Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, llegaba este lunes a los juzgados de Plaza de Castilla pensando que sería el último día que tendría que soportar de investigación por fraude fiscal. Una semana antes, el empresario había alcanzado un acuerdo con Fiscalía y con Abogacía del Estado para evitar su entrada en prisión.
Sin embargo, estas voluntades se vieron truncadas después de que PSOE y Más Madrid, haciendo uso de su condición como acusación popular, solicitasen al juzgado que se cancelase la declaración, se aplazase la instrucción y se investigasen cinco delitos más. Ambas formaciones asumían estos postulados después de numerosos “indicios” de delito que requerían de una mayor calma para su estudio y análisis. Finalmente, esta petición fue aceptada y el juicio sigue adelante.
No obstante, la culpabilidad de González Amador queda probada con su intento de pacto con la Fiscalía y su asunción de culpabilidad. De hecho, la letra pequeña del acuerdo marca perfectamente el grado de seriedad de los delitos reconocidos por la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. González Amador aceptaba ocho meses de cárcel -insuficientes para su entrada en prisión al no contar con antecedentes- y el pago de 491.000 euros.
Los nuevos delitos
Para ser más precisos, las acusaciones populares han solicitado la ampliación del número de delitos imputados a González Amador, añadiendo cinco nuevas presuntas infracciones a la lista inicial. Estos son los cinco nuevos delitos por los que se investiga al novio de Ayuso:
1. Dos delitos de Administración Desleal: Se acusa a González Amador de haber gestionado de manera desleal los recursos de las empresas con las que tenía relaciones comerciales, perjudicando los intereses de las mismas en beneficio propio.
2. Delito de falsedad contable: Se le imputa la manipulación de los registros contables para ocultar las operaciones reales de la empresa y evitar la detección de irregularidades fiscales.
3. Delito de corrupción en los negocios: Se investiga su presunta implicación en prácticas corruptas dentro de sus actividades empresariales, posiblemente involucrando sobornos o pagos indebidos para obtener ventajas comerciales.
4. Delito contable: Este se refiere a la alteración de documentos contables para disfrazar la verdadera situación financiera de la empresa, afectando así la veracidad de las declaraciones fiscales.
