El novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, comparece este lunes en los juzgados de Plaza de Castilla como investigado por sus presuntos delitos -dos- de fraude fiscal y un tercero de falsedad documental.
La pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid estaría negociando en la actualidad un acuerdo con la Abogacía del Estado con la finalidad de evitar su ingreso en prisión. Fue la Fiscalía la que lo llevó ante los tribunales después de que Hacienda detectara el fraude.
Cabe destacar que también con este organismo, el pasado 2 de febrero, su abogado envió un correo electrónico en el que reconocía “íntegramente” que su cliente había cometido dos delitos fiscales en los peores años de pandemia (2020 y 2021). En consecuencia, de producirse un hipotético pacto con la Fiscalía, sería la segunda vez que el compañero sentimental de la líder regional reconoce haber engañado a la Agencia Tributaria.
Se trata de la segunda vez que el comisionista acude a la sede judicial después de que la primera comparecencia, el pasado 20 de mayo, se suspendiera por un error informático. Aquel día permaneció escondido en las instalaciones y se puso una peluca con la intención de despistar a los periodistas. En otro orden de cosas, la investigación se produce en paralelo a otra causa en la que se presenta como víctima de revelación de secretos por parte asimismo de la Fiscalía.
Los delitos por los que se le investiga discurren entre 2020 y 2021 y tiene que ver con las actuaciones relativas al Impuesto de Sociedades correspondientes a los ejercicios de esos años y el hecho de haber aportado unas facturas que no se corresponden con los servicios realmente prestados y que habría aportado con el objetivo de minorar la cuota tributaria a satisfacer.
La jueza, en el auto de apertura de diligencias, razonaba que supuestamente y “como consecuencia de estas conductas defraudatorias, el contribuyente ha dejado de ingresar a la Hacienda Pública estatal por el Impuesto de Sociedades de 2020 una cuota de 155.000 euros y por el Impuesto de Sociedades de 2021, una cuota de 195.951 euros”.
Esgrimía que dichas conductas están tipificadas con "delitos penados en el artículo 305.1 del Código Penal en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil, del artículo 392.1 en relación con el artículo 390 del Código Penal".
La pareja de Ayuso declarará mientras el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Francisco José Goyena tramita la querella que interpuso contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal Julián Salto, por un delito de revelación de secretos en relación a la nota difundida por la Fiscalía de Madrid en la que aclaraba el cruce de correos entre el abogado de Alberto González y el fiscal del caso.
Qué dice el informe de la Agencia Tributaria
la Fiscalía investigó los hechos a raíz de un informe de la Agencia Tributaria que advertía de un presunto fraude fiscal al detectarse durante una investigación "unos gastos ficticios basados en facturas emitidas por diversas sociedades".
"Gastos que no se corresponden con servicios realmente prestados y todo ello con la finalidad de ingresar en el erario público menor cantidad de la que le correspondía abonar por el Impuesto de Sociedades de los Ejercicios 2020 y 2021", recoge la denuncia del fiscal.
El pasado 22 de enero, la Fiscalía recibió de la Agencia Tributaria un informe referido a la entidad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente del que se deduce "determinados datos e indicios sobre hechos relativos al Impuesto Sobre Sociedades correspondiente a los ejercicios del año 2020 y 2021 que pudieran resultar constitutivos de delito".
El informe hablaba de dos delitos contra la Hacienda Pública al resultar "un fraude tributario cuantificado por la Inspección de Hacienda en cuantía superior a 120.000 euros y de un presunto delito de falsedad en documento mercantil al haberse aportado unas facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados y aportadas con la finalidad de minorar la cuota tributaria a satisfacer".
Diligencias de investigación
la Fiscalía acordó el pasado 23 de enero abrir diligencias de investigación, lo que derivó en la presentación de la denuncia en los juzgados de instrucción de Madrid.
Según el fiscal, la dirección de la sociedad en el periodo comprobado corría a cargo de un administrador único Alberto G. A., pareja de la presidenta regional. Por parte de la Agencia Tributaria se iniciaron actuaciones de comprobación el día 12 de mayo de 2022.
