más pudientes de la capital, ha sido también protagonista por las obras ilegales que se llevaron a cabo en ella y que han abierto fuego a discreción entre desde la izquierda a la oposición y dentro del PP -entre Ayuso y Almeida- por posible revelación de secretos.
Siguiendo con el documento que han elevado los partidos de la oposición madrileña, al que ha tenido acceso ElPlural.com, pide que “se libre oficio a la Agencia Tributaria para que informe sobre la relación comercial económica o financiera” de varias compañías, entre las que se encuentra Babia Capital.
El empresario propietario de la ampresa adquirió el ático que se ubica encima del piso en el que convive la pareja y que fue adquirido por González Amador. La gestión se realizó en fechas muy cercanas a la que Ayuso y su pareja se mudaron, mientras que el novio de la líderesa regional obtuvo el inmueble en julio del año anterior.
Babia Capital se constituye en 2019 y lo hace con un capital social de 6.000 euros. Su importe neto de la cifra de negocios en los últimos años fue de 271.291 euros al cierre de 2021 y de 91.107 en diciembre de 2022. En lo que respecta a Fidalgo, éste es administrador único de Babia desde mayo de ese año, pues hasta entonces, en la información que fue capaz de recabar ElPlural.com aparecía como administrados único junto a Jorge Carlos Pablos Alonso.
El escrito redactado por los partidos de izquierdas de la Comunidad de Madrid se enumeran cientos de empresas relacionadas con el engranaje comercial de González Amador, indicios de la Agencia Tributaria e informaciones de prensa que dejan clara la necesidad de una “suspensión de las declaraciones previstas para el 24 de junio”.
En este maremágnum de nombres, las 54 páginas en las que se condensan los motivos por los que las formaciones pidieron que la declaración del novio de Ayuso se aplazara aparecen otros revelados también por este periódico. Entre ellos se encuentra el de Gloria Carrasco Fernández, propietaria al 100% de una propiedad que funciona como delegación de la empresa de González. Se trata de Mastermann & Whitaker, compañía principal de la trama que está siendo investigada en los juzgados de Instrucción de Madrid. Se localiza en un local comercial y un piso céntrico de más de 200 metros cuadrados que en 2010 fue tasado en un valor de 408.540 euros.
Por otro lado, Carrasco es farmacéutica y fue condecorada con la Medalla de Oro por la Organización Farmacéutica Colegial en diciembre de 2013 durante un acto celebrado en Madrid y al que acudió la que fuera ministra de Sanidad con el PP, Ana Mato.
El documento pide la declaración tanto de Carrasco como de Gómez Fidalgo y requiere a Babia Capital la “aportación de documentación contable, financiera y contractual”, así como los correos electrónicos cruzados con Alberto González, los “registros de la propiedad de los inmuebles a su nombres” y sus “vínculos por escrito” con Mastermann.
Ampliación del número de delitos
Las acusaciones populares han solicitado la ampliación del número de delitos imputados a González Amador, añadiendo cinco nuevas presuntas infracciones a la lista inicial. Estos son los cinco nuevos delitos por los que se investiga al novio de Ayuso:
1. Dos delitos de Administración Desleal: se acusa a González Amador de haber gestionado de manera desleal los recursos de las empresas con las que tenía relaciones comerciales, perjudicando los intereses de las mismas en beneficio propio.
2. Delito de falsedad contable: se le imputa la manipulación de los registros contables para ocultar las operaciones reales de la empresa y evitar la detección de irregularidades fiscales.
3. Delito de corrupción en los negocios: Se investiga su presunta implicación en prácticas corruptas dentro de sus actividades empresariales, posiblemente involucrando sobornos o pagos indebidos para obtener ventajas comerciales.
4. Delito contable: Este se refiere a la alteración de documentos contables para disfrazar la verdadera situación financiera de la empresa, afectando así la veracidad de las declaraciones fiscales.
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