El Partido Popular ha cedido a la petición de Vox en el Ayuntamiento de Burgos para retirar de los presupuestos municipales de 2025 las partidas económicas destinadas a ayudar a aquellas Organizaciones No Gubernamentales que asisten a migrantes en el municipio, a las que se ha apoyado este año con 119.000 euros. Los 'populares' son socios de gobierno de Vox y necesitan su apoyo para aprobar las cuentas del nuevo curso.
La portavoz del equipo de Gobierno, Andrea Ballesteros (PP), ha explicado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local que lo único que recogerá el presupuesto de 2025 será una partida para cumplir con el pago pendiente de este año, del que resta el 30%. Esta decisión afectará a organizaciones como ACCEM, Burgos Acoge y Atalaya Intercultural, que verán eliminada su ayuda para seguir operando.
"Fue una petición de Vox en la negociación de los presupuestos y el PP no está de acuerdo, porque esas ONG hacen una muy buena labor, pero este es un gobierno de coalición y seguramente el presupuesto que presentamos no es el ideal ni para el PP ni para Vox", ha justificado Ballesteros, reconociendo que los 'populares' se han plegado ante las exigencias anti-inmigración de la ultraderecha.
Ballesteros ha continuado la defensa del acuerdo asegurando que el borrador de presupuestos es fruto de "una negociación, no un chantaje ni una amenaza", y ha asegurado que el PP ha negociado pero que no ha exigido nada en particular. La portavoz tampoco ha querido pronunciarse sobre el hecho de que la ayuda a Cáritas sí se haya mantenido a pesar de que también va destinada a la acogida y ayuda a inmigrantes, y se ha limitado a que exijan explicaciones a los ediles de Vox. Por otra parte, también ha destacado que en el borrador presupuestario, se mantienen en la misma cantidad que este año las ayudas a la cooperación internacional, que ya en su momento hubo que reducir a la mitad también por petición de Vox, quedando en menos de 500.000 euros anuales.
La Policía Local, para buscar inmigrantes ilegales
Otra de las rocambolescas demandas de Vox en el municipio vino en junio de este año de la mano de su vicealcalde, Fernando Martínez-Acítores. Presentó una iniciativa por la que se iban a realizar "inspecciones periódicas, visitas domiciliarias y controles de identidad" con el objetivo de detectar "posibles casos de empadronamiento ilegal". El concejal de Seguridad Ciudadana, Ignacio Peña, aseguró que no contaban con esta clase de datos y que la propuesta recibió el visto bueno del PP.
En ese momento, los representantes de Vox apuntaban, sin justificarlo con datos de ninguna clase, que "los motivos para empadronarse son para recibir ayudas, intentar regularizar situación, fraude electoral... hay varias causas todas relacionadas con casos de inmigración ilegal". Sin embargo, la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, desautorizó entonces a Vox y sentenció que las órdenes a la Policía solo las daba ella. Esta idea terminó defenestrada por el Ministerio de Migraciones, considerándola una "intromisión" en materias competentes a la Policía Nacional y que estaba basada en "pretextos y objetivos xenófobos".
Apoyo a las ONG, pero "sin sustituir a los Ayuntamientos en sus competencias"
Tras el acuerdo entre populares y ultraderechistas para retirar la financiación a las ONG, el portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo (PP), ha expresado que seguirán apoyando a las organizaciones, pero sin que éstas "sustituyan a los Ayuntamientos" en sus competencias. Carriedo no ha valorado el acuerdo a valorar el acuerdo y ha señalado que "no pueden tener una opinión sobre lo que se acuerde en cada uno de los 2.248 municipios que hay en Castilla y León".
"Desde el Gobierno autonómico, continuaremos atendiendo las necesidades de todas las personas, especialmente los más vulnerables, donde el papel de las ONG es esencial", ha rematado.
